Andalucía convocará en enero la primera subasta de fármacos

Ahorrar sin que se resienta la calidad del sistema. Es el círculo que pretende cuadrar la Consejería de Salud andaluza. Y, dentro de esta estrategia, se encuadra la subasta de medicamentos que el departamento de María Jesús Montero barruntaba desde hacía meses y que pretende poner en marcha en un mes.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto ley de Medidas Urgentes en Farmacia, que permitirá a la Administración autónoma sacar a concurso público los principios activos más comunes. El objetivo es que, gracias a la competencia que se pretende establecer entre las compañías farmacéuticas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) consiga adelgazar la millonaria factura de los medicamentos. Según informó ayer Montero, el ahorro anual previsto con la puesta en marcha de esta medida estará entre los 40 y los 200 millones de euros.

La consejera también anunció que la primera convocatoria de concurso público se realizará en enero. Y será para un periodo de dos años. La medida nace con el rechazo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Esta organización ya anunció en verano su intención de recurrir ante los tribunales la norma que regula la subasta de fármacos. Para esta primera convocatoria de concurso público se han elegido tres de los "subgrupos terapéuticos" que más se consumen en la comunidad: los protectores gástricos (que suponen un gasto anual en Andalucía de 97,5 millones de euros), las estatinas (empleadas para reducir el colesterol y que implican un coste anual de 91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos y, en consecuencia, para reducir el riesgo de infartos (47 millones).

El decreto tendrá que ser ratificado ahora por el Parlamento andaluz. Sin embargo, Montero afirmó que, paralelamente, se hará la tramitación necesaria para que en enero se pueda abrir ese primer concurso público.

La idea de la consejería es poder extenderlo a otros principios activos. El requisito que se debe cumplir para que se ponga en marcha un concurso público es que varios laboratorios ofrezcan un mismo principio a precios por debajo de los fijados por el Ministerio de Sanidad. Hasta este momento, cuando un médico recetaba un principio activo, en la farmacia le podían dar al paciente cualquier marca que costase lo mismo o menos que el precio fijado por el Gobierno central. Lo que se pretende ahora es que siempre que se recete un principio activo la farmacia dispense la marca que haya ganado el concurso público. Según la interpretación de la consejería, con este método se logrará una "mayor eficiencia económica", ya que "la adquisición de 190 millones de envases de medicamentos al año para ocho millones de usuarios conllevará bonificaciones por parte de la industria farmacéutica que repercutirán en la sostenibilidad del sistema sanitario".

Esta norma sale adelante con las dudas del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con el que Salud llevaba negociando desde julio. Sin embargo, como reconoció ayer Montero, los farmacéuticos no han apoyado finalmente este decreto ley. Por lo tanto, no se descarta que esta organización acuda a los tribunales para intentar frenar las subastas de medicamentos, como ya anunció este verano. Pese a las reticencias de los farmacéuticos, la consejera sostuvo que la medida no afectará a "los márgenes de beneficio" de las boticas, que seguirán siendo los mismos que ahora.

Montero recordó ayer que cerca del 22% del gasto sanitario andaluz se emplea en este momento en pagar la factura farmacéutica. En su opinión, la subasta de medicamentos es una buena "medida de ahorro" que no repercute en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Además, los facultativos podrán seguir recetando marcas concretas de medicamentos siempre que lo consideren necesario.

El decreto ley aprobado hoy también servirá para poner en marcha la factura informativa en las farmacias. De esta manera, los farmacéuticos deberán entregar el ticket de cada medicamento a los pacientes.

Por último, en la norma se incluye la creación de un fondo especial para reactivar las farmacias rurales. El objetivo es que el 10% de lo que se ahorre con las subastas se destine a este tipo de dispensarios.