España se une al impulso de la ONU a una descarbonización más ambiciosa

Pese al batacazo de su partido en Andalucía y al bajo número de jefes de Gobierno que tenía previsto acudir a la ceremonia de apertura de la cumbre del clima de la ciudad polaca de Katowice (la COP24), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido mantener este lunes su participación en el acto oficial de inicio de esta cita. Esta reunión contra el calentamiento global, que se organiza bajo el paraguas de la ONU y que durará hasta el 14 de diciembre, debe servir para desarrollar la letra pequeña del Acuerdo de París, cuyo objetivo es que el calentamiento global se mantenga en unos límites manejables (un incremento a final de siglo de 1,5 a dos grados respecto a los niveles preindustriales).

Sánchez —de la mano de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera— ha intentado desde el primer momento de su mandato tomar la bandera de la lucha contra el cambio climático. De ahí que el presidente decidiera mantener su participación en la ceremonia de apertura de este lunes, donde ha manifestado que España se adhiere a un doble compromiso: por un lado, intentar impulsar una mayor ambición, como pide la ONU, en la reducción mundial de gases de efecto invernadero. Por otro, apoyar a los damnificados por la desaparición de las industrias más emisoras, con especial atención a las cuencas mineras. Sánchez ha avanzado que presentará en breve al Congreso su ley de cambio climático, una norma pendiente desde que en 2011 el Parlamento se la reclamó al Ejecutivo.

Como prueba de ese mayor compromiso español, Sánchez ha reiterado los nuevos objetivos de reducción de emisiones que incluirá su ley. Se trata de unas metas más ambiciosas que las sostenidas antes de la presentación de ese texto. Para 2030, el país reducirá un 37% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles actuales. Con ese primer paso, la caída será prácticamente total —del 90%— en 2050. "El momento es ahora. España tiene clara su elección: actuar por una transición inaplazable", ha concluído. El presidente también ha reiterado la voluntad de España de destinar 900 millones de euros anuales a partir de 2020 para las políticas internacionales contra el cambio climático.

"¿Estamos cumpliendo con las metas marcadas? La respuesta es no. Estamos lejos de cubrir los objetivos de clima fijados en 2015", ha reconocido Sánchez. Los objetivos del Acuerdo de París, que se cerró hace tres años en la capital francesa, parecen ahora inalcanzables debido a la poca ambición de los países para recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y uno de los argumentos que algunos Estados exponen para no incrementar los esfuerzos es el impacto en algunos territorios, especialmente en la actividad y el empleo de las cuencas mineras. "Soy consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y colectivos más expuestos. La respuesta es clara: una transición ecológica justa".

En ese contexto, Sánchez se ha referido al plan de acompañamiento para esos afectados directos que prepara su gabinete, aunque evitó dar detalles. El presidente ha anunciado que España se adhiere a la declaración de Silesia, uno de los compromisos que saldrán de esta cumbre a iniciativa directa de Polonia, el país más afectado por esta transición. Ese texto recoge la voluntad de amortiguar las consecuencias negativas en los sectores afectados. En concreto, menciona la importancia de potenciar la "creación de trabajo decente y empleos de calidad" en las zonas afectadas por la descarbonización, que implica el cierre de minas y centrales.

"Esta declaración supone un antes y un después", opina Joaquín Nieto, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España. "El Acuerdo de París ya incluía referencias a la transición justa, pero había que articularlo y que los Gobiernos lo asumieran", señala Nieto. En esa declaración se establece el compromiso de seguir las recomendaciones sobre transición climática elaboradas por la OIT.

Calendario

Tatiana Nuño, de Greenpeace, se muestra más cautelosa que Nieto. "Es una buena declaración de intenciones", apunta, "pero hace falta que vaya acompañada de un calendario de cierre de las centrales térmicas para garantizar que exista una transición justa". Nuño, además, recuerda que la declaración parte de Polonia, un país poco ambicioso en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que estima que en 2030 todavía el 60% de su electricidad se generará con carbón. El interés de Polonia en esas referencias a la transición justa es fácil de comprender: con más de 110.000 trabajadores en el sector del carbón, este país acumula casi la mitad de los empleos relacionados con este combustible de toda Europa, según un informe del Joint Research Centre (JRC), órgano científico asesor de la Comisión Europea.

La situación de España no tiene nada que ver con la de Polonia, al menos, en la dimensión del problema. España cuenta ahora con 15 centrales que queman carbón, que emiten el 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país. Pero la mitad de esas plantas está previsto que cierren en un plazo de dos años. Las restantes están pendientes de que el Ejecutivo presente su plan de energía y clima este mes para conocer si se fija una fecha concreta en las que se les obligue al cierre.

Pese a que aún hay 15 centrales, la mayoría del carbón que queman —el 86% en 2017— es importado. Esto se debe, entre otras cosas, a que la gran reconversión del sector ya se produjo en España y ahora apenas quedan 2.000 trabajadores en el régimen especial de la minería del carbón. Además, casi todas las minas que aún sobreviven está previsto que cierren en 2019 por no poder operar sin ayudas públicas.

Pese a esa condena segura del sector, el Gobierno, como recuerda Sánchez, se ha comprometido a tener un plan de transición justa para las comarcas afectadas. El pasado octubre el Ejecutivo firmó con los sindicatos y la patronal un acuerdo que contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores afectados, además de un fondo de 250 millones para intentar reactivas las comarcas afectadas.

La idea del Gobierno es articular esa transición a través de estrategias de transición a elaborar cada cinco años. En esos planes se deberán identificar los colectivos y territorios potencialmente vulnerables entre la descarbonización de la economía. Y una de las herramientas que se utilizarán serán los llamados "contratos de transición justa" para las zonas en las que haya cierres de instalaciones o reconversiones.