Los implicados en el ‘caso mascarillas’ que afecta a la Diputación de Almería declaran ante el juez

El 15 de junio de 2021, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían en la Diputación de Almería y detenían a quien entonces era su vicepresidente tercero y responsable del área de Urbanismo, Óscar Liria. Se le acusaba de haber cobrado supuestamente comisiones ilegales de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario de dos millones de euros. Nacía así el primer caso Mascarillas de España y también el que más está tardando en resolverse en los tribunales. No ha sido hasta esta semana, casi cuatro años después, cuando han terminado de prestar declaración ante el juez instructor por primera vez los 17 investigados en la trama. El último, Fernando Giménez, el actual vicepresidente del ente municipal y mano derecha de su presidente, Javier Aureliano García —que también preside el PP de esa provincia, principal bastión del partido en Andalucía—, lo hizo este lunes.

La investigación se centra en el contrato de mascarillas, monos de protección y guantes que Aureliano firmó el 8 de abril de 2020, en pleno confinamiento, con la empresa Azor Corporate Ibérica, propiedad de Kilian López, cuya investigación por narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales por una jueza de Barcelona, llevó a esa adjudicación. López, que, supuestamente, se benefició de una mordida de 945.297,61 euros por ese contrato, es uno de los principales implicados en la causa en la que está imputado por corrupción en los negocios, malversación y blanqueo de capitales y era amigo de la infancia de Liria, quien fue el que, de acuerdo con las pesquisas de la UCO, facilitó su nombre para poder adquirir el material sanitario.

A partir de aquí se desentraña una madeja de hilos familiares y empresariales tejidos a través de empresas pantalla que tiene su centro de operaciones en Fines, una localidad almeriense de 2.200 habitantes, de la que Liria era concejal en el Ayuntamiento que desde 2003 gobierna su tío, Rodrigo Sánchez Simón (PP), también investigado en esta causa. El regidor administró hasta 2017 una aseguradora cuya actual administradora única es Hortensia López, tía de Kilian López.

Pero los nexos filiales no acaban aquí. Ante el juez también han pasado a declarar el hijo de Sánchez Simón y primo de Liria, Rodrigo Sánchez López, a quien la Guardia Civil sorprendió el 15 de junio de 2021 sacando del domicilio del padre de Liria una bolsa con 119.945 euros en metálico, mientras su propio padre estaba en esa casa; el hermano de Liria, Francisco —responsable de empresas a través de las que supuestamente se blanqueó parte del dinero procedente de la mordida—; la novia del exvicepresidente, Ana Belén Martínez —que en 2021 también era concejal por el PP de Huércal-Overa— y para cuya vivienda en ese municipio se dio una entrada de 20.000 euros, que la UCO considera que podría provenir de las comisiones ilegales de su novio, y que conducía un BMW que él, también supuestamente, le regaló y que también está bajo la lupa de los investigadores; y la madre y el padre de Liria —este último, fallecido poco antes de tener que declarar— en cuya casa se encontraron 29.500 euros en metálico distribuidos en tres sobres.

Del actual vicepresidente de la Diputación, que en 2021 era delegado de la Presidencia de esa entidad, se considera que partió la propuesta de contratación para el suministro de las mascarillas y por ello se le investiga como presunto autor de los delitos de cohecho y malversación. Tanto en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, como cuando compareció en la comisión de investigación que abrió la Diputación en el verano de 2021 —y que se cerró sin responsables gracias a los votos del PP, y Ciudadanos y la abstención de Vox—, Giménez ha sostenido que fue Liria quien le recomendó el nombre de Azor para realizar el contrato y que desconocía el pago de posibles comisiones. También negó conocer personalmente a Kilian López, aunque sí afirmó haber hablado con él por teléfono una sola vez.

El político del PP fue preguntado por las conversaciones mantenidas entre él, Liria y el presidente de la Diputación en un chat que compartían los tres. En ellas se aludía al regalo de una televisión, a lo que Giménez respondió que era una “broma” entre amigos y que nunca había recibido regalos de nadie. En otra conversación de WhatsApp, de acuerdo con el informe de la UCO del que ya informó este diario, se puede leer el intercambio de mensajes entre Aureliano y Liria: “Óscar… hay que ver la que tienes liada con las mascarillas!!!!”, dice el presidente de los populares almerienses a lo que aquel le responde: “Yaaaaa, pero quiero que veáis cómo está la situación, tío. No quiero que te veas sin tener material para la residencia…”.

Sobres y bolsas con dinero en metálico y regalos de coches

Junto a Kilian López, el principal señalado en la causa es Óscar Liria, al que se investiga como presunto responsable de los delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales. El día en que fue detenido en su domicilio encontraron 26.750 euros distribuidos en tres sobres —con 8.000, 7.800 y 6.300 euros, respectivamente— ocultos en distintas prendas de vestir y que los investigadores relacionan con las comisiones ilegales procedentes del contrato de las mascarillas. En su comparecencia ante el juez, donde solo respondió a las preguntas de su abogado, insistió, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de la instrucción, en que siempre había sido un político serio y honesto, negó el cobro de mordidas y aseguró que los sobres que se encontraron entre su ropa era dinero que le había dado su padre porque iba a celebrar su boda en breve y que los que se encontraron en la vivienda de sus progenitores eran los pagos en metálico de sus salarios, porque esa era la forma en la que ellos cobraban habitualmente.

Sobre la bolsa de dinero con la que fue sorprendido el hijo del alcalde de Fines, tanto él como su padre aseguraron que eran ahorros de los padres de Liria, pero que, en ese momento, desconocían que lo que había dentro eran billetes. La pareja del exvicepresidente sí reconoció que el BMW se lo había dado él, pero sostuvo que la vivienda la había comprado ella con su sueldo de maestra. Sobre la procedencia tanto de ese vehículo como de otro de la misma marca que había recibido el padre de Liria, este sostuvo que eran vehículos de empresa, ambas administradas por su primo e hijo del alcalde de Fines.

López, por su parte, sostuvo ante el juez que toda la contratación había sido legal y que no había pagado comisiones a ningún cargo político. Sobre el millón de euros que él percibió, la mitad del importe total del contrato de mascarillas, siguió la línea de defensa de los implicados en el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, y alegó que se trataba del beneficio por su mediación, del que no tenía que rendir cuentas a nadie.

Esa legalidad de todo el proceso de contratación es también a la que se refiere el presidente de la Diputación cuando se le pregunta por el caso que tiene imputado a su mano derecha y que supuso el final de la vida política de uno de sus vicepresidentes —que fue expulsado del partido en cuanto fue detenido—. Aureliano rescindió el acuerdo 15 días antes de que la UCO irrumpiera en la sede que dirige, porque parte del material sanitario o no llegó o estaba en mal estado.

La causa tampoco parece preocupar al PP andaluz, ni las derivadas del caso mascarillas que han dado lugar a la investigación de seis contratos menores de otorgados por la Diputación de Almería entre 2017 y 2021, cuando Liria era su responsable de Urbanismo, a la empresa OYC Servicios Urbanos, que, de acuerdo con la UCO, podría estar vinculada con el alcalde Fines y en cuya adjudicación también estaría implicada una segunda empresa, Pulconal, propiedad de Kilian López.