La ley del silencio se impone en Fines

En el Buen Gusto lounge bar Shakira canta desde el hilo musical para unas mesas completamente vacías. Los altavoces, a un volumen considerado, convierten a la colombiana en la banda sonora a una avenida Juan Carlos I que a media mañana de este miércoles era un erial. Es la arteria principal de Fines (Almería, 2.104 habitantes), al norte del desierto de Tabernas, donde no hay un alma en la calle.

El escenario es muy distinto al de los pasados 15 y 22 de junio, cuando la Guardia Civil realizó registros en domicilios y empresas del municipio, encontrando sobres con dinero y arrestando (tras sorprenderlo con 120.000 euros en metálico) a Rodrigo Sánchez López, hijo del alcalde, Rodrigo Sánchez Simón, del Partido Popular. Este es, a su vez, tío de Óscar Manuel Liria Sánchez, en ese momento vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, detenido también en el llamado caso Mascarillas. La investigación lo señala como destinatario de entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones ilegales por la adjudicación de un contrato de material sanitario durante el confinamiento. Los tres, junto a un puñado de familiares y responsables políticos, declararán en el juzgado en los próximos días como investigados.

Pocos se sorprendieron de la operación policial y de que esta apuntara al entorno familiar del regidor de Fines, pueblo rodeado de explotaciones de mármol y cuya economía depende en gran parte del gigante Cosentino. Muchos vecinos no quieren ser señalados. Cuando se les pregunta por el regidor ponen cara de circunstancias: abren mucho los ojos y mueven la cabeza hacia los lados. “Nada que declarar”, dicen con tono oficial desde una asesoría fiscal. “Ahí ni salgo ni entro”, contestan en el estanco. En el mercado municipal las vecinas callan. Ni mu. Mantienen la boca cerrada tras la mascarilla. El silencio ejerce de escudo del regidor, quien revalida fáciles mayorías desde que llegó al cargo en 2003. El pacto vecinal incluye hacer como si el pasado verano la Guardia Civil no hubiera pasado por allí ni hallado un dineral en sobres en el dormitorio del sobrino del alcalde.

Eduardo Robles, que llegó desde Linares (Jaén) hace seis años, tampoco se moja. Tras el mostrador de una tienda de alimentación dice que lo que más le sorprende de Sánchez Simón es la efusividad con la que lo saluda. “Y no nos conocemos de nada”, aclara. Esa cercanía y su carácter “amable, gracioso y bonachón”, según sus vecinos, son los pilares de un carisma que lleva al político a caer bien. “Tiene muy buen cartel en toda la comarca”, asegura un periodista de la zona. A cambio, sus rivales políticos apuntan a que muestra un carácter “de cacique” para dirigir el pueblo. En la zona hay quien le apoda el capo y lo define como un “político empresario, que no emprendedor” que se enriqueció con el bum de la construcción y gestiona junto a su entorno cercano empresas de diversos sectores. Entre ellas hay un restaurante, Ágora, que ejerce de cuartel general familiar.

El caso Mascarillas no es la primera relación con la justicia de Sánchez Simón. En 2009, la Fiscalía encontró indicios de prevaricación después de que una de sus empresas adquiriese una vivienda en Fines y 16 meses después la vendiera al propio Ayuntamiento por 72.000 euros, pero finalmente se archivó. En 2014 sí que fue condenado a 21 meses de prisión, junto a su hermano, por construir sin licencia un edificio anexo a su vivienda y una piscina en una de sus fincas, aunque más tarde la Audiencia de Almería lo absolvió.

El alcalde siempre ha salido bien parado de los tribunales. Es lo que lleva a Juan Herrero, candidato líder del PSOE local, a la mayor de las cautelas. “Debe ser la justicia la que se pronuncie sobre este caso”, afirma quien ya denunció a Sánchez por injurias y explica cómo compañeros de partido han abandonado el pueblo, hartos del acoso y amenazas del entorno del regidor, que declinó hacer declaraciones para este reportaje.

Sánchez Simón tiene una posición sólida en el PP de Almería, brazo fuerte del partido en Andalucía. Y en diciembre inauguró en Fines un teatro bautizado con el nombre del presidente de la Diputación almeriense (también en manos populares), Aureliano García. Su mano derecha, Fernando Giménez, también está investigado en el caso Mascarillas, donde la jueza indaga el supuesto pago de comisiones ilegales a cargos públicos de esa administración por parte de Kilian López, hijo de emigrantes almerienses a Cataluña y conocido en Fines, donde pasó los veranos de su infancia. La Guardia Civil cree que el dinero es una contraprestación por la adjudicación de un contrato público de material sanitario en abril de 2020 y por valor de dos millones de euros entre la administración y la compañía Azor Corporate Ibérica, administrada por López, a quien se investiga por su supuesta vinculación con el narcotráfico, la venta de armas y el blanqueo de capitales.

La investigación se centra en Óscar Manuel Liria Sánchez, sobrino del regidor, que hasta su detención era vicepresidente tercero de la Diputación. Ahora expulsado también del PP, los agentes le señalan como supuesto propietario del dinero en metálico encontrado durante los registros en domicilios del 15 de junio en Fines: tres sobres (con 8.000, 7.800 y 6.800 euros respectivamente), así como 1.600 euros en el bolsillo de una chaqueta y otros 2.550 repartidos en prendas de vestir. Los agentes no encuentran explicación al origen de ese dinero ni que le sirvió para adquirir dos BMW X3 que regaló a su padre y la pareja de este. Tampoco a la entrada de 20.000 euros de una vivienda en Huércal-Overa, también para su novia. Aquel día, cuando la Guardia Civil vigilaba discretamente la casa de sus padres, los agentes arrestaron a Rodrigo Sánchez López, hijo del alcalde, saliendo de allí con 119.945 euros en metálico. Su padre afirma que “no le apetece” hablar del tema. Tampoco a sus vecinos de Fines, donde reina la ley del silencio.