Los países de la UE pactan reducir en un 35% las emisiones de CO2 de coches para 2030

Los países de la Unión Europea alcanzaron este martes un acuerdo para reducir las emisiones de dióxido de carbono de coches y furgonetas en un 35% en 2030. La propuesta no ha logrado la unanimidad que se buscaba a primera hora de la mañana y ha tenido que superar las reticencias de Alemania y varios países del Este, que no estaban dispuestos a moverse de objetivo del 30% fijado por la Comisión Europea para turismos. Finalmente, accedieron a elevar el listón a cambio de dejar exentos a los pequeños productores y a mantener el límite en el 30% para las furgonetas.

En una primera etapa, los fabricantes de coches deberán reducir las emisiones en un 15% en 2025 respecto a 2021, para dar un estirón en el siguiente lustro y llegar al 35%. Los objetivos se revisarán en 2023, cuando además se fijarán metas para 2035 y 2040. Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos y Eslovenia decidieron desmarcarse del acuerdo al considerar que carecía de "ambición". La organización medioambiental Transport & Environment, con sede en Bruselas, cargó también de inmediato contra el documento final. El Consejo deberá empezar a negociar este miércoles con la Comisión y con el Parlamento Europeo, que aprobó la semana pasada que el recorte de gases sea del 40%. Esas discusiones deben desembocar en un pacto para el reglamento final, que se prevé que se produzca antes del final de esta legislatura europea.

Los Veintiocho llegaron este martes a Luxemburgo con tres documentos en sus carteras: el de la Comisión, que imponía una rebaja del 30% en las emisiones de dióxido de carbono de turismos y furgonetas; el del Parlamento Europeo, que elevaba esa reducción al 40%, y una propuesta intermedia elaborada por Austia (que ostenta la presidencia rotatoria de la UE) para ser abordada por los ministros de Medio Ambiente que ayer se reunieron. Esta fijaba una disminución del 35% para 2030 en comparación con los niveles de 2021.

Esa oferta, sin embargo, solo logró atraer al centro de la discusión a Croacia, Chipre y, en parte, a España. El resto de países se dividieron entre una tropa capitaneada por Suecia de al menos 16 países que reclamaba una reducción de al menos el 40% para 2030 –entre los que estaban Francia, Reino Unido e Italia— y quienes no querían sobrepasar en ningún caso el 30%, con Alemania al frente y respaldada por Eslovaquia, la República Checa, Rumania, Bulgaria, Polonia y Hungría. Suecia llegó a reclamar una reducción del 50%. “Debemos mostrar al mundo que es posible”, animó la ministra Karolina Skog.

Informe de Naciones Unidas

Los países que pretendían fijar unos objetivos más ambiciosos llevaban, además, un documento más. Uno tras otro, los ministros de estos estados recordaron las conclusiones del informe del grupo de científicos que asesoran a Naciones Unidas, que urge a los gobiernos a adoptar medidas para limitar el aumento de temperatura al que se enfrenta el planeta, de 1,5 grados entre 2030 y 2052. Lo admitió ayer la ministra alemana, quien aun así al principio rechazaba ir más allá del 30% que había establecido como tope su gobierno, muy presionado por la industria automovilística del país. “Después del informe de IPCC de ayer, no es fácil, pero es la posición en la que todos estuvimos de acuerdo”, se encogió.

A algunos países, como Bulgaria, los objetivos fijados por la Comisión incluso les parecían demasiado “ambiciosos”. El rechazo de los países del Este se basaba sobre todo el de la destrucción de puestos de trabajo –según la Comisión, en un escenario de una reducción del 40% se perdería 12.000 empleos—, pero también apuntaron que no estaban preparados al tener las menores rentas per cápita. Según el documento de la presidencia austriaca, algunos estados dijeron estar preocupados por eventuales “fugas de carbono dentro de la UE”. Es decir, que en los países más ricos se adquirieran vehículos híbridos y eléctricos y sus ciudadanos compraran coches de ocasión procedentes de esos estados.

La presidencia austriaca trató de desencallar la negociación con una nueva propuesta. Mantuvo el objetivo del 35% pero introdujo mecanismos para que los ciudadanos de países con menor renta per cápita pudieran adquirir coches híbridos o eléctricos más baratos. La propuesta no solo fracasó, sino que evidenció que la prioridad de algunos países del Este en realidad era descafeinar las medidas contra la descarbonización del transporte. Hungría dijo que ese texto como máximo merecía su abstención, Eslovaquia reiteró que su línea roja era el 30% y Bulgaria incluso reculó hasta una horquilla de entre el 20% y el 25%,

Seis países se desmarcan

Al otro lado de la mesa, el redactado irritó todavía más a quienes querían pegar un salto adelante en la reducción de emisiones, puesto que habían constatado que la mayoría quería ir más allá del 35%. Grecia y Portugal, además, señalaron que las medidas para favorecer los países del Este eran “discriminatorias”. Esa mayoría no solo insistió en las razones medioambientales, sino que recordó que Europa estaba regalando a Asia el mercado de la fabricación de componentes eléctricos a los países asiáticos para mantener una industria con fecha de caducidad. Y además, renunciando a un mínimo de 69.000 puestos de trabajo.

La posición de España fue más comedida, aunque finalmente la ministra Teresa Ribera se mostró abierta a situar la reducción de dióxido de carbono de esos turismos por encima del 35%. Ribera admitió que la posición de España iba a ser determinante y sostuvo que deseaba salir de la reunión con un acuerdo, pero advirtió del riesgo de trazar una “senda poco creíble” si se iba a posiciones de máximos. “El 35% nos parece una buena referencia siempre que se piense más en ir hacia una horquilla de entre el 35% y el 40% que hacia otra de entre el 30% y el 35%”, afirmó Ribera, quien recordó que España es el segundo productor de vehículos de la UE.

Finalmente, la presidencia austriaca decidió retirar la cláusula para abaratar los coches en el Este de Europa e introdujo una exención para los pequeños fabricantes que atrajo el apoyo de esos estados, que aceptaron la meta del 35% para coches y lograron rebajar la de furgonetas hasta el 30%. Además, dejó la puerta abierta a revisar los objetivos en 2023, lo cual hizo ceder a otros estados con planteamientos más ambiciosos pero que no querían irse de Luxemburgo sin un acuerdo. Suecia, Irlanda, Eslovenia, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo dejaron constancia de su enfado y anunciaron un comunicado conjunto para expresar su disconformidad con el texto alcanzado.