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OPINIÓN i

Una sentencia reveladora

Es un error que la ANECA insista en que el modelo de las ciencias puras es el único válido para todas las ramas del conocimiento

Una sala de estudio en la escuela de ingeniería informática de la Universidad de Sevilla.rn
Una sala de estudio en la escuela de ingeniería informática de la Universidad de Sevilla. EL PAIS

Muchos profesores universitarios agradecemos a Amparo Sánchez Segura, profesora de la Universidad de Extremadura, haber cortado uno de los nudos gordianos que atenazan desde comienzos de este siglo el buen funcionamiento de la universidad española, y celebramos la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de junio pasado que obliga a la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI, ahora tutelada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de Acreditación, ANECA) a leer los trabajos presentados cada seis años para la evaluación de la investigación (los llamados sexenios) en vez de recurrir a la excusa del "publique usted en revistas de impacto" tantas veces aducida ante nuestras reiteradas reclamaciones.

Sin sexenios no es posible progresar en la carrera docente. Ahora bien, este reconocimiento de la labor investigadora se logra presentando cinco trabajos realizados cada seis años, principalmente publicaciones: artículos, capítulos de libro o libros. La valía de estas publicaciones se mide mediante los llamados "indicios externos de calidad": en el caso de los artículos, la presencia y la posición de las revistas que los publiquen en los índices internacionales de publicaciones (indexación).

Señalemos de pasada que estos índices son muy predominantemente anglosajones; que abundan en ellos mucho más las revistas de esa procedencia que las de otras regiones del mundo, ya que se atienen a criterios largamente experimentados en sus comunidades académicas; y que las agencias de indexación que los gestionan reciben sustanciosos beneficios por esa labor sin que nadie vigile o ponga en discusión tales criterios (igual que ocurre con las agencias de calificación de las entidades financieras).

A su vez, la valía de los libros se evalúa en función de la editorial que los publique, negando cualquier valor a las ediciones universitarias, dándoselo escaso a las institucionales y otorgando, en cambio, preferencia a las editoriales comerciales en la suposición de que tienen formado criterio para distinguir las obras de mayor calidad. A este respecto, baste una pregunta: el criterio de estas editoriales ¿será exclusivamente científico o también de rentabilidad, en función de las posibles ventas debido a la popularidad del tema o del autor? Probablemente sea, en los mejores casos, una mezcla virtuosa de ambos.

Junto a estos criterios aparece el del número de citas que el escrito en cuestión ha suscitado en otras publicaciones desde su aparición (el llamado impacto). No es difícil darse cuenta de que no serán solo los trabajos de peor calidad los que carezcan de citas: cuanto más novedoso sea un trabajo, más dificultades tendrá para ser reconocido en el establishment académico y menos citas recibirá durante los primeros años, que es cuando se realiza la evaluación.

Por otra parte, la valoración de las publicaciones es intencionadamente desproporcionada: hay que presentar cinco publicaciones con independencia de si se trata de un artículo o de un libro. Un artículo puede tener, digamos, entre 1 y 15 páginas; un libro, entre 120 y 350; parece claro que un buen libro es un producto mucho más elaborado y que requiere una dedicación mucho mayor en esfuerzo y tiempo que cinco artículos; no solo no se reconoce así, sino que ni de lejos se valoran uno y otro en función del trabajo relativo necesario para escribirlos.

¿De dónde surgen estos criterios tan sesgados? Probablemente del convencimiento de los sucesivos equipos ministeriales y de la ANECA de que el modelo de las ciencias puras es el único válido para todas las ramas del conocimiento: cuando se implantaron estos criterios, ya existía en el campo de las ciencias un sistema internacional de revistas que atendía a esas necesidades (en los demás campos tuvo que improvisarse a trancas y barrancas); en las ciencias el avance del conocimiento se hace mediante investigaciones muy concretas realizadas por equipos de investigación, que se dan a conocer rápidamente en el ámbito científico, con el fin de que otros equipos puedan contrastar y continuar su labor; por tanto no hacen falta libros, solo artículos, a veces cortísimos (puesto que se supone que todos los conocimientos previos son ya de dominio de los lectores) firmados por el director del equipo y por los investigadores directamente concernidos, para dar cuenta del hallazgo con cierta rapidez en revistas de tanto más prestigio cuanto más importante es éste.

A este modelo se han acercado con bastante éxito las carreras técnicas: las ingenierías, aunque no todas en el mismo grado. Pero tal modelo nada tiene que ver con el habitual en las carreras humanísticas, las de ciencias sociales ni la de arquitectura, en las que hay una tradición centenaria de elaboración lenta del pensamiento con argumentos complejos presentados a través de libros; y de utilizar el artículo más bien para la divulgación, exactamente al contrario que en las ciencias puras.

Ahora bien, ¿costaría mucho trabajo reconocer que hay diferentes modelos de avance del conocimiento según las ramas del saber? Cabe pensar que forzar los mecanismos habituales en esas ramas, aparte de innecesario, no puede tener más que consecuencias negativas porque desvirtúa los procedimientos largamente experimentados de transmisión del saber. Sin embargo, las instituciones estatales se han mostrado desde el primer momento (la ANECA fue fundada en 2002) inflexibles en la imposición a rajatabla de un modelo único, sin discusión previa en el ámbito universitario ni en el político, y en la obligación para todos los profesores de adaptarse a él como puedan si quieren avanzar en su carrera docente.

Dado el mecanismo descrito, ya se comprenderá que los procesos de evaluación han de ser poco menos que automáticos y los llamados comités asesores (uno por cada campo, formados por seis profesores pertenecientes al mismo) se dedican sobre todo a matizar, mejorar, ampliar o restringir los criterios sobre los indicios de calidad de las publicaciones, seguramente con la voluntad de aproximarlos en la medida de los posibles a la realidad de las respectivas ramas del saber. Pero no parece que nunca en los años transcurridos se haya estimado la posibilidad de leer los trabajos enviados, al menos los que pudieran presentar alguna duda razonable.

Tiene razón José Arnáez Vadillo, actual director de la ANECA, cuando dice que no tiene sentido leer un trabajo publicado en una revista de prestigio mundial y que ha recibido 3.000 citas (El País, 19.9.2018). Parece claro, sin embargo, que no todos los trabajos se encuentran en esas excepcionales condiciones. Pero la respuesta descubre el trasfondo del problema: los trabajos se evalúan por su proximidad a ese ideal (de nuevo según el modelo de las ciencias puras); sería inútil, por tanto, examinar aquellos que no se han publicado en revistas de alta indexación ni han recibido apenas citas, porque forzosamente han de ser de baja calidad.

La ventaja de este sistema es económica: dado que se reciben unas 10.000 solicitudes anuales (lo que significa unos 50.000 trabajos) los emolumentos de los componentes de los comités se multiplicarían si tuviesen que dedicar tiempo a leer los trabajos que no cumplen esos criterios; así que es mucho mejor ignorar cualquier posibilidad de reconocimiento a tales trabajos, sean o no importantes sus aportaciones.

Esto es lo que el Tribunal Supremo obliga ahora a reconsiderar con el consiguiente coste: se necesitarán, no ya comités de asesoramiento, sino comisiones de evaluación muy numerosas y con un mayor grado de especialización, pagadas no por la asistencia de sus miembros a unas pocas reuniones al año, sino de acuerdo con las horas que deberán dedicar a la lectura de todos los casos susceptibles de reclamación. Por tanto, el coste del sistema se va a elevar enormemente: cabe suponer una resistencia numantina de estos organismos a llevar a la práctica la resolución judicial, no ya por su demostrada ausencia de convicción, sino por falta de presupuesto.

Se descubre aquí una de las costumbres inveteradas de las administraciones (estatal y autonómicas) en relación con la universidad: la de introducir reformas de largo alcance a bajo coste, cargando a las espaldas de los profesores el excedente de trabajo. Esto es lo que ha pasado con la introducción de los nuevos planes de estudio (derivados de los acuerdos de Bolonia) a coste no ya cero, sino negativo, gracias a la amortización de las plazas de profesores jubilados durante cuatro años con la oportuna excusa de la crisis económica; y también con el proceso de informatización de las universidades, que en lugar de simplificar ha aumentado su burocratización: más y más horas de dedicación no solo docente, sino administrativa para el profesorado, sin que por ello se hayan relajado las exigencias investigadoras ni, por supuesto, hayan aumentado los sueldos.

Como se ve, no es uno, sino varios los problemas graves que aquejan a la universidad. El presidente de la CRUE, Roberto Fernández Díaz, ha declarado con razón estos días (RNE, 23.9.2018) que los universitarios no acostumbramos a quejarnos, menos aún en la calle o en los medios, y que quizá por ello los gobiernos han sacado la conclusión de que no hay problemas en la universidad. Pues bien, puede que haya llegado el momento de sacar a debate público la situación universitaria real. Ojalá la propuesta de una nueva Ley de Universidades dé ocasión para hacerlo.

Miguel Ángel Aníbarro, profesor titular en el Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, y 35 firmas más.

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