La pelea de un niño autista en la vuelta al cole

Todos los alumnos del CEIP Nelson Mandela de La Carlota, un municipio cordobés de 14.000 habitantes, regresaron a las clases el lunes pasado, todos menos Cristian, un niño de seis años que fue diagnosticado con autismo cuando tenía dos y medio. El menor debe mudarse de colegio porque la modificación en su diagnostico obliga a que tenga que asistir a un aula especial de la que no está dotada el centro. En verano la Junta de Andalucía le ofreció una plaza en otro colegio público en la misma localidad, el Carlos III, que sí dispone de esa clase específica, y el viernes pasado, tres días antes de empezar el curso, les enviaron un escrito recordándoles que debían iniciar la nueva temporada escolar en el Carlos III. Sus padres se oponen porque entienden que el cambio de entorno va a perjudicar a su hijo y han anunciado que recurrirán a los tribunales la decisión del Gobierno andaluz.

Cristian comenzó a asistir al Nelson Mandela con tres años. Con el cambio de ciclo educativo, de infantil a primaria, al niño se le realizaron las evaluaciones preceptivas por el equipo de orientadores. Los exámenes resultaron en un cambio en el dictamen de escolarización del niño, concluyendo que  debía pasar de la modalidad B, que tenía, a la C. La modalidad B implica que el alumno está integrado en una clase con el resto de compañeros, y recibe ayuda externa de un logopeda y un especialista en pedagogía terapéutica varias horas a la semana. La C precisa de un aula específica para niños con Trastorno de Espectro Autista (TEA). Estos espacios cuentan con especialistas en pedagogía terapéutica y en orientación y lenguaje y atienden de manera continuada a las necesidades específicas de los niños con autismo u otras necesidades especiales.

El Nelson Mandela no cuenta con este recurso. La Junta dotó de perfil TEA a principios de verano un aula para necesidades específicas que ya existía en el CEIP Carlos III para poder atender a Cristian. Conchi Sierra, la madre del menor, cuestiona la decisión del gobierno andaluz. “Venimos reclamando esa aula específica en el centro desde hace meses y lo que han hecho es instalarla en otro colegio. Yo lo que me pregunto y aún no me han sabido responder es por qué han puesto el aula en una escuela que no lo había demandado y no en el que la que lo ha solicitado”, se lamenta en conversación telefónica.

Sierra ha liderado una cruzada para conseguir que Cristian no se mude de centro. En su lucha ha conseguido movilizar al pueblo de La Carlota que, este verano se manifestó en masa contra el traslado del niño. La semana pasada, publicó en las redes un emotivo vídeo en el que apelaba a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que la recibiera y poder contarle su problema. Su última batalla es una campaña en Change.org, que en menos de 24 horas ha recabado casi 200.000 firmas..

La Junta insiste en que en su forma de actuar se está atendiendo exclusivamente a las necesidades del niño. Así lo aseguró el martes pasado el delegado territorial de Educación en Córdoba, Antonio José López. “La Junta solo está aplicando la normativa. La ley establece que, si el recurso no existe, la Administración debe buscar una plaza que se adapte a la demanda de la familia”, señaló en rueda de prensa. Se optó por instalar ese recurso, el aula TEA, en el colegio Carlos III, en lugar de en el Nelson Mandela, como solicitaban los padres de Cristian, porque allí ya había un aula de necesidades especiales con personal capacitado y niños que asistían a ella. El centro está más cerca del domicilio familiar que el anterior.

“En esa clase hay tres niños con distintas tipologías y con el cambio a TEA van a disponer de un tutor específico”, explica a este diario la directora del Carlos III, Beatriz Guerrero, que declina pronunciarse sobre el caso concreto de Cristian. Respecto al alumnado con necesidades especiales, la legislación andaluza obliga a la Junta a escolarizar a estos menores en “aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización” para “proporcionar la respuesta educativa adecuada”, según establece el Decreto 40/2011, que regula la admisión en centros públicos, privados y concertados.

“Todos los informes de los especialistas de Cristian, de la dirección de Autismo Córdoba y de Juan Martos, psicólogo especializado en autismo, coinciden en que lo mejor para el niño es que se mantenga en su entorno”, explica Sierra. “Los cambios son perjudiciales”, añade. “Mi niño está perfectamente integrado en su colegio, con sus compañeros”, se lamenta su madre. Pasar de una clase de integración a un aula especial, aunque fuera en el mismo centro, también supondría una alteración de la rutina del niño, ya que pasaría de convivir constantemente con otros compañeros, a estar en un aula con menos niños y otros profesores. “Pero al permanecer en el mismo centro la alteración no sería tan traumática”, reconoce Miguel Ángel López, presidente de la Asociación Autismo Córdoba. “El problema aquí es que el recurso para el menor se ha creado, pero no en el centro en el que quiere la familia por falta de medios”, sostiene López.

La Junta ha ofrecido a los padres una revisión de la valoración pedagógica, que esté inscrito en el Carlos III. “Los alumnos después del verano pueden sufrir una evolución a nivel psicoevolutivo”, señaló el delegado territorial de Educación. De esta manera, cabría una posibilidad de que se determinara que Cristian no necesita un aula especial y que puede continuar en una clase de integración. Sus padres han declinado realizar más pruebas, lo que quieren es que el niño no cambie de centro. “Prefiero que mi hijo se quede con el tratamiento que tenía, en su aula con sus compañeros a llevarlo a otro colegio”, reconoce en su desesperación Sierra.

La calificación en modalidad B o C es homogénea en todas las Comunidades Autónomas, y en todas lleva aparejada el paso de un aula de integración a otra especial. “Con esta medida se está vulnerando la Convención sobre Derechos de la Infancia y la Carta de Derechos de personas con autismo, que abogan por el derecho a una educación inclusiva”, explica López. “En los niños con TEA, cada caso es especial y su atención debe adaptarse a las necesidades específicas del menor”, explica.

En el Nelson Mandela además, también va a clase su hermano Jesús, de ocho años, otra de las razones que refuerzan la reclamación de los padres de Cristian para que se quede en ese centro. Desde la delegación territorial de Educación en Córdoba también se le ha garantiza a Sierra una plaza para Jesús en el Carlos III. “Lleva seis años en su colegio y está matriculado allí, no vamos a llevarlo a otro en el que la ratio por alumno está sobrepasada”, es la respuesta de Sierra al ofrecimiento del Gobierno andaluz.