Castilla-La Mancha avanza en la lucha contra la violencia machista con una ley pionera

Más educación, más concienciación y más cobertura a las víctimas; el proyecto de ley que las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este 4 de octubre supone un avance en la legislación contra la violencia de género. Establece una ayuda anual de 4.000 euros para los hijos de madres asesinadas hasta que cumplan la mayoría de edad; los considera víctimas de esa violencia; pedirá, personándose como acción popular en los procesos penales, la pérdida de la patria potestad para el padre criminal; y dará acceso preferente a la vivienda a los familiares que se encarguen de los huérfanos.

La región, con dos mujeres asesinadas este año y 44 desde que se registran datos oficiales, ya fue pionera en 2001 con la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas, la primera que reguló este ámbito en España. Ahora, apunta el presidente socialista de la comunidad Emiliano García-Page, tenían “casi la obligación de volver a tener la legislación más avanzada de Europa”. “Hay que hacer leyes que amplíen derechos, sí, pero también que obliguen a las instituciones a dedicar más recursos para prevenir y combatir la violencia machista”.

Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de la región, explica que todas las medidas salen de la realidad de las familias. “No hay compensación posible a la muerte de una madre o una hija, pero como institución debemos reparar el daño en lo posible; esto supone una ayuda para la familia que se haga cargo de los huérfanos”. Además, por primera vez, habrá un pago único para familiares dependientes de la mujer asesinada, y acoge el Convenio de Estambul donde se reconocen violencias contra la mujer como la trata, la explotación sexual de mujeres, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados. El proyecto castellanomanchego incide en el ámbito de la prevención: “La concienciación, educación, las nuevas masculinidades…. Es esencial porque es lo que transforma”, explica Martínez.

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En este sentido, se incorpora una asignatura obligatoria sobre igualdad en primaria y secundaria y la historia del movimiento feminista en el currículo escolar. Cuenta la directora del Instituto de la Mujer que ya se está desarrollando de manera experimental en más de treinta centros de Castilla-La Mancha y que, en el plazo de dos años, deberá haberse implantado en todos los centros, tanto públicos como concertados: “A la obligatoriedad que ya reconocen las leyes actuales hay que añadir valores de igualdad implementados a través de los contenidos y a todos los niveles, entendiendo que es importante una asignatura obligatoria y troncal para tratar directamente estos temas, como prevención de la violencia machista y para generar condiciones más igualitarias y fomentar una educación afectivo sexual”.

Y en ese ámbito educativo, la ley también se extiende hacia el colectivo LGTBIQ. “Entendiendo que las consecuencias del patriarcado no solo afectan a las mujeres”, cuenta Martínez. Tendrá, además, a petición de Podemos, un órgano de vigilancia compuesto por expertos y mujeres del movimiento feminista y se considerará también la violencia institucional como cualquier acción u omisión por parte de las autoridades o los profesionales de organismos públicos “que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos para asegurarles una vida libre de violencia”.

Con 35 artículos y 19 enmiendas de Podemos, cuatro del PSOE y una del Partido Popular, se completa una ley cuya normativa no existe en ninguna otra comunidad autónoma y que supone una avanzadilla de lo que contempla el Pacto de Estado —sin poner aún en marcha—, según el Gobierno castellanomanchego y la directora del Instituto regional, deja atrás una última legislatura llena de retrocesos en esta materia: "El último Gobierno, con Cospedal al frente, redujo un 60% los programas relacionados con la mujer".