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Víctimas por partida doble: primero iDental, ahora los bancos

Afectados por el cierre de las clínicas odontológicas denuncian presiones de las entidades que les concedieron los créditos para sus tratamientos

Isabel Paniagua, afectada de iDental, ayer en Getafe.
Isabel Paniagua, afectada de iDental, ayer en Getafe.

Isabel Paniagua llega a la cita con una mascarilla cubriéndole la boca. Tras ella esconde unos labios arrugados y la ausencia de dientes y muelas, en la que solo asoman cuatro tornillos en la encía superior y otros cuatro en la inferior de unos implantes inacabados. iDental le sacó todas las piezas. Isabel, vigilante de seguridad de 57 años, es una de las víctimas de la presunta estafa de las clínicas odontológicas iDental, que dejaron a miles de personas con tratamientos a medio terminar, dientes destrozados o prótesis rotas, tras echar el cierre el pasado 14 de junio. El caso se investiga en la Audiencia Nacional.

A los graves problemas físicos que arrastra Isabel —desde hace meses solo se alimenta de papillas y padece dolores en la mandíbula— se suman las presiones que recibe “casi a diario”, de la entidad financiera que le concedió el crédito de 5.650 euros para su tratamiento. La operación financiera se la facilitó iDental al igual que a otros muchos pacientes. Cuando los centros cerraron, Isabel dejó de abonar las cuotas de 153 euros al mes, como le aconsejaron legalmente. El 19 de junio envió una carta a Evo Finance pidiendo que se anulara la financiación destinada “exclusivamente al pago de dicho tratamiento” que no había concluido.

El 28 de agosto le comunicaron desde la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), que gestiona bases de datos (listas de morosos) los impagos de empresas y particulares, que Evo había solicitado “el alta en su fichero”. “No dejan de mandarme correos”. En el último, del 21 de noviembre, la empresa Cobralia le comunicaba: “Por expresas instrucciones de nuestro cliente Evo Finance, se ha presentado una demanda judicial contra usted” por el impago. Enviaban el requerimiento como “última gestión extrajudicial para evitar los perjuicios y gastos que conlleva el proceso judicial”.

El caso, en la Audiencia Nacional

Modo de actuar: Las clínicas iDental ofrecían tratamientos bucales low costque atraían a personas con bajos recursos económicos. Una de las operaciones consistía en sacar todas las piezas dentales y colocar varios implantes que servían de soporte a las prótesis. La empresa facilitaba los créditos a los clientes con entidades financieras. Les aseguraban que el coste real del tratamiento era de hasta 20.000 euros, que bajaba al 20% porque contaban con subvenciones.

Cierre de las clínicas: El 14 de junio la mercantil cerró todas sus clínicas, que había implantado en 11 comunidades. Dejó a los pacientes con complicados tratamientos sin finalizar, con importantes secuelas que muchos todavía arrastran.

El caso llega a la Audiencia Nacional: En julio de 2018 el juez José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude de las clínicas iDental por "el volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria.

Protestas ante Sanidad: Los afectados se manifestaron en julio ante el ministerio para reclamar la implicación del Gobierno. Solicitaron la recuperación de sus historiales clínicos, asesoramiento jurídico gratuito y la reparación de los daños.

Intento de replicar la red: El 10 de octubre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo a diez personas vinculadas con la estafa de iDental, acusadas de pretender orquestar otro entramado para repetir la macroestafa. Entre los detenidos estaba Luis Sans, que fue consejero delegado de las clínicas.

El caso de Isabel se repite en otros afectados. Se calcula que hubo 400.000 en total. Ante la actitud de algunas de las entidades financieras, el Ministerio de Sanidad envió esta semana una circular a las 11 comunidades en las que existían clínicas de iDental. Les advierte de las presiones y amenazas a los pacientes, algo que vulnera la ley, porque el cobro es indebido. Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, informa de que han presentado denuncias en la Agencia de Protección de Datos contra las entidades que tratan a estas personas de morosos.

Pilar Pericas, una enfermera de 48 años, jamás pisó una clínica de iDental, pero paga el tratamiento de su hermano Javier, que se suicidó el 26 de diciembre pasado. Sufría esquizofrenia, pero estaba tratado y con su pensión de 800 euros decidió arreglarse la boca en iDental. Cuando la clínica de Valencia cerró se quedó con el tratamiento a medias. Él siguió pagando el crédito de 3.800 euros, aunque “ni siquiera le habían puesto los dientes postizos y no podía comer”.

“Lo presionaban. No achaco su muerte exclusivamente a ello, pero siempre decía que tenía muy mala suerte”, comenta su hermana. Pilar sigue pagando 106 euros mensuales. Dejó de abonar cinco meses. “Me llamaban todos los días a todas horas, incluidos fines de semana y tuve que pagar 700 euros, con intereses”, explica.

Deuda ajena

El Banco Sabadell sostiene que esta deuda es ajena al cierre de iDental, porque el crédito se lo pidieron directamente a su entidad. “Su hermana asumió la deuda e iDental nos certificó que el tratamiento se había realizado”, indica. El Sabadell tiene 5.405 clientes afectados por iDental. De ellos, 1.440 casos se han resuelto con acuerdo y otros 805 están en vías de solución. El resto está pendiente de información para analizar la reclamación. “Nuestra intención es negociar. Las entidades financieras también somos perdedores; es un problema para todos”, indican.

Al jubilado Jesús Martínez, murciano de 66 años, también le persiguen. Su tratamiento costaba 3.900 euros que financió durante tres años y le quedaron por pagar 1.400. Le dejaron los dientes destrozados y la prótesis rota. “He tenido que ir a un nuevo dentista para comer algo”, afirma indignado. Dejó de pagar y ahora le llaman diariamente. “Me envían mensajes de móvil y cartas amenazando de que los intereses suben y de que me van a poner en una lista de morosos”.

Mercedes Andrés, de 58 años, sigue recibiendo llamadas y mensajes cada día a pesar de que su clínica, la de Zaragoza, cerró en junio. Acudió a iDental gracias a “una campaña de televisión muy convincente”. Le subvencionaron el 76% del tratamiento, que se quedó en 3.500 euros, con cuotas mensuales de 87 euros con las que abonó la mitad del préstamo. “Suspendí los pagos en abril. Pedí que me devolvieran las dos últimas facturas y entonces comenzaron las presiones. Incluso me incluyeron en la lista de morosos”, reconoce.

EVO Finance asegura contar con un protocolo específico para pacientes de iDental. Hace meses activaron un canal de comunicación con los afectados y se ha puesto a su disposición para que puedan cancelar o continuar sus tratamientos en otras clínicas, indican. En este período la entidad ha suspendido temporalmente los recibos asociados a estos préstamos. “En el momento en que los pacientes han reconducido su situación, los préstamos se reactivan en condiciones de normalidad y estarán sujetos a prácticas de recuperación siempre y cuando el tratamiento estuviese en curso y se produjesen irregularidades en el pago”.

Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid, afirma que lo que está sucediendo es “lamentable”, pero advierte de que los usuarios deben leer la letra pequeña antes de firmar. “En algunos casos las financieras cargan toda la responsabilidad al paciente y se lavan las manos si la clínica no cumple".

“No tienen derecho a exigir el pago de los créditos”

José Antonio González, abogado especializado en derecho de consumo, sostiene que las empresas financieras están actuando “al margen de la ley”, ya que “no tienen derecho” a exigir que los usuarios sigan pagando. “La ley de crédito al consumo dice que los contratos supeditados están vinculados al del tratamiento. Si este es inconcluso o no se ha realizado deben quedar nulos”, aclara. “Deben suspenderse hasta que se resuelvan las reclamaciones judiciales y tienen el deber de devolver el dinero cobrado por los tratamientos no finalizados”, afirma. Recuerda que “muchos cobran pensiones no contributivas y no pueden pagar un asesoramiento jurídico y les asustan”.

Su bufete representa a casi 300 afectados en el macroproceso abierto en la Audiencia Nacional contra iDental por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, lesiones, contra la salud pública, apropiación indebida, administración fraudulenta y falsedad documental.

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