El Parlamento balear constituye una comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’

El Parlamento de Baleares ha dado luz verde este martes a la comisión no permanente de investigación sobre el caso Koldo y el contrato que el Gobierno de las islas que presidió la socialista Francina Armengol suscribió con la principal empresa investigada en la trama para la adquisición de un millón y medio de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros. La comisión será presidida por el grupo parlamentario de Vox, que fue el que, con el apoyo del PP, propuso su creación. Entre las citaciones de comparecientes que se plantean están la de la presidenta del Congreso y expresidenta balear y la del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La diputada de Vox María José Verdú será la encargada de presidir la comisión, mientras que la vicepresidenta será la parlamentaria del PSIB-PSOE Pilar Costa y la secretaria la diputada del PP, Marga Durán. En los próximos días los miembros de la comisión establecerán el plan de trabajo y el calendario de comparecencias. Verdú ha defendido este martes en Cadena Ser la necesidad de la comparecencia de Armengol, al considerar que “era la máxima responsable en ese momento” del Ejecutivo balear.

Sin embargo, Vox no es partidario de la comparecencia de la actual presidenta de la comunidad, Marga Prohens, bajo cuyo mandato se ha dejado caducar el expediente de reclamación de las mascarillas defectuosas iniciado por el Gobierno socialista. “Investigaremos el expediente y a todas las personas que estén vinculadas y que creamos que tienen que comparecer, las llamaremos. Ahora mismo no hay ningún indicio que haga presuponer que tengamos que solicitar la comparecencia de Prohens “, ha subrayado. “Es una comisión al servicio únicamente de que el PP redacte sus conclusiones y, sobre todo, proteger a Prohens para que no dé las explicaciones que tiene que dar”, dice el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, que acusa a la comisión de no ser “imparcial. Para Negueruela las conclusiones “nacen ya escritas” y reprocha que Vox ya ha decidido quién tiene que comparecer, incluso antes de haber elaborado un plan de trabajo.

El Servicio de Salud de Baleares gastó 3,7 millones de euros en un millón y medio de mascarillas FPP2 en mayo de 2020, en el peor momento de la pandemia, y reclamó la devolución del sobrecoste a la empresa Soluciones de Gestión, al ser de peor calidad que lo adquirido, casi tres años después. La reclamación, planteada por el Gobierno de Francina Armengol, fue tramitada después por el Ejecutivo de Prohens, que renunció a ello el pasado mes de marzo alegando que no tenía opciones de prosperar. El Gobierno de Baleares ha abierto ahora una nueva vía administrativa para reclamar el importe íntegro de las mascarillas por una suma total de 3,7 millones de euros. El Servicio de Salud afirmó que hay suficientes elementos para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato, lo que obliga a la administración a desistir del procedimiento abierto.