Sanidad ‘copia’ la subasta andaluza para comprar fármacos más baratos

El Ministerio de Sanidad prevé presentar la próxima semana a las comunidades autónomas un sistema de selección de precios de medicamentos similar a la subasta de fármacos que implantó en 2012 Andalucía y que el Gobierno central ha recurrido reiteradamente al Tribunal Constitucional. La medida está contemplada dentro del borrador de un real decreto en el que el ministerio está trabajando desde hace casi tres años y que establece cambios en la financiación de los medicamentos.

La subasta de fármacos que Andalucía puso en marcha en 2012 ha sido una de las principales fuentes de conflicto institucional y político entre el Gobierno y la Junta. La medida funciona en Andalucía desde hace tres años pero con la amenaza permanente de que sea suspendida por vía judicial, ya que el Gobierno ha recurrido tres de las cinco subastas convocadas. Pero por ahora, la subasta sigue funcionando y el Gobierno de Susana Díaz ahorra con ella alrededor de 150 millones de euros al año.

Por eso el Ejecutivo andaluz se apresuró ayer a mostrar su “sorpresa” por la intención del Gobierno central de extender las convocatorias públicas de fármacos a toda España. La medida está recogida en el borrador del Real Decreto de Precios y Financiación de Medicamentos y Productos Sanitarios que el Ministerio de Sanidad prevé llevar el próximo miércoles al Consejo Interterritorial (el foro en el que ministerio y comunidades toman decisiones clave de sistema nacional de salud).

El decreto se refiere a la subasta nacional como “precios seleccionados”, pero el sistema, según fuentes consultadas, es similar al modelo implantado en Andalucía: adjudicar por convocatoria pública la venta en farmacias de determinados grupos de fármacos sujetos a financiación pública. Con esta fórmula, cuando un paciente acude a una farmacia con una receta por principio activo (por ejemplo, paracetamol), el boticario no le entrega cualquier genérico, sino el del laboratorio que haya resultado adjudicatario en la subasta.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad aseguró que la intención no es generalizar las subastas como ha hecho Andalucía sino reservarlas solo para casos “muy excepcionales”. El borrador del decreto concreta los supuestos en los que se podría activar la selección de fármacos: cuando concurran riesgo de desabastecimiento, situaciones de emergencia epidemiológica, desigualdades de acceso a medicamentos, inestabilidad de la oferta, necesidad de homogeneizar la oferta o razones económicas, pero algunas de estas circunstancias tienen un importante componente subjetivo y, en la práctica, el Gobierno podría activarla cuando quisiera, según fuentes del sector.

 El decreto no recoge el ahorro que prevé el Gobierno con esta medida. El PSOE sí hizo un cálculo en plena polémica por la subasta andaluza y aseguró en el Congreso que si el Ejecutivo extendiera a toda España esta fórmula podría ahorrar 1.500 millones al año. El PP lo rechazó con el argumento de que ya había puesto en marcha otras políticas de recorte del gasto farmacéutico igual o más rentables.

Invasión de competencias

El principal reproche del Gobierno central y del PP a la convocatoria andaluza ha sido siempre la invasión de competencias, ya que el Ejecutivo sostiene que la potestad para fijar el precio de los fármacos es estatal. Este conflicto de competencias es el que tiene pendiente dirimir el Constitucional, aunque en las ocasiones en las que ya se ha pronunciado sobre el asunto lo ha hecho siempre a favor de la Junta (para levantar la suspensión cautelar que se decreta sobre una norma autonómica cuando el Gobierno la recurre) y ha advertido al Gobierno de que las comunidades tienen derecho a buscar sus propias fórmulas de ahorro del gasto farmacéutico.

Pero el Ejecutivo y el PP han criticado también el propio modelo de la subasta, al considerar que aumenta el riesgo de desabastecimiento (al adjudicar toda la producción a una o varias empresas). Los populares han cuestionado incluso la seguridad y la calidad de algunos de los fármacos fabricados por los laboratorios adjudicatarios, después de que varias de las grandes empresas de la industria renunciaran a presentarse a la subasta andaluza debido a las presiones recibidas por parte del Gobierno, que llegó a sancionar a laboratorios que concurrieron a las convocatorias.