Castilla-La Mancha reconoce a los hijos de víctimas de violencia machista como huérfanos de padre

Más de tres lustros después de aprobar una normativa pionera contra el maltrato a la mujer en 2001, Castilla-La Mancha ha presentado este lunes una nueva ley contra la violencia de género que reconoce a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género como huérfanos absolutos (de ambos progenitores), aunque el padre siga con vida. La nueva normativa prevé también medidas de prevención y educativas, con una asignatura obligatoria sobre igualdad.

El Anteproyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género, que aún debe ser aprobado en el parlamento regional, reconoce ayudas económicas a estos menores y les permite el acceso a todos los recursos que la Administración reserva a los huérfanos de ambos progenitores. Recibirán 4.000 euros anuales hasta los 18 años y 2.000 más hasta los 21, además de atención psicológica. “Hemos fortalecido la asistencia duplicando las horas de prestación de servicios”, explica Araceli Martínez, viceconsejera del Gobierno de Castilla-La Mancha y directora del Instituto de la Mujer. En los casos en los que la Administración se presente como acusación popular, pedirán además retirar la patria potestad al agresor.

Entre las novedades, el anteproyecto amplía la definición de violencia de género “como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. Incluye el daño físico, económico, psicológico, sexual u otro relacionado con el entorno social. Como prevé el Convenio de Estambul, asumido por España, que reconoce todas las formas de violencia contra la mujer, dentro y fuera de la pareja. Se considera también la trata de mujeres, la explotación sexual y los matrimonios forzados, mutilación genital femenina y acoso sexual. Y alude a medidas dirigidas a los hombres para buscar una masculinidad “alternativa”.

También incide en la educación, como ya contemplaba la Ley de Igualdad de 2007 o prevé el más reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado septiembre y que aún no tiene dotación económica. En dos años, Castilla-La Mancha tendrá que haber implantado en todos los centros una asignatura “obligatoria” con contenidos de igualdad educación afectivo sexual y prevención de violencia de género. Este curso se está analizando como experiencia piloto en 48 colegios e institutos, en los que se imparte en 4º de primaria (9 años) y 1º de la ESO (12). Los temarios incluirán también la historia, el origen y el desarrollo del movimiento feminista, contenidos que serán supervisados por la inspección educativa.

“Es una ley que amplía derechos, amplía protecciones, asume nuevas garantías y blinda una prioridad presupuestaria que va más allá de lo que se puede comprometer de una manera evidente", ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), en la presentación de la iniciativa. El anteproyecto no incluye una memoria económica. La directora del Instituto de la Mujer señala que “el 95% de las medidas” (como las ayudas a mujeres y huérfanos o el incremento del apoyo psicológico) ya se han puesto en marcha y que el presupuesto, sumado de distintas partidas, asciende a 37 millones de euros. A partir de 2019, el presupuesto de la Junta de Comunidades deberá pasar "por el filtro de la igualdad", según García-Page. Es decir, que no podrá ser aprobado sin un informe favorable sobre el impacto de género