El PP equiparó en 2010 el aborto por malformación con el exterminio nazi

Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva ley del aborto que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la supresión del supuesto de malformación fetal, que existe desde hace casi 30 años. Una supresión que él ha defendido en público varias veces —aunque aún no ha concretado si eliminará por completo el supuesto legal o lo limitará considerablemente— y que en los últimos días, tras meses de revuelo mediático, ha generado cierto debate interno en el PP. Esa postura de Gallardón, sin embargo, no es ni nueva ni marginal en el partido de Mariano Rajoy.

Los populares ya sostuvieron en 2010 que la malformación fetal no debía ser un motivo para permitir a una mujer abortar. Lo pusieron por escrito —en el recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— y con términos durísimos: equiparando el aborto de un feto con graves anomalías a las leyes de exterminio y esterilización nazis, o asimilándolo a la discriminación por motivos de raza.

“Esos casos de aborto eugenésico”, decía el recurso sobre el supuesto de anomalía fetal en la versión de 2010, “no pueden dejar de recordarnos teorías eugenésicas —de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia— que defendieron las tesis de ‘vidas que no merecen la vida’ (lebensunwertes Leben) o ‘vidas que son una carga’ (Ballastexistenzen)”. Esos términos —que el PP recogía en alemán— los utilizó la Alemania nazi para justificar el exterminio o esterilización de un sector de la población.

El recurso, elaborado por el entonces responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, fue firmado por 50 diputados populares; entre ellos, la hoy vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio Rajoy.

El texto se centraba en atacar la principal novedad de la ley de Zapatero: la idea de que el aborto es un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo, y no un delito despenalizado en ciertos supuestos, que era lo que estableció la ley de 1985. Los populares pedían volver a ese sistema de supuestos de 1985; pero, al analizarlos, proponían ya eliminar uno de ellos: el que desde hace tres décadas permite abortar —en distintos plazos— por malformación, anomalía, discapacidad o enfermedad gravísima del feto.

“Esas discriminaciones en el derecho a nacer [entre fetos sanos y enfermos] no pueden admitirse en un Estado en el que todo ser humano —por grande que sea su discapacidad o grave su enfermedad— tiene derecho a no ser discriminado”, proseguía el PP, citando varios convenios internacionales contra la discriminación. Y abogaba abiertamente por la supresión del supuesto: “No parece que resulte conforme [con la sentencia del Constitucional de 1985] mantener un supuesto de despenalización del aborto que claramente distingue entre vidas más o menos valiosas y del que, además, se ha hecho una aplicación eugenésica en el peor sentido de la palabra (por ejemplo, ya no nace el 90% de los niños con síndrome de Down que nacía hace unos años)”.

El supuesto de malformación fetal fue avalado por el Tribunal Constitucional en 1985 y el PP no lo eliminó en ocho años de Gobierno; en el recurso de 2010 los populares explicaban por qué, en su opinión, ya no había motivo de mantenerlo: la sentencia del Constitucional —interpretaba el PP— respaldó el supuesto porque el Estado, en los años ochenta, no podía asegurar que los niños nacidos con graves problemas de salud fueran “adecuadamente atendidos”; pero hoy en día, argumentaban los populares, hay muchos más recursos, e incluso una Ley de Dependencia, y por tanto ya no hay cabida para el supuesto de aborto por malformación.

En ese punto, el recurso del PP llegaba a afirmar que aceptar una “discriminación negativa fundada en la discapacidad” del feto sería “igual de inadmisible que aceptarla por razones de sexo o raza”. Y lanzaba estas preguntas: “¿Qué diríamos de una ley que permitiera a una mujer interrumpir su embarazo porque el hijo que va a tener es de una raza distinta a la que esperaba? ¿Por qué, sin embargo, el legislador acepta que poner fin a una vida humana porque puede tener anomalías graves o se ha detectado ya en ella una enfermedad incurable y muy grave es perfectamente admisible? […] ¿Es realmente sostenible que, a fecha de hoy, en el Estado social en el que nos encontramos, a una mujer gestante no le es exigible tener a un hijo enfermo cuando el Estado cuenta ya con medios suficientes para asistir a ambos?”.

Cuando el PP presentó este recurso ante el Constitucional no hubo voces críticas en la cúpula del partido. Esta semana, sin embargo, algunos dirigentes —por ejemplo, Alfonso Alonso— han sugerido que debe abrirse un “debate” sobre la conveniencia de eliminar el supuesto de malformación fetal en la futura ley. Según una encuesta publicada por EL PAÍS hace nueve meses, tras anunciar Gallardón sus intenciones, el 81% de los ciudadanos estaba en contra de eliminar ese supuesto, incluidos el 65% de votantes del PP y el 64% de los católicos practicantes.