El Defensor recibe 28 quejas por adoctrinamiento en Cataluña

El Defensor del Pueblo recibió 28 reclamaciones por supuesto adoctrinamiento en las aulas de Cataluña entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018. "Parece evidente que el número de quejas no es significativo", aseguró ayer el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en referencia a los 3.200 centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria que hay en Cataluña. 

Marugán, que ayer compareció en el Congreso de los Diputados a propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, explicó que la Institución remitió esas reclamaciones al Ministerio de Educación  y a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat el pasado 21 de noviembre, puesto que "es la Administración la que debe averiguar si existe adoctrinamiento".

La sombra de adoctrinamiento que arrastra la escuela catalana desde hace años se recrudeció el pasado otoño tras la consulta del 1 de octubre, una jornada donde los colegios desempeñaron un papel capital como centros de votación. A partir de ese momento, muchas familias catalanas denunciaron que la crispación de la calle y la división del procés se habían colado en las aulas.

Las 28 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, en las que se acusaba a los supuestos autores del adoctrinamiento en las aulas, hacían referencia a centros de Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Algunas de las reclamaciones, Marugán no precisó cuántas, se descartaron por carecer de "concreción" o "base para el inicio de actuaciones".

Entre las que se admitieron, figuraban denuncias como incitar a los estudiantes a manifestarse contra la detención de representantes de Ómnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Catalunya; llevar a los alumnos ante una comisaría de policía para realizar cantos de carácter independentista y en contra de la Policía Nacional; adoctrinar al alumnado del centro en contra de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Estado Español o inculcar a los alumnos "de forma reiterada" por algunos profesores su ideología nacionalista. "No hay lazos amarillos ni libros ni texto entre las quejas", puntualizó Marugán a preguntas de los periodistas.

En octubre de 2017, antes de la aplicación del 155, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña en respuesta a los requerimientos del Ministerio de Educación, consideró que en las fechas y en los centros denunciados "se produjeron manifestaciones promovidas por el alumnado que contaba con autorización paterna" y que "las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos".

"A nadie se nos escapa que la difícil situación política que se vive desde hace tiempo en Cataluña se ha trasladado también a otros ámbitos ajenos a la política y, entre ellos, al educativo. La utilización de las instalaciones y centros educativos para actos de reivindicación política es buena muestra de ello", señaló Marugán.

Por su parte, el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) ha recibido desde la consulta independentista una treintena de quejas por supuesto adoctrinamiento en la escuela —pintadas en el patio, exhibición de símbolos partidistas o debates a favor de la independencia en las aulas, entre otros—. El Ministerio de Educación recogió otras 138 reclamaciones. Todas esas denuncias fueron analizadas por el Síndic, que solo pudo constatar irregularidades en 10 de ellas. El Síndic consideró el pasado julio que no se pueden extrapolar los casos de mala praxis detectados al conjunto del sistema educativo y recordó que se trata de una decena de irregularidades en un contexto de 1,3 millones de alumnos matriculados en 4.800 centros públicos y privados.

El CSIF denuncia expedientes a profesores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario de los funcionarios, pidió ayer al Defensor del Pueblo que exija al Ministerio de Educación que investigue a través de la Alta Inspección 10 expedientes abiertos de "manera irregular" a docentes en Cataluña que son "contrarios a las tesis separatistas". "Están sufriendo mucha presión y se está vulnerando el derecho a la libertad de cátedra", explicó Mario Gutiérrez, presidente de Educación del CSIF. El sindicato denuncia que esa situación tendrá como consecuencia una educación no plural y alejada de las tesis de formación de un alumnado crítico, objetivo fundamental del sistema educativo.