El control previo a la eutanasia divide a los partidos en el trámite de la ley en el Congreso
La norma que impulsa el PSOE prevé crear comisiones autonómicas que podrán denegar muertes aprobadas por los médicos, algo a lo que se oponen Podemos y ERC
La creación de comisiones de control que autorizarán o denegarán las solicitudes de eutanasia después de que hayan sido aprobadas por los médicos se perfila como el mayor escollo que deberá superar la ley impulsada por el PSOE en su trámite por el Congreso de los Diputados. Podemos y ERC —en sintonía con entidades como la Asociación Derecho a Morir Dignamente— rechazan este control previo, que ven “innecesario” y “restrictivo”. El PSOE, en cambio, considera que “dará más garantías a los facultativos y también a los pacientes”, que podrán recurrir a ellas para revertir un hipotético rechazo médico inicial. El PNV se alinea con las posiciones socialistas, mientras el PDeCAT —que apoya la regulación— aún no tiene “una posición fijada”. El PP rechaza de plano la norma y Ciudadanos, que impulsa otra ley de cuidados paliativos, mantiene una posición ambigua.
La proposición de ley, que tiene rango de orgánica e implica un cambio del Código Penal, consagra la eutanasia como un “derecho individual”. Podrán acogerse a ella quienes sufran “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causen “un sufrimiento insoportable”. Será prestada por la sanidad pública —en hospitales o el domicilio del paciente—, aunque también podrán aplicarla centros privados. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia.
Aunque el texto no detalla la composición y funcionamiento de las comisiones de control —lo que será desarrollado reglamentariamente—, sí fija que serán nombradas por las comunidades autónomas y recibirán las solicitudes tras haber sido avaladas por dos facultativos. Un equipo formado por un jurista y un médico estudiará si el enfermo cumple los requisitos legales y dará luz verde a su muerte o rechazará el caso.
Este control previo no existe en las leyes vigentes desde 2002 en Holanda y Bélgica, que han inspirado a los redactores del texto. En 2015, hubo 7.538 muertes por eutanasia en ambos países, los únicos junto a Luxemburgo en los que la eutanasia es legal en Europa. En Suiza está despenalizada la ayuda altruista a un enfermo que se quite la vida, el llamado suicidio asistido, paso dado por 742 personas en 2014.
Los "excluidos" de la norma
Los promotores de la eutanasia están insatisfechos con varios puntos de la proposición de ley. Consideran que “excluye” a enfermos “que merecen tener acceso a una muerte digna”. Fernando Marín pone como ejemplo que el texto exija que el paciente de una “enfermedad grave e incurable” tenga “un pronóstico de vida limitado”. “No se detalla qué es ‘limitado’, aunque en medicina solemos contemplar seis meses. Esta redacción está pensada para pacientes de cáncer, cuando otras enfermedades tienen procesos más largos. En Canadá, este punto está dejando fuera de la ley a muchos pacientes con gran sufrimiento”.
Otra “zona gris” es la de las personas con “sufrimiento psicológico”. La ley lo menciona, pero vinculado a una discapacidad o enfermedad y no a “dolencias psiquiátricas”. “Esta es otra vía que puede dejar fuera a mucha gente”, lamenta Marín. Jesús María Fernández, del PSOE, admite que en este punto “queda camino por recorrer”. “Tendrán que ser los psiquiatras los que establezcan qué pacientes son susceptibles de entrar en las categorías recogidas por la ley”, concluye.
La posición favorable a la eutanasia es hoy mayoritaria en el Congreso. PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT —que suman 178 escaños— coinciden en que “es hora de dar respuesta a una demanda social consolidada”. La posición común es que, incluso con un mayor desarrollo de los cuidados paliativos, seguirá habiendo personas sin un pronóstico de muerte inminente que necesitan esta ley. “No podemos condenarlas a vivir entre el sufrimiento. Como sociedad, debemos ofrecerles una salida”, sostienen en términos parecidos Juan María Fernández (PSOE), Amparo Boteraja (Podemos), Joan Olòriz (ERC) y Joseba Agirretxea (PNV).
Las discrepancias sobre el control previo serán, sin embargo, claves para que ley sea aprobada, como se hizo evidente en marzo de 2017 cuando la abstención del PSOE contribuyó a tumbar otra ley de eutanasia propuesta por Podemos. Un voto negativo de Ciudadanos —sumado al del PP— obligaría al resto de formaciones a unirse en su apoyo el texto. Ciudadanos afirma que ve bien “abrir el debate” —en junio votó a favor de admitir a trámite la propuesta socialista—, aunque declara que su prioridad por ahora es impulsar otra ley de cuidados paliativos.
El PSOE considera que el control previo es “prudente, da seguridad a los médicos y no ralentiza el proceso”, afirma Fernández. En filas socialistas se estima que su existencia ayudará a “blindar” la norma ante un hipotético recurso al Tribunal Constitucional del PP y que la inclusión de este requisito puede tranquilizar a algunos sectores que aún ven con recelo la eutanasia.
Podemos alerta de que las comisiones de control pueden convertirse en “un comodín que use el PP para boicotear la eutanasia en las comunidades que controla”, defiende Botejara. “Nuestra ley era más ambiciosa, permitía acceder a una muerte digna a personas que ahora quedan excluidas y no incluía unos requisitos que pueden acabar convirtiéndose en una traba importante”, añade.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente es la entidad que más ha trabajado para que España tenga una ley de eutanasia. Su presidente en Madrid, Fernando Marín, considera un “exceso” el control previo. “El modelo holandés y belga ha demostrado que el control posterior es eficaz En 15 años solo ha habido tres denuncias. Las garantías están muy bien, pero un exceso de controles innecesarios acaba por desvirtuar la ley al hacerla casi impracticable”, afirma.
La Organización Médica Colegial, por su parte, asegura que está a la espera del desarrollo parlamentario de la norma, aunque ya ha dejado claro que “el código deontológico es contrario a que un médico provoque intencionadamente la muerte del enfermo”.
La proposición de ley cerrará el próximo día 25 su primer paso por comisión, tras lo que pasará a la ponencia que completará el texto. Antes de llegar al pleno, regresará a la Comisión de Justicia, pasos en los que seguirá abierta a enmiendas. Las fuentes consultadas estiman que debería estar lista antes del verano. El Congreso también tramita otra proposición de ley del Parlamento de Cataluña para despenalizar la eutanasia, que previsiblemente quedará asimilada por la socialista.
El paciente verá satisfecho su deseo de morir en 30 días
La proposición de ley que impulsa el PSOE prevé que el paciente que solicita la eutanasia no tenga que esperar más de un mes para morir. El proceso se abre con la petición del enfermo —o sus allegados, en caso de incapacidad y la existencia de un documento de instrucciones previas—, a su médico. La solicitud deberá ser por escrito y, como todos los demás pasos previstos, quedar documentada en la historia clínica.
El facultativo abrirá en primer lugar “un proceso deliberativo sobre diagnósticos, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como posibles cuidados paliativos” con el paciente. Si estima que el caso cumple la ley, tendrá que consultarlo “con otro médico” ajeno a su equipo.
El texto prevé que el paciente reitere su voluntad de morir a los 15 días de la primera petición. Si lo hace, y los dos facultativos concluyen que todo se ajusta a la ley, el expediente será remitido a la comisión de control, donde será valorado de nuevo por otro facultativo y un jurista. En caso de que ambos la aprueben, el enfermo verá satisfecha su voluntad de morir a los 15 días de su segunda petición, un mes después del inicio del proceso. El paciente podrá elegir entre tomar él mismo los fármacos que le causarán la muerte o que sean los médicos quienes lo hagan.
La solicitud puede ser denegada en dos momentos del proceso. Si quien lo hace es el facultativo, el enfermo tendrá cinco días para solicitar a la comisión de control que revise el caso. Si la comisión diera la razón al paciente, ordenará al centro sanitario que la eutanasia sea aplicada en un máximo de siete días por otro profesional. Si es la comisión la que tumba el proceso, el paciente podrá recurrir por vía administrativa.
Tras la muerte del enfermo, el médico responsable remitirá toda la documentación a la comisión para un nuevo control posterior. Si dos tercios o más de sus miembros consideran que “no se han cumplido las condiciones y procedimientos establecidos en la ley”, el caso será remitido “a la Fiscalía para que proceda a la apertura de una investigación”.
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