La investigación del ‘caso mascarillas’ de la Diputación de Almería apunta a una red que participaba en adjudicaciones sospechosas
La jueza ha pedido información sobre varios contratos por supuesta adjudicación ilícita de obras a empresas vinculadas con los responsables de la presunta trama de las comisiones ilegales por la venta de material sanitario
![Varias personas pasean por el Paseo Marítimo de Almería con mascarillas durante la pandemia.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QWEE7JJZV5GLZLGKKRVK3EV2W4.jpg?auth=99300fc2de4a107f26c43a0080bc9ec973f473f9068f3428218461fc9d84210f&width=414)
![Eva Saiz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4aad0c57-f8f4-4101-b14a-47afc76a6a88.jpg?auth=23c4ef3d56d09b4dd709c693771fb39bd8df8b29310c10999e1914cc57adb115&width=100&height=100&smart=true)
Los presuntos responsables que orquestaron el supuesto cobro de comisiones ilegales por el exvicepresidente de la Diputación de Almería (gobernada por el PP), Óscar Liria, por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia, podrían estar implicados en la adjudicación irregular de contratos de obras menores por parte de esa misma entidad entre 2017 y 2021. Eso lo que quiere esclarecer la jueza que instruye la causa y que ha reclamado a la Diputación almeriense que entregue a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) toda la documentación relacionada con seis contratos adjudicados a OYC Servicios Urbanos, empresa que podría estar vinculada con el alcalde del municipio almeriense de Fines y tío de Óscar Liria.
La jueza ordenaba a la Diputación de Almería entregar esa documentación el pasado 18 de marzo, en virtud de un auto fechado el mismo día, al que ha tenido acceso este diario. En él se requería toda la documentación relacionada con seis contratos firmados por esa institución con la empresa OYC Servicios Urbanos entre el 11 de junio de 2020 y el 18 de enero de 2021 por valor de 219.505,71 euros en total. La magistrada quiere averiguar si esa empresa resultó adjudicataria de esos trabajos, porque una segunda empresa, Pulconal, había sido avisada previamente por parte de responsables de la Diputación para que o bien no presentara ofertas o bien concurriera con otras no competitivas y poder justificar, así, las concesiones a OYC Servicios Urbanos.
Se da la circunstancia de que Pulconal es una empresa propiedad de Kilian López, el adjudicatario del supuesto contrato fraudulento de las mascarillas que firmó a través de otra de sus empresas, Azor Corporate Ibérica, con la Diputación de Almería por dos millones de euros y por la que Liria cobró entre 200.0000 y 400.000 euros en mordidas. López, como Liria, están investigados en el caso de las mascarillas y también están en el punto de mira de la presunta adjudicación irregular de contratos. Entre 2017 y 2021 Pulconal fue adjudicataria de 15 expedientes de contratación con la Diputación almeriense por un total de 375.939,05 euros, en los que se ha podido determinar, según la jueza, “la participación preponderante en la tramitación de los mismos de Liria, pudiendo haber tenido también participación su hermano, Francisco Liria”, también investigado en la trama de las mascarillas.
A partir de aquí conviene no perder de vista el árbol genealógico, porque todos los implicados en esta trama tienen vínculos familiares. López es sobrino de una excuñada de Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de la localidad almeriense de Fines (2.200 habitantes) desde 2003. Sánchez Simón, que también fue llamado a declarar en la primera fase de la instrucción del caso mascarillas en 2021, es tío de Óscar Liria, quien era vicepresidente tercero de la Diputación y su responsable de Fomento cuando se produjeron todos los hechos que se investigan. En cuanto fue detenido, fue destituido de su cargo y expulsado del PP. Cuando la Guardia Civil detuvo a Liria en su domicilio de Fines el 15 de junio de 2021, encontró 26.250 euros en efectivo: 8.000, 7.800 y 6.300 euros en sendos sobres, 1.600 en el bolsillo de una chaqueta y 2.550 en otras prendas, que él alegó que eran regalos para su futura boda.
Intercambio de mensajes sobre las licitaciones
El hermano de Liria, Francisco, también está presuntamente implicado en la trama. Él era el administrador de Corpfam Global Investment, la empresa a través de la que López trató de blanquear el dinero obtenido por el contrato de las mascarillas, hasta que en 2018 el adjudicatario le sucedió en ese cargo. Y él es también con quien López se intercambia mensajes de WhatsApp en abril de 2020 relacionados con adjudicaciones de la Diputación de Almería a municipios almerienses de los que la UCO deduce que “podría incardinarse un proceso para la adjudicación de forma fraudulenta y dirigida de un contrato público, concretamente en un procedimiento en el que fuese necesaria la existencia de varias ofertas, adquiriendo aparentemente la mercantil Pulconal el papel de ofertante de acompañamiento o figurado”.
Concretamente, las sospechas se centran en contratos vinculados con los municipios de Sufli y Ballarque, según el informe que la UCO le traslada a la jueza el pasado 15 de febrero, en el que solicitan que les permita obtener toda la documentación relacionada con los mismos, y al que ha podido tener acceso EL PAÍS. “Francis. Más obras en el correo Sufli y ballarque (sic), no nos presentamos. Me acaban de llamar de diputación. Anota esas dos para cuando lleguen no nos presentamos”, le escribe López al hermano del entonces vicepresidemte de esa entidad, el 15 de abril de 2020. “Vale. ¿Te han dicho si presentamos altos? ¿O que no presentemos?”, le responde Francisco Liria. “Directamente, no nos presentamos”, responde López.
Tres días después, López le pregunta a Francisco Liria: “Francis, de todos los correos que te mande [sic], ¿seguro que no había ninguna adjudicación para nosotros?”; Liria le responde: “Seguro. Eran 4 para otros”. López le dice entonces: “Me ha llamado C. que por qué [sic] no presentábamos la documentación de 3 o 4 obras. Le he dicho que no teníamos nada”. Francisco le responde que las cuatro adjudicaciones que llegaron en un día concreto no eran para Pulconal, “¿a ver si era las que no presentáramos?”, se pregunta el hermano del exvicepresidente de la Diputación. A lo que López le replica: “Nos tenemos que presentarnos a todas, tío. Mira a ver si se puede presentar si hay algo que no”.
Para la UCO esta serie de mensajes “evidencia que desde la propia Diputación de Almería se solicita a la mercantil Pulconal que no se presente a un determinado contrato público al que va a ser invitado (o que presente una oferta no competitiva) con el aparente ánimo de orientar el procedimiento hacia una tercera empresa”. Los investigadores constatan que en el marco temporal en que Pulconal licita y resulta adjudicataria de varios contratos menores con la Diputación, también se presenta como invitada a otros procesos relacionados precisamente con los municipios de Sufli y Ballarque.
Sobre estos últimos, la Guardia Civil considera relevante una llamada entre el entonces vicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, y su primo e hijo del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez López, el 11 de diciembre de 2020. Ambos conversan sobre una obra en Ballarque y también aluden a otra en Sufli y en Fines. Sánchez López consulta a su primo sobre el cobro de las facturas por esos trabajos. La UCO llama la atención sobre la empresa que fue adjudicataria de esas obras: OYC, Servicios Urbanos que, de acuerdo con la declaración como testigo en la investigación del administrador único de otra empresa que subcontrataba obras con Pulconal y OYC, pertenece al alcalde de Fines “pero tiene a un encargado que hace las veces de gerente de la empresa” y señala que cuando entrega los pagarés, “estos van firmados por Rodrigo (hijo del alcalde de Fines)”. En el Registro Mercantil, el administrador único que figura en esta empresa es Óscar Muñoz Pérez.
Ese Rodrigo fue pillado saliendo de casa del padre de su primo Óscar, el día en que éste fue detenido por la Guardia Civil, el 15 de junio de 2021, con un sobre lleno de billetes. Sánchez López figura también como administrador único de dos empresas que el exvicepresidente de la Diputación utilizó presuntamente como pantallas para ocultar el dinero de las mordidas por el contrato con las mascarillas.
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