El Gobierno balear cuestiona miles de contratos anticovid tras dejar caducar la reclamación a la trama Koldo

El Gobierno del Partido Popular en Baleares ha iniciado un expediente de nulidad de contrato tras dejar caducar la reclamación de más de 2,6 millones de euros por la compra de mascarillas defectuosas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Koldo García, asesor principal del exministro José Luis Ábalos, fue quien llevó ante las puertas del Gobierno Balear, por entonces dirigido por la socialista Francina Armengol, a la empresa Soluciones de Gestión para vender material sanitario en plena pandemia. En la víspera de Semana Santa, presionado por el escándalo de que el PP dejó pasar el plazo para reclamar los costes, Javier Ureña, director general del servicio de salud balear (IBSalut), inició un nuevo procedimiento para anular el contrato y exigir que la empresa devolviera el total de lo acordado, es decir, 3,7 millones. El problema que plantea este giro de timón para conseguir recuperar el dinero perdido es que los motivos para dejar sin efecto esa adjudicación contradicen lo que ya ha investigado el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía sobre esta empresa y otros contratos firmados en los peores momentos de la pandemia, según ha podido comprobar EL PAÍS en un análisis de cientos de adjudicaciones públicas de todo tipo de administraciones durante esos meses.

En la resolución de oficio para declarar la nulidad del contrato, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Instituto de Salud balear alega “una posible falta de solvencia” de la empresa vinculada a la trama Koldo y “falta de capacidad para contratar el suministro”. Es decir, que la actividad que Soluciones de Gestión desarrollaba antes de la covid no era la compra-venta de mascarillas y no tenía “en el momento de la adjudicación” el avituallamiento de ese material que le vendió al Gobierno balear. Unos motivos de supuesta nulidad que se repiten en miles de contratos adjudicados por todas las administraciones públicas. Pocas empresas que entraron al negocio de la venta de mascarillas esos meses estaban especializadas en importar material sanitario. No era necesario: el carácter de emergencia de esas adjudicaciones (Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo) permitió que irrumpieran en ese mercado muchos proveedores inexpertos, desde fabricantes de bebidas energéticas, pasando por papelerías, fabricantes de yeso, o cualquiera con contactos en China.

La iniciativa del Govern se enfrenta de esta manera contra un muro de realidad y extiende un velo de sospecha a lo que se hizo en el resto de España sobre cientos de contratos que las administraciones firmaron en situación de emergencia. A veces, bastaba una conversación telefónica con la empresa contratada y sin que su actividad económica necesariamente coincidiese con el objeto del contrato. Tampoco si era solvente, si tenía capacidad para llevar a cabo el trabajo o si tenía en sus almacenes los suministros que la administración le iba a comprar.

En el caso concreto de la empresa señalada, Soluciones de Gestión, la Fiscalía ya investigó las licitaciones del caso Koldo y no apreció ninguna irregularidad sobre los procedimientos que se ejecutaron para la contratación de compra de mascarillas. Y el Tribunal de Cuentas fiscalizó entre 2020 y 2022 miles de contratos de la administración central (ministerios de Sanidad, Transportes y otros), de los ayuntamientos más poblados de España y de comunidades autónomas y tampoco encontró en las adjudicaciones ninguna de las anomalías que señala ahora el Govern balear. No porque no se produjeran, sino porque los contratos estaban amparados por el real decreto que permitió a la Administración comprar, contratar o encargar una obra sin tener que cumplir los trámites habituales.

EL PAÍS ha cruzado un centenar de contratos que aparecen en los informes del Tribunal de Cuentas con datos del Portal de Contratos del Sector Público y con la base de datos de Fundación Civio, que recoge las más de 25.000 adjudicaciones de emergencia que se realizaron durante 2020. Y ha observado cómo en toda España se firmaron miles de contratos con ausencia de esos requisitos que ahora el Govern considera imprescindibles para defender la nulidad de la adjudicación a la trama Koldo.

En un informe del Tribunal de Cuentas —que analiza las adjudicaciones que hicieron los ministerios del área económica y sus organismos autónomos— destaca cuatro contratos del Ministerio de Sanidad con la principal adjudicataria de material sanitario en la pandemia FCS Select Products por un valor de 217 millones de euros. Esta compañía, señalada también porque le pagó dos millones a la pareja de Isabel Díaz Ayuso en comisiones, tiene como objeto social “importación, exportación y distribución de toda clase de productos del ramo de la alimentación”. Tampoco su solvencia técnica fue acreditada, apunta el informe, y su solvencia económica se acreditó después de la firma de los contratos millonarios. Pese a ello, el tribunal concluye: “Dichas comprobaciones se han de enmarcar en una situación de emergencia donde la necesaria premura de las operaciones a realizar, que colisiona con la ocasional lentitud de estos trámites, y el hecho de que no sea necesaria la tramitación de un expediente de contratación, modulan el cumplimiento de la labor de verificación de estos requisitos”.

Un caso similar se produjo con el contrato del Ministerio de Sanidad con Hyperin Grupo Empresarial, de 3,3 millones de euros, por la adquisición de 144 dispositivos de ventilación. El objeto social de esta compañía es la “fabricación de yeso para la construcción”. El Tribunal de Cuentas agrega que lo mismo sucedía con casi todas las empresas asiáticas con las que se contrató: “No existe documentación relativa a su solvencia y capacidad, apreciándose que no se trata de empresas fabricantes sino de intermediarias”.

Los motivos del Govern para anular el contrato con Soluciones de Gestión chocan además con la situación de las adjudicaciones de los casos más mediáticos, que pese a ser investigados por posibles tramas corruptas o enriquecimiento ilícito o blanqueo de capitales, no pudieron ser cuestionados por los procedimientos de contratación. Así, los comisionistas que estafaron al Ayuntamiento de Madrid con seis millones de euros, Luis Medina y Alberto Luceño, firmaron acuerdos con el Consistorio sin acreditar solvencia ni capacidad para importar material sanitario y la Fiscalía no valoró el tipo de contratación porque debía tener en cuenta la ausencia de reglas que permitía el estado de alarma.

La Papelería J. Puy, ubicada en Barcelona, tampoco se dedicaba a la venta de material sanitario, sino al suministro de material de oficina, pero consiguió dos contratos de compra por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, desinfectante y kits de limpieza por casi 264.000 euros (sin IVA). La papelería ya era un proveedor conocido en la Delegación de la AEAT catalana por venderle ocasionalmente sus productos. Circunstancia que llevó a varios diputados de Vox a registrar en junio de 2020 una pregunta parlamentaria sobre por qué se eligió a esta empresa para la compra y si alguno de sus trabajadores e intermediarios era familiar de alguien del Gobierno o de la AEAT. El Ejecutivo respondió casi dos meses después que no existía ningún parentesco y añadió: “El órgano de contratación procedió a seleccionar a la empresa por ser la opción que presentaba unas condiciones económicas más ventajosas, así como unos plazos de entrega acordes a las necesidades”.

La “solvencia” no solo fue una cuestión que no revisaron la mayoría de las administraciones, incluso hubo algunas como la del Ayuntamiento de Madrid que adelantaron dinero antes de tener en sus manos el material sanitario que pretendían comprar. Es el caso del contrato del Consistorio madrileño con una consultora del empresario Philippe Solomon, con sede en Nueva York, a la que le transfirieron 1.250.000 euros a través de la Empresa Funeraria. Las mascarillas que envió Solomon eran defectuosas y la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, intentó devolverlas sin éxito. El Ayuntamiento de Madrid aún está peleando por ello en los tribunales.

¿Por qué entonces el Govern ha iniciado la declaración de nulidad del contrato si la mayoría de contratos en España se firmaron bajo la misma ausencia de requisitos? Hay que remontarse a marzo de 2023. Habían pasado tres años desde que se detectó que el lote de mascarillas que el Ejecutivo de Armengol había adquirido a la empresa de la trama Koldo no eran las que habían pedido (FFP2) y decidieron reclamar la diferencia de precio por unas mascarillas defectuosas. En agosto de ese año, ya con Marga Prohens (PP) al frente del Gobierno, tramitan esa reclamación del dinero: 2,6 millones de euros; dan plazo a la empresa para que presente alegaciones y fijan el 18 de enero de 2024 para resolver el expediente. Y, sin que la causa avance por falta de respuesta de la administración balear, dejan caducar el expediente de reclamación. El Govern balear alega que por un error en los meses de plazo indicados.

Con el expediente caducado, los casi 3 millones de euros perdidos por los ciudadanos de Baleares, y el caso Koldo en cada informativo —un auto de la Audiencia Nacional ve indicios de que Koldo García pudo influir en que el trámite expirase— llegan a la víspera de Semana Santa y anuncian que pretenden anular por completo el contrato. Una medida que cuestiona cientos de contratos que se firmaron en España en los peores momentos de la crisis sanitaria.