La investigación de las comisiones irregulares en la compra de mascarillas en Almería apunta a otro alto cargo de la Diputación

Las pesquisas del caso Mascarillas apuntan a la implicación de un nuevo alto cargo de la Diputación almeriense y mano derecha de su presidente, Javier Aureliano García. El diputado delegado de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, Fernando Giménez Giménez, está llamado a declarar en calidad de investigado el próximo 4 de febrero por videoconferencia ante la jueza de Barcelona que instruye la causa, Ángeles Fernández Tió, según ha podido saber este diario a través de los informes y actuaciones policiales y judiciales a los que ha tenido acceso. La trama de corrupción investigada cobraba supuestamente comisiones ilegales de entre 200.000 y 400.000 euros al exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería —gobernada por el PP― por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario en el arranque de la pandemia por importe de dos millones de euros a una empresa cuyo titular está vinculado con el narcotráfico, la venta de armas y el blanqueo de capitales.

De acuerdo con el auto dictado por la jueza el pasado 7 de octubre, la propuesta de contratación para el suministro de mascarillas FFP-2, monos de protección y guantes de nitrilo que Aureliano firmó el 8 de abril de 2020 con la empresa Azor Corporate Ibérica, partió de Giménez y por ello se le investiga. Además de mano derecha del presidente de la Diputación de Almería y presidente del PP en esa provincia —la organización provincial más importante de los populares en Andalucía―, Giménez es el vicesecretario de Organización del partido en Almería y ejerció como jefe de Gabinete de Gabriel Amat —el alcalde de Roquetas de Mar, cuyo Ayuntamiento es el epicentro de otra investigación sobre presunta corrupción de los populares, aunque él no está imputado― entre 2011 y 2018, cuando este fue presidente de la Diputación almeriense,

En la adjudicación de ese contrato, de acuerdo con la jueza, “intervino de forma decisiva Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez”, uno de los principales investigados en la causa quien “recibiría entre 200.000 y 400.000 euros en concepto de comisión”, indica el auto consultado. Liria Sánchez fue detenido en junio de 2021, cuando se destapó la operación. En ese momento era vicepresidente tercero de la Diputación de Almería y, en cuanto se conoció su detención, fue destituido y expulsado del PP.

Padre, hermano, tío, primo y novia, supuestamente implicados

Buena parte de las imputaciones del caso mascarillas gira en torno al ámbito familiar y empresarial —íntimamente ligados uno con el otro― de Liria, cuyo centro de operaciones se encuentra en el municipio almeriense de Fines (2.200 habitantes), del que el exvicepresidente de la Diputación también era concejal en el momento de su detención y a cuya acta renunció el 30 de junio. Su tío y alcalde de la localidad desde 2003, Rodrigo Sánchez Simón (PP), también está llamado a declarar por videoconferencia en calidad de investigado el próximo 21 de enero, de acuerdo con la providencia dictada por la jueza el pasado 22 de noviembre.

Sánchez Simón fue administrador hasta 2017 de la Comercial del Seguro del Almanzora, S. L., una aseguradora con sede en Fines cuya actual administradora única es su excuñada Hortensia López Moreno, tía a su vez de Kilian López, el titular de Azor, la empresa que se benefició del presunto amaño en el contrato de suministro de material sanitario y que fue quien detonó todo el caso Mascarillas, ya que la investigación se inició por su supuesta vinculación con una organización criminal dedicada al narcotráfico en Europa, el tráfico de armas, la extorsión y el blanqueo de capitales. Otra de las empresas administradas por Kilian López, Pulconal S. L., también se ha beneficiado de 13 contratos adjudicados por la Diputación de Almería, de acuerdo con el auto de la juez de octubre de 2021. Hortensia López también está llamada a declarar como imputada el 21 de enero.

Las presuntas conexiones familiares y empresariales del alcalde de Fines y de su sobrino y exvicepresidente de la Diputación, no terminan con su excuñada. El hijo de Sánchez Simón y primo de Liria, Rodrigo Sánchez López, fue interceptado por la Guardia Civil el 15 de junio de 2021, cuando sacaba del domicilio del padre de Liria 119.945 euros en metálico. Tras ser detenido, los agentes registraron la vivienda del padre de su primo, Francisco Liria Valdez, donde encontraron otros 29.500 euros en metálico distribuidos en tres sobres. La propiedad de los 176.1955 euros intervenidos en total “sería indicialmente imputable a Óscar Manuel Liria e igualmente podrían tener su origen en el pago de comisiones ilegales que se investigan”, concluye el informe de la investigación elaborado por la UCO.

Ese mismo día, en el domicilio de Óscar Manuel Liria también se encontraron 26.750 euros distribuidos en sobres —uno con 8.000; otro con 7.800 y un tercero con 6.300 euros― y en distintas prendas de vestir, que los investigadores también relacionan supuestamente con las comisiones ilegales procedentes del contrato de material sanitario firmado entre la Diputación de Almería y Kilian López.

El padre del exvicepresidente de la Diputación almeriense también está llamado a declarar como investigado el próximo 4 de febrero. La jueza investiga, además, el regalo por parte de su hijo de un coche de alta gama (un BMW X3) que, presuntamente, habría adquirido “con fondos con origen desconocido que pueden guardar relación con los supuestos delitos que se investigan”, de acuerdo con la investigación de la UCO.

No es la única compra de vehículos realizada por Liria que está bajo sospecha y que podría haber sido pagada a cuenta de las mordidas obtenidas por el ex alto cargo del PP almeriense. La adquisición de otro BMW por parte del exvicepresidente de la Diputación a su novia y el desembolso de 20.000 euros como entrada para una vivienda para la pareja, también están bajo la lupa de la investigación que considera que podrían haber sido utilizados como mecanismo para blanquear el dinero obtenido por las mordidas, según el informe de la UCO. La novia, también está llamada a declarar como imputada el cuatro de febrero.

En la compra de ese coche se investiga el uso de un entramado de empresas familiar como pantalla para ocultar el origen del dinero. La Guardia Civil ha centrado las pesquisas en las sociedades mercantiles Al Miraya y Gesa, ambas ubicadas en Fines, ambas administradas por el hijo del alcalde y ambas vinculadas con sus primos, Óscar y su hermano Francisco Liria Sánchez —que también está investigado en la causa por la que tendrá que declarar el 21 de enero―. Otra de las entidades vinculadas en esta trama es García Construcción Sostenible, cuyo “administrador de facto”, es Juan Antonio Manrique Vargas y que también aparece como imputado. Las tres entidades “habrían dado soporte a los hermanos Liria para ocultar el origen del dinero en metálico que el vicepresidente tercero habría aportado para compensar a Al Miraya el pago de los fondos que esta habría desembolsado para hacer frente a las cuotas mensuales del arrendamiento financiero” para la compra del BMW para su novia, se recoge en el informe de la UCO.

Almería, foco de los últimos casos de supuesta corrupción del PP

La provincia de Almería ha sido tradicionalmente el feudo del PP. Allí se ubica su organización más poderosa y allí celebrará este martes la reunión del Consejo de Gobierno el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Pero en las últimas semanas también ese territorio es el que peores noticias en materia de corrupción está dándole al partido que gobierna la Junta. A finales de diciembre este diario avanzaba que la jueza que investiga la supuesta caja b del PP almeriense imputó al secretario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Guillermo Lago; a la concejal de Hacienda y Contratación, Teresa Fernández; al exinterventor Luis Ortega; y a tres técnicas municipales. Semanas después, la misma magistrada ampliaba las imputaciones en el entorno del Ayuntamiento de la Mojonera, otro de los epicentros de la presunta financiación ilegal de los populares, citaba como investigados a su exalcalde, José Cara, y a otras 19 personas, entre ellas la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo, si bien su llamamiento a declarar era anulado días después por estar aforada.