Cospedal suspende la ayuda económica a las maltratadas

Adiós a las ayudas económicas a las mujeres maltratadas sin recursos cuando abandonan las casas de acogida. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha suspendido los convenios con estos centros —existen 13— y con los de información a la mujer —85— a partir del 1 de enero, ha cursado instrucciones para que no se conceda la ayuda económica regional a las víctimas a partir de enero. Incluso alguna prevista con anterioridad para ese mes se ha cancelado.

 Según manifestaron a EL PAÍS las responsables de tres casas de acogida de Ciudad Real y Albacete, han recibido la orden de no tramitar ayudas para el año próximo. Los subsidios consisten en una ayuda directa de 1.000 euros, que permite por ejemplo alquilar una vivienda y sufragar los primeros gastos del nuevo domicilio, y una mensual de 300 —más 60 euros por cada hijo— durante un máximo de un año. Esta ayuda, destinada solo a las maltratadas sin recursos económicos, es compatible con la renta mínima de inserción.

En algunas casas se recibió la orden por teléfono. En la de Ciudad Real capital existe constancia por escrito. Así, en una reunión de la comisión de ayudas de salida de la casa de acogida, de la que forma parte una representante del Instituto de la Mujer regional, se advirtió a mediados de noviembre: “Las ayudas se reconocerán con el límite temporal del año en curso”, según consta en el acta. “Cuando se tenga conocimiento del contenido del convenio del próximo año, se decidirán las siguientes actuaciones”, se añadía. Las responsables de la casa de acogida y la representante de la diputación protestaron por ello. Pero el próximo año no se prorrogarán los convenios actuales con las casas de acogida y los centros de la mujer, en manos de asociaciones de mujeres, Ayuntamientos y diputaciones, sobre todo. El Gobierno regional ha anunciado esta semana que se sustituirán por “un nuevo mecanismo”. El objetivo es abaratar el coste del servicio, unos 15 millones de euros al año. El consejero de Presidencia, Jesús Labrador, aseguró ayer en rueda de prensa que el próximo día 22 se aprobará un decreto para regular el funcionamiento de los centros. Insistió en que permanecerán abiertos y criticó a la directora en funciones del Instituto de la Mujer estatal, Teresa Blat, que aseguró la víspera que el fin de los convenios suponía el cierre de todos los centros.

A tenor del acta de otra reciente reunión sobre ayudas, se cancelan también las acordadas meses atrás y que alcanzaban 2012. “Según las indicaciones manifestadas por los servicios centrales del Instituto de la Mujer, las ayudas se harán efectivas hasta diciembre de 2011, estableciéndose el reconocimiento de las mismas con el límite del año en curso. De manera que aquellas ayudas aprobadas para el año 2012 quedarán en suspenso hasta que se conozca el contenido de los convenios para el próximo año”, establece el acta.

“No sé que voy a hacer ahora”, dice una mujer que perderá el apoyo

Este periódico intentó, reiteradamente y sin éxito, que el Gobierno de Castilla-La Mancha se manifestara sobre la suspensión de las ayudas y sobre su eventual reanudación.

“Tengo dos hijos, un alquiler que pagar y no encuentro trabajo. Tampoco tengo familia que me ayude”, dice una de las mujeres que han perdido la ayuda para enero. Apenas lleva dos meses fuera de la casa de acogida donde permaneció medio año, tras reunir fuerzas para huir del marido que la maltrató durante 11 años y al que nunca se atrevió a denunciar. “De la noche a la mañana me quitan la ayuda. ¿Qué voy a hacer ahora?”, se plantea esta mujer que perderá el subsidio de 420 euros. Solo tendrá para vivir la renta de inserción, “426 euros al mes”, detalla. “Estoy angustiada, es demasiado lo que me está ocurriendo”, añade.

Entre las trabajadoras de las casas de acogida también abunda el desánimo y el enfado. “Es indignante lo que está pasando”, critica Concha Tolosa, directora de la casa de acogida de Ciudad Real —con capacidad para cuatro mujeres y una docena de niños—.

En las casas y los centros de información trabajan 400 personas. El consejero de Presidencia no ha precisado si habrá despidos de los trabajadores —ya se han comunicado los primeros—. Se ha limitado a precisar a este respecto que habrá un “criterio de racionalización económica”, informa Efe.