El Gobierno andaluz minimiza las imputaciones de miembros del PP en el ‘caso mascarillas’

Almería ha sido el lugar escogido para la celebración del primer Consejo de Gobierno del 2022 de la Junta de Andalucía y las inversiones, infraestructuras y proyectos del Ejecutivo que preside el popular Juan Manuel Moreno en ese territorio han centrado la mayor parte de su intervención tras la reunión. Moreno no ha dedicado ni un minuto a las distintas causas de corrupción que se ciernen sobre su partido en esa provincia y que la justicia está investigando. El más reciente, el caso Mascarillas, en la que una jueza de Barcelona investiga la concesión de un contrato de suministro de material sanitario por dos millones de euros de la Diputación de Almería por el que el exvicepresidente tercero habría cobrado comisiones irregulares de entre 200.000 y 400.000 euros, y en el que está llamado a declarar como investigado Fernando Giménez Giménez, delegado de Presidencia y mano derecha de su presidente y presidente del PP almeriense, Javier Aureliano García.

El entorno de Moreno resta trascendencia a esta imputación y niega que el resto de las citaciones como investigados que la jueza ha realizado a otros miembros de su partido en Almería, como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón —que gobierna el municipio almeriense desde 2003 y que es tío del exvicepresidente tercero y principal implicado en la trama, Óscar Manuel Rodrigo Lirio Sánchez― supongan un problema, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario. El líder del PP andaluz subía esta mañana las escalinatas que llevan hasta el complejo monumental de La Alcazaba acompañado del presidente de la Diputación almeriense, que fue quien firmó el contrato de suministro objeto de investigación y a quien el PSOE ha preguntado este martes si pensaba seguir manteniendo en su cargo a Giménez tras conocerse su imputación en el caso Mascarillas.

La jueza considera que el delegado de Presidencia de la Diputación de Almería fue quien propuso la contratación del suministro de mascarillas a la empresa Azor Corporate Ibérica S. L., cuyo titular, Kilian López, está siendo investigado por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales. López, además, ya había firmado con otra de las sociedades mercantiles a su nombre, Pulconal, otros 13 contratos con la Diputación. Giménez ha declinado hablar para este periódico. Un interlocutor de la Diputación almeriense ha indicado a este diario que el dirigente popular solo hará declaraciones ante la jueza y se remite a su intervención en la comisión de investigación sobre el caso que se abrió el pasado verano.

En su intervención entonces, Giménez reconoció que fue Liria quien recomendó el nombre de Azor para realizar el contrato de mascarillas y facilitó a la empresa sus datos de contacto. El PSOE alegó que el acuerdo de dos millones de euros se gestionó por Giménez a través de su correo personal en 12 horas. Fue la empresa de Kilian quien llamó primero al número dos de Aureliano, quien habló con una tercera persona y luego con el propio López, si bien, en la comparecencia, Giménez alegó que no recordaba lo que había hablado con ellos.

El interlocutor de la Diputación sostiene que el expediente que tramitó Giménez, porque le correspondía por su cargo, “es su garantía legal de que todo se hizo bien” y será también lo que esgrima ante la jueza. La comisión de investigación concluyó sin señalar ninguna responsabilidad política gracias a los votos del PP y Cs, la abstención de Vox y la oposición del PSOE. Además de las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato, Azor no solo no entregó a tiempo el material sanitario comprometido, sino que parte de lo entregado era defectuoso. Aureliano resolvió el contrato con la empresa apenas 15 días antes de que estallara el escándalo por las presuntas comisiones irregulares cobradas por su entonces vicepresidente tercero.

Los frentes judiciales que tiene a gobiernos municipales del PP de Almería en el punto de mira se han multiplicado en las últimas semanas. Después de siete años de idas y venidas con la instrucción del caso Hispano Almería, en cuyo trasfondo subyace la supuesta financiación ilegal del partido en esa provincia, la jueza a cargo de la investigación ha concretado las imputaciones sobre el secretario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Guillermo Lago; la concejal de Hacienda y Contratación, Teresa Fernández; al exinterventor Luis Ortega; y a tres de sus técnicas municipales, así como a otras 20 personas vinculadas con el consistorio de La Mojonera, entre ellas su exalcalde, José Cara.

Ambas localidades son el principal escenario de una investigación policial que se inició en 2014 y que concluyó que el PP de Almería, la organización provincial más poderosa del partido en Andalucía, financió sus campañas electorales para las municipales de 2003 y las autonómicas de 2008 con comisiones ilegales procedentes de la constructora Hispano Almería. Ahora, la jueza del caso trata de determinar si ese conglomerado empresarial mantuvo un sistema de pagos a este partido a cambio de la adjudicación de obras, y si hubo enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.