La juez que investiga la caja b del PP de Almería imputa a la consejera andaluza de agricultura

La jueza Ana Belén Vico que investiga la supuesta caja b del Partido Popular en Almería, ha llamado a declarar en calidad de investigadas a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y a otras 19 personas, según ha podido conocer este diario, que ha tenido acceso al auto firmado el pasado 21 de diciembre. La implicación de Crespo en la presunta trama de financiación ilegal vinculada con el pago de comisiones por la constructora Hispano Almería, SA a distintos ayuntamientos almerienses gobernados por los populares y que se investiga desde 2014, está relacionada con su participación en la gestión de subvenciones al consistorio de La Mojonera —cuyo alcalde también está imputado― cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, entre 2009 y 2011, en contra del criterio de la Intervención, según consta en la investigación realizada por la UDEF.

Crespo, que ha sido llamada a declarar el próximo 8 de abril a las 11. 30, es consejera y diputada autonómica, por lo que expertos consultados consideran que su citación como investigada por la juez que instruye el caso tiene poco recorrido porque al estar aforada solo puede investigarle el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuentes de su entorno han reconocido a EL PAÍS que ella no tiene conocimiento del auto judicial, pero que se encuentra tranquila porque como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente, formada por consistorios, rubricó en 2009 el plan de acción para la construcción de un Museo de la Agricultura en la Mojonera, pero que cuando comenzaron a emitirse los informes desfavorables, a partir de 2011, ella ya no era presidenta, al haber abandonado la alcaldía de Adra.

“Los proyectos que se establecen en un convenio se ejecutan por los ayuntamientos, una asociación por sí misma no puede decidir sobre esas cuestiones y, finalmente, es la Junta quien certifica y valida”, indica la fuente consultada. Desde el PP andaluz se remiten a los Estatutos del Partido, que en su artículo 22 establece que en el caso de que se tenga conocimiento de que un afiliado “ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial” se procederá “a la apertura de un expediente informativo” que se transformará “en disciplinario en el momento en el que se tenga a conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente”. Esta es, también, la opinión validada y refrendada por su líder, Pablo Casado.

Antes de ocupar el puesto como consejera de la Junta, Crespo fue alcaldesa de Adra, entre 2003 y 2011 y parlamentaria autonómica desde 1998 hasta 2011, cuando ocupó el cargo de delegada del Gobierno en Andalucía hasta 2015, año en el que volvió a ocupar un escaño en el Parlamento andaluz. En 2009, cuando se creó la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente, firmó en calidad de presidenta el convenio con el Ayuntamiento de la Mojonera para la construcción del Museo de la Agricultura. Su construcción se demoró dos años y Cara, su alcalde, justificó el retraso en que se había dado prioridad a otros proyectos. La construcción se adjudicó a una UTE en la que estaba Hispano Almería. En 2012, el interventor alertó sobre pagos no justificados. Sus notas de reparo no aparecen en el expediente de justificación de la subvención, según consta en el informe de la policía judicial.

Durante su investigación, la UDEF determinó que el PP de Almería, la organización provincial con más poder en Andalucía, financió sus campañas electorales para las municipales de 2003 y las autonómicas de 2008 con comisiones ilegales de la constructora Hispano Almería. La macrocausa, iniciada en 2014, se ha dividido en piezas separadas vinculadas a los Ayuntamientos epicentro de la supuesta financiación ilegal. La juez de Instrucción Número 3 de Almería que instruye la investigación de la supuesta caja b del PP almeriense, ya imputó hace 15 días al secretario, a una edil y al exinterventor de Roquetas de Mar, cuyo alcalde durante 26 años, Gabriel Amat, presidente de honor del PP de Almería y miembro de la nueva ejecutiva de PP andaluz, ha estado en el punto de mira de las irregularidades detectadas en 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, pero nunca ha llegado a figurar como imputado.

Además de Roquetas, otro de los Ayuntamientos señalados por la policía es La Mojonera. Junto a Cara, su alcalde entre 2003 y 2105, están imputados la mayor parte de los exediles del Ayuntamiento que en 2006 votaron a favor del reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de permutas, con informe desfavorable de secretaria e intervención y dos secretarios de la mesa de contratación en ese mismo año. Cara ya fue llamado a declarar como imputado el 18 de julio de 2015 por presunta prevaricación, pero no recogió la notificación y no se presentó en los juzgados.

Su nombramiento como presidente del Instituto de Investigación y Formación agraria de la Junta (Ifapa) a propuesta de Crespo cuando ella llegó a la Junta como consejera de Agricultura, fue muy cuestionado por el PSOE, que recordó que estaba siendo objeto de investigación por el supuesto cobro de comisiones ilegales a consistorios almerienses gobernados por los populares. El vicepresidente andaluz y líder territorial de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, fue el responsable de defender su designación, advirtiendo de que si era imputado por corrupción política “este señor o cualquier miembro de este Gobierno” tendrán “la decencia” de no esperar que nadie pida dimisiones. “Nos iremos antes”, dijo Marín. Cara fue destituido como director del Ifapa en enero de 2021.

Ahora, las pesquisas judicializadas intentan determinar si Hispano Almería mantuvo un sistema de pagos a este partido a cambio de la adjudicación de obras, así como si hubo enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Los exempleados revelaron mordidas en sobres blancos con billetes de 500 euros, entregados siempre en almuerzos o despachos privados a políticos. A Crespo, a Cara y al resto de los 20 imputados —entre los cuales también se encuentran el constructor y dueño de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales, su consejero delegado, Miguel Ángel Morales Carrlilo y otros altos cargos del conglomerado―, la juez los investiga por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y organización y grupo criminal.