El Gobierno de Baleares inicia una nueva reclamación por las mascarillas del ‘caso Koldo’ distinta a la de Armengol

La rama balear de la supuesta trama del caso Koldo ha añadido este jueves otro elemento más al intenso enfrentamiento entre PP y PSOE en las Islas. El Govern presidido por la popular Marga Prohens ha registrado una nueva reclamación para exigir el importe total de las mascarillas defectuosas compradas por el Ejecutivo de su antecesora, la socialista Francina Argengol, a la empresa ligada a la presunta red corrupta, durante la pandemia de covid-19. La ahora presidenta del Congreso impulsó un expediente previo y distinto para exigir la devolución. Los socialistas acusan a Prohens de haber dejado expirar el plazo de esta segunda reclamación y piden la dimisión de la actual consejera de Salud. El Govern lo niega.

La empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, asesor principal del entonces ministro José Luis Ábalos, litiga desde hace un año con Baleares por el supuesto incumplimiento en la venta de 1,4 millones de mascarillas con calidad inferior a la comprometida por un importe de 3,7 millones de euros. Los responsables del anterior Gobierno socialista balear defienden que a los pocos días de llegar esas mascarillas —que creían FFP2 y la empresa etiquetó como FFP2/KN95— las mandaron a analizar a su laboratorio; y comprobaron que no tenían la máxima calidad ni la capacidad de filtración para ser utilizadas en hospitales. Aseguran, no obstante, que eran útiles para el uso civil, y que por este motivo las pagaron con urgencia porque las querían tener en stock, como les requería el Ministerio y aconsejaba la OMS. Además, contarían con varios documentos que según Armengol les respaldan a la hora de probarlo.

El 20 de marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones del 28-M en las que Armengol perdió el Ejecutivo de Baleares, el director general de Salud, Manuel Palomino, comunicó a la empresa Soluciones de Gestión que al haberse detectado que las mascarillas adquiridas durante la pandemia no cumplían con los requerimientos técnicos, “se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situación que ha ocasionado este hecho”. Solo cuatro días después, la empresa contestó: “Las mascarillas suministradas KN95 lo eran conforme a lo convenido por ambas partes y cumplían perfectamente con los requisitos administrativos aplicables. Es completamente extemporáneo e improcedente que, en el marco de una contratación de emergencia, se nos comunique casi tres años después unos supuestos defectos en el suministro realizado sobre la base de un análisis de mascarillas FFP2 que no fueron las suministradas”.

Dos meses después, el pasado 6 de julio, Armengol impulsó una propuesta de reclamación de 2,6 millones de euros. El importe se correspondía con la diferencia de valor entre un tipo de mascarillas, de mejor calidad, y otro. Más tarde, el 24 de agosto, ya con Prohens al frente del Govern, la Consejería de Salud formalizó dicho escrito. Pero el funcionario que tramita el documento comete “un error” —señala Javier Ureña, actual director general del Servicio de Salud balear (IBSalut)—, al elaborar el documento e inscribe un plazo de caducidad de la reclamación de tres meses en lugar de ocho, como corresponde a este tipo de expedientes según el artículo 212. 8 de la Ley de Contratos del Servicio Público (”los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses”).

El PSOE considera que el plazo expiró en noviembre al tomar como referencia esos tres meses. Mientras que el PP se basa en los ocho de dicho precepto. Los populares alegan por otra parte que han iniciado una reclamación distinta por dos motivos fundamentales: exigir el importe total de las mascarillas, 3,5 millones de euros y cambiar la fundamentación jurídica del expediente. Según los populares, el informe de Armengol incluía una certificación firmada en verano de 2020 asumiendo que el material era apto. “Tenía pocas posibilidades de prosperar”, afirma Ureña por teléfono. Y explica que la reclamación registrada este viernes por el Govern ha excluido dicha certificación y, por contra, alega la nulidad del contrato con Soluciones de Gestión, una empresa sin experiencia en estos asuntos. Ese razonamiento distinto implica a su vez que el proceso se regule por el artículo 106 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no por la citada anteriormente. Por lo que el plazo que se abre ahora es de seis meses y no de ocho.

Petición de dimisión

Todos estos argumentos son rechazados por el PSOE, que exige la dimisión de la consejera de Salud, Manuela Garcia, y del director del IBSalut, Javier Ureña. “Ureña sabía que el expediente estaba caducado cuando saltó públicamente el caso, y ha difamado al anterior Ejecutivo ocultando esta información”, ha criticado Iago Negueruela, portavoz socialista en el Parlamento balear, que ha acusado de “mentir” a la presidenta balear, Marga Prohens, y los responsables de la consejería de Sanidad. Ureña acusa de “ocultación” al Ejecutivo de Armengol y asegura que no dio más importancia a una reclamación que pasa por sus manos como otras cualquiera. Y que no fue hasta el estallido del caso Koldo que repararon en la misma.