¡Que me olvides, Google!

Le llaman derecho al olvido, una denominación que invita a pensar en amantes despechados o sufridos exiliados que aspiran a que el resto del mundo les deje en paz con sus cuitas y no les restrieguen su pasado doliente. Sin embargo, se trata de algo mucho más cibernético que romántico: el derecho de cada cual a borrar a voluntad las referencias propias que aparezcan en Google que consideremos dañinas para nuestra reputación.

Así lo ha estimado el Tribunal de la Unión Europea, que considera una tropelía contra la vida privada y familiar que alguien googelee nuestro nombre en Internet y aparezca en un artículo de una web o en un blog mezclado con un infundio que nos retrate a los ojos del mundo como seres dañinos o poco recomendables. En eso se ha convertido el buscador, en un ojo todopoderoso y omnipresente, y por tanto, sus resultados son sentencias inapelables que pueden condicionar de por vida nuestra nombradía.

Me cuesta creer que Google tramite con el mismo celo el derecho al olvido de un atribulado conductor que una farra de vino de Larry Page

Imagínese, por ejemplo, que es usted un joven universitario y, arrastrado por la marea viva del idealismo juvenil, se siente tentado de criticar en alguna web alternativa los multimillonarios rescates de los bancos, incluidas las millonarias indemnizaciones de los banqueros que causaron su ruina. O firma un manifiesto contra los desahucios. E imagine que, pasados los años, termina su carrera, cursa un MBA de Administración de Empresas, y acaba gestionando grandes cuentas en un banco de negocios. Y, hete aquí, que un compañero envidioso de su ascenso profesional decide airear esos pecadillos radicales de juventud y, vía Google, difunde aquellas manifestaciones tan desafortunadas contra bancos y banqueros. ¿Quién le confiaría su cartera de inversiones a un sujeto con ese pasado extremista? ¿Cómo vas a tomar en serio a alguien que te vende unos turbo warrants y tiene antecedentes de pancartero perroflauta?

Pues bien, gracias al derecho al olvido, el broker tiene la posibilidad de pedirle a Google que borre aquellos enlaces que enturbian su buena imagen, de forma que cuando alguien teclee su nombre se tope solo con su impoluto currículo de gestor de patrimonios y buen pastor de fortunas ajenas.

No crean, sin embargo, que borrar el pasado online está al alcance de cualquiera. Como los políticos habitualmente esconden un pasado contradictorio, el tribunal europeo se ha cuidado de vetar ese derecho para los personajes públicos en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, Felipe González no podrá hacer desaparecer su “OTAN, de entrada, no”; Zapatero tampoco logrará que se difumine su celebérrima negación de la crisis y Rajoy tendrá que apechugar con su promesa electoral de bajar los impuestos.

Cabe también la consideración no baladí de si ese derecho se aplicará por igual a cualquier hijo de vecino. Me cuesta creer que Google tramite con el mismo celo el derecho al olvido de un atribulado conductor de autobús al que pillaron con unas copas de más, que una farra de vino, biquinis y coca en la que pudieran haber pillado a Larry Page, el archimillonario cofundador de la compañía del buscador (no se dará el caso porque me consta que el joven Larry lleva una conducta ejemplar).

Visto en la distancia, el derecho al olvido no es tan novedoso como se pinta. No es sino una versión actualizada de la defensa de la honra que nuestro teatro del Siglo de Oro puso al alcance del villano más humilde. “Con mi hacienda; pero con mi fama, no; al rey, la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”, decía el airado alcalde de Zalamea, que tal vez rectificara el verso, porque el honor ahora es patrimonio de Google. Aunque si evocamos a los clásicos, prefiero quedarme con el elegante desprecio con que Jorge Manrique trataba la fama y el nombre: “Non curemos de saber / lo de aquel siglo pasado / qué fué dello; / vengamos a lo de ayer, / que también es olvidado / como aquello”.