La nueva ley de protección de datos alarma a los expertos

Los mismos grupos parlamentarios que consideran que los datos personales son “el maná de este siglo” y una mercancía codiciada “por quienes quieren invadir la intimidad para manipularla” han respaldado una ley que permite a los partidos recopilar datos personales sobre opiniones políticas en el marco de sus actividades electorales para elaborar perfiles ideológicos. Esta opción ha desatado la alarma. Unidos Podemos ha anunciado que recurrirá al Constitucional y la Comisión Europea vigilará con lupa la norma para evitar que vulnere el reglamento comunitario sobre privacidad.

 Con la información personal sobre un inmenso abanico de opiniones políticas obtenida en páginas web y otras fuentes de acceso público, la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, aprobada en noviembre —con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes— autoriza a los partidos a enviar propaganda a través del correo electrónico, el WhatsApp o las redes. Estos envíos no serán considerados actividad o comunicación comercial y los destinatarios podrán oponerse a recibirlos. Según la norma, estas actividades deberán estar amparadas en el “interés público” y contar con las “garantías adecuadas”. Pero los expertos consultados sostienen que abre la puerta al spam electoral y dudan de que asegure el control, uso y destino de los datos y frene cualquier tipo de utilización lesiva, como pregonan sus defensores.

 Entre más críticos, Borja Adsuara, profesor y experto en derecho y estrategia digital, considera que el articulado es un “escándalo” y avanza que está siendo estudiado por el comité europeo de las agencias de protección de datos. También la española está atenta. Su responsable, Mar España, sostiene que desde el organismo que dirige se vigilará a los partidos porque la ley no les permite hacer perfiles ideológicos, pero sí mandar propaganda no personalizada sin autorización previa. Según su interpretación, los partidos no pueden perfilar datos ideológicos, sexuales, religiosos o de cualquier otro tipo que los ciudadanos estén dando a través de su navegación en Internet o en las redes sociales. El incumplimiento de esta norma puede acarrear multas de 20 millones de euros.

Pero la disposición final tercera de la ley, que modifica el artículo 58 de la ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) deja poco margen de duda. Quienes la defienden se apoyan en el considerando 56 del reglamento de la UE: “Si, en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de esos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas”.

Este mismo considerando es esgrimido por Adsuara, según el cual que el reglamento solo autoriza recoger datos personales sobre opiniones políticas si el sistema democrático estuviera en peligro. Por ejemplo: “Si se detectan injerencias externas que adulteren una campaña electoral mediante una red de bots organizada. Y no parece ser este el caso de España”.

En esta línea, el catedrático de emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Tomás de la Quadra-Salcedo señala que el reglamento deja a los Estados una regulación que consiste en determinar cuál es el interés público de permitir a los partidos recopilar opiniones políticas y cuáles son las garantías. Pero considera que el asunto “merecería una discusión abierta en el Parlamento y no una enmienda que incorpora la previsión europea sin un debate claro y consciente sobre sus consecuencias y alcance”.

 Garantías adecuadas

 El reglamento de la UE establece las excepciones a la prohibición de tratar datos relativos a las opiniones políticas, “pero lo hace de una manera muy imprecisa y muy criticable por eso mismo”, afirma De la Quadra-Salcedo. Y añade que el artículo 58 bis trastoca el sentido del reglamento al decir que hay interés público “cuando se ofrezcan garantía adecuadas”. “Las garantías no las tienen que ofrecer los partidos; las tiene que fijar la ley”, asegura, y se pregunta: “¿Cómo se garantiza que solo sea a efectos electorales, que no se sacan copias, que se destruyen las bases de datos con las opiniones para el futuro? ¿Quién vigila?”. Por eso cree que la ley abdica de su obligación de concretar las garantías y deja la puerta abierta a los partidos para hacerlo.

Además, sostiene que una cosa son las garantías y otra el interés público que justifique recolectar datos sobre opiniones políticas para elaborar perfiles ideológicos. En este caso considera que la ley debería especificar claramente si se piensa que estas prácticas son útiles para la formación de la opinión pública o el debate.

Tras el artículo 58 bis, los expertos ven la sombra de Cambridge Analityca. De la Quadra-Salcedo explica que las prácticas de esa y otras empresas digitales dirigidas a ratificar a la gente en sus convicciones —ocultando la totalidad de la información que beneficiaría a un partido o la que perjudicaría al que quiere hacer la campaña—, “no parece que vayan en el sentido del interés público de una opinión bien informada, sino segmentada y manipulada”.

También Adsuara considera que con el texto en la mano se podrían realizar “legalmente” actividades como las de Cambridge Analityca, la empresa que enviaba de forma masiva noticias falsas con los datos obtenidos de los usuarios de Facebook sin su consentimiento. Pero en el caso español “sería lícito porque a falta del consentimiento de los usuarios, se concede a los partidos políticos una autorización legal”. Adsuara va un paso más allá y asegura que la enmienda introducida a última hora pretende legalizar unas prácticas que ya se venían haciendo. Para de la Quadra-Salcedo es posible que se haya hecho con buena intención, pensando que es mejor regular el fenómeno antes de seguir mirando para otro lado.

A su vez, Carlos Sánchez Almeida, abogado y miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, considera que la ley se extralimita respecto a un reglamento que deja claro “que está prohibida la creación de bases de datos ideológicas” y que los partidos “solo pueden gestionar los datos de sus afiliados”. Para Sánchez Almeida, lo preocupante no es recibir propaganda política a través de medios electrónicos sino la posible creación de perfiles ciudadanos etiquetados por su ideología. “No tiene que haber un gran hermano que solo por dar un retuit a un mensaje los partidos tengan a su alcance un algoritmo que capte esos datos. Se está abriendo una espita que no sabemos cómo acabará”.

Además, De la Quadra-Salcedo invoca el principio de “igualdad de armas” para la formación de la opinión pública y la voluntad de los electores. “¿Tendrán todos los partidos las mismas condiciones para acceder a los perfiles?”, se pregunta. Hoy por hoy, la formación de la opinión pública se la están entregando los usuarios a empresas como Facebook que podrían manipular o alterar la precisión de sus perfiles en favor de unos partidos u otros. Si no se acota, el pretendido interés público de formar la voluntad electoral puede abrir la puerta a la manipulación.