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El Gobierno murciano quiere aprobar por ley el aborto “como un fracaso”

El proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia lo incluye como "un fracaso del proceso natural de la maternidad"

Manifestación en Madrid el pasado 8 de marzo.
Manifestación en Madrid el pasado 8 de marzo.Álvaro García
Isabel Valdés

El presidente de Murcia Fernando López Miras (PP) publicó el pasado domingo un tuit en el que hablaba del aborto "no como un derecho sino como un fracaso". Esa idea está recogida en la Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia que el gobierno regional quiere aprobar este mes, que anunció el pasado mayo durante el Día Internacional de las Familias y que, por el momento, solo es un borrador. Al teléfono, repite aquella publicación en redes sociales. "Está legalmente regulado y no podemos desregular, pero ética y moralmente se está tratando como un derecho y no lo es. Es un fracaso y en ese sentido legislaré, hasta donde llegue mi capacidad para hacerlo".  Es la misma línea en la que se lleva pronunciando durante meses Teodoro García Egea, secretario general del PP, que defiende la familia "sin complejos" y que, en una entrevista con la agencia Efe el pasado septiembre, arguyó que la postura del partido se sostiene, entre otras cosas, en que "el aborto no es un derecho, es un drama".

Ni el PSOE ni Podemos en la región comparten la intención del presidente murciano. Francisco Lucas, portavoz y vicesecretario general socialista, cree que esto solo deja "en ridículo" a la región y constata de que ignoran por completo la situación: "El aborto es un derecho consolidado y un debate superado. Aquí el único fracaso es de quien quiere eliminar los derechos de las mujeres".

María Ángeles García, de Podemos, asegura que esto es una visión retrógrada de la libertad y los derechos de la mujer: "Parece que quieren competir con Vox y Ciudadanos intentando imponer su minoritaria forma de pensar y de entender la familia y la vida a una mayoría social". Y, añade, esto no es más que otro añadido a la ya precaria situación de las murcianas. Según los últimos datos oficiales, de 2016, la región es la quinta con más abortos, por delante Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias y Madrid: 10,82 de cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 44 años. Según García, las que abortan tienen que hacerlo en clínicas privadas, porque "las que solicitan ser atendidas en un centro público son derivadas a otras comunidades. No hay ningún centro público que los practique".

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Los partidos políticos no son los únicos que se han posicionado en contra, también lo han hecho colectivos y asociaciones feministas. Desde la Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas Feministas de la Región de Murcia creen que es "inaceptable". Marta Garrido, miembro de la organización, asegura que se enfrentarán a quien quiera hacer retroceder los derechos de las mujeres: "En España hace años que afortunadamente superamos esta situación. Nos resulta inaudito que un partido político se plantee siquiera volver atrás". Y apunta que denominar fracaso al aborto es "llamar fracasadas a las miles de mujeres que por distintos motivos han tenido que sufrirlo, una falta de respeto totalmente fuera de lugar y de una crueldad innecesaria". Para la plataforma, el verdadero fracaso es que la ley de 2010 no se cumpla íntegra "por la falta de voluntad de nuestros gestores".

El presidente López Miras afirma que están convencidos de que si las mujeres tuviesen toda la información y las herramientas a su alcance "nunca llegarían al trauma y el drama que supone abortar". Algo que Violante Tomás, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, amplía: "La mayoría se ve abocada a hacerlo porque no tiene asideros: una pareja, una familia o un trabajo. Así que, en realidad, no lo hacen libremente sino por las circunstancias que las rodean y esa decisión va incluso en contra de lo que ellas quieren".

Para hacer esa afirmación, Tomás apunta a los datos de una asociación con la que mantienen una colaboración, es la Fundación RedMadre, un colectivo provida presente en 40 provincias que recibe subvenciones públicas desde hace varios años. Desde la agrupación dan datos: en 2017, atendieron a 102 mujeres en Murcia, y 18.607 a nivel nacional. "Esas son las cifras con las que nosotras nos manejamos y las que pasamos al Gobierno de Murcia. Desde que comenzamos, en 2007, hemos atendido a 86.512".

El aborto y el Partido Popular

En España, se regula por la Ley Orgánica sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigor en julio de 2010 —conocida como ley de plazos—, que sigue vigente pese a los intentos del Partido Popular por volver a la ley de supuestos de 1985. Este discurso sobre el aborto de los populares no es nuevo.

Primero fueron Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, en 2010, comparando la ley de plazos del PSOE con la selección de raza de los nazis por permitir el aborto cuando el feto sufriera malformación. Un año después, el Gobierno popular empezó a recibir presiones por parte de colectivos antiabortistas cercanos a la iglesia y al PP y se consiguió que se hablara de una posible reforma de la ley socialista. Ya con Gallardón como ministro de Justicia, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la ley sobre el aborto más restrictiva de la democracia, fue en diciembre de 2013. Un retroceso de tres décadas que no solo volvió a la legislación de 1985, sino que la restringió aún más; eliminaron, por ejemplo, las malformaciones graves en el feto. Aquello acabó con la destitución de Gallardón y la retirada de la norma apenas unos meses después.

Sin embargo, durante el Congreso de los populares en el que Pablo Casado fue elegido nuevo presidente del partido el pasado julio, "el derecho a la vida" volvió a tomar cuerpo. Por un lado, Casado avisó de que la ley de Zapatero no le gustaba: "Y la vamos a modificar. Queremos volver a la ley de 1985. El aborto no es un derecho. No puede ser barra libre y un coladero como con esta ley". Y por otro con la línea general que lleva "sin complejos" Teodoro García Egea, secretario general del PP: defensa de la familia, "la vida" y el "drama" y no el derecho que supone abortar.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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