Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, a juicio por la supuesta estafa de las mascarillas

El magistrado Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, ha enviado al banquillo a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, procesados por una supuesta estafa millonaria cometida contra el Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario durante la peor fase de la pandemia de covid. El juez, que acabó su investigación en abril, concluyó que ambos se embolsaron seis millones de euros tras engañar al Consistorio de la capital y les atribuye delitos de estafa agravada y falsedad documental —a Luceño, también se le imputa un delito contra la Hacienda Pública—. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Medina y 15 para Luceño.

Esta resolución de apertura de juicio oral, fechada este 23 de octubre y contra la que no cabe recurso, escribe así un nuevo capítulo de un caso que conmocionó a la opinión pública cuando estalló en abril de 2022. Dos empresarios que se presentaban como experimentados “agentes” dedicados a la exportación (uno de ellos, un habitual de la prensa del corazón y hermano del actual duque de Feria) se aliaron presuntamente para enriquecerse a costa del erario público, aprovechándose además de la situación de caos generada por la pandemia, cuando las Administraciones se encontraban desbordadas y miles de personas morían por una enfermedad desconocida.

Según las conclusiones del juez Carretero, la idea de la estafa les surgió nada más estallar la crisis mundial y decretarse el estado de alarma en España, en marzo de 2020, con millones de ciudadanos encerrados en sus casas atemorizados. Fue en ese momento cuando, ante la “imperiosa necesidad” que tenía el Ayuntamiento de obtener material sanitario, Luceño y Medina “urdieron un plan” para suministrarle guantes, mascarillas y test de covid, procedentes de una empresa malasia llamada Leno. Los dos empresarios fingían que actuaban de forma “altruista”, pero ejercían realmente como intermediarios e inflaban presuntamente los precios para embolsarse casi seis millones de euros en comisiones.

Favorecidos por la “laxitud en los controles” de contratación de la Administración, que saltaron por los aires durante la pandemia, los dos socios tiraron de contactos para llegar hasta el corazón del Consistorio. “Medina, valiéndose de su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del [fallecido] duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón y televisión, [...] obtuvo el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida”, resumió el magistrado en una resolución. De seguido, el familiar del regidor facilitó a Medina el email de la persona encargada de la compra de material sanitario en el Consistorio: “Y de este modo tan rápido y eficaz —al margen del correo general de ofertas del Ayuntamiento y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes—, Medina proporcionó los datos necesarios a su amigo Luceño para que iniciase las gestiones de la oferta del material sanitario”, señaló Carretero en su escrito.

En palabras del magistrado, el hermano del actual duque de Feria jugó el papel de “facilitador”. Por su parte, Luceño fue “el auténtico gestor del negocio criminal”: mantenía la comunicación con Leno e, incluso, llegó a engañar a su socio en el reparto de las ganancias. La Fiscalía Anticorrupción señaló que él se quedó con cinco millones de las comisiones (con los que adquirió una casa, coches de alta gama y relojes de lujo); frente al millón que acabó en las cuentas de Luis Medina, con el que se compró, por ejemplo, un yate que registró en Gibraltar.

Precios desorbitados

Para lograr sus objetivos, los precios fijados por los comisionistas alcanzaron un nivel desorbitado, según el magistrado, que desechó la tesis de que en la trama estuvieran implicados altos cargos del Consistorio. El juez Carretero señaló que los procesados, además de esconder “su nula experiencia en temas de material sanitario” y ocultar que ellos se embolsarían parte del dinero entregado, engañaron al Consistorio para inflar el coste de las mascarillas en un 60%; el de los guantes, en un 81%; y el de los test, en un 71%. Después, ambos entregaron a sus bancos documentación presuntamente falsificada para justificar la ingente cantidad de euros que habían ingresado. A Luceño, al que la Agencia Tributaria atribuye además una trama societaria para defraudar más de un millón de euros, le encontraron igualmente en su casa otros documentos falsos, como un carné y una placa del CNI, y 78 versiones de una carta firmada por el alcalde Almeida.

En su orden de apertura de juicio oral, el magistrado da a los dos procesados un plazo de un día para depositar una fianza de 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, que servirá para compensar a la Administración por si son condenados. A Luceño también le obliga a entregar otros 1,3 millones de euros por su supuesto delito fiscal.