Siete años sin Noor, Yasmina y Fadh

“Mi niña se giró y me dijo adiós con la mano mientras su padre se llevaba a los otros dos, uno de su mano y otro en el carrito. Esa es la imagen que me tortura”. El 21 de julio de 2007, Bouchra Al Harras dejó a sus hijos —Noor, Yasmina y Fahd, de uno, cuatro y cinco años— en el Punto de Encuentro Familiar de Alcalá de Henares (Madrid), para que se reunieran con su padre, el sirio Houssin Al Hassoun, del que acababa de divorciarse. Fue la última vez que les vio. Aquel día Hassoun se los llevó a Siria, donde dos años de guerra se han cobrado ya 170.000 vidas. En concreto, a Homs, hoy una ciudad que se encuentra en ruinas. Bouchra, una mujer de 41 años de origen marroquí y con nacionalidad española, no sabe si sus tres hijos están vivos o muertos. Han pasado siete años desde que se despidió de ellos.

El día anterior al secuestro, un viernes, como “guiada por una mala intuición”, Bouchra se empeñó en hacer fotos a los niños, las mismas que ha llevado en su cartera desde entonces y ha enseñado cientos de veces en la comisaría, en el juzgado, en el Ministerio de Asuntos Exteriores... Ahora mismo es lo único que tiene.

El padre se los llevó de un punto de encuentro de donde no podía sacarlos

Esta es la historia de un Punto de Encuentro Familiar que no cumplió una orden judicial, de un policía que escribió mal unos apellidos, de una alarma que no saltó, de un juez sustituto que archivó el caso. Pero, sobre todo, es la historia de una madre perdida y desesperada en la maraña de un sistema judicial que, encerrado en formalismos, ha abandonado el caso y ni siquiera indemniza a la víctima porque entiende que “ha prescrito el daño”. Pero el dolor desgarrado de Bouchra, como el de muchas otras víctimas en España de este delito, no prescribe. Sigue peleando a solas y con tripas de acero para tratar de recuperar a sus tres hijos, todos ellos de nacionalidad española.

Según los datos del Ministerio del Interior, cada año se producen una media de 210 casos de sustracción de menores en España: fueron 203 en 2011, 209 en 2012, 236 en 2013. Este último año se esclarecieron 197 de ellos, según el Ministerio del Interior. El artículo 225 bis del Código Penal es el que regula este delito, pero difícilmente se puede aplicar si no se localiza al progenitor o familiar que se lleva a los niños, como ha sucedido con Houssin Al Hassoun.

“La preocupación es inminente debido al delito de sustracción de menores que nos ocupa”, decía el informe de incidencias de 21 de julio de 2007 enviado al juzgado desde el Punto de Encuentro, hoy cerrado por falta de presupuesto. Pero ya era tarde. Los peores presentimientos de Bouchra se habían cumplido. Todas las advertencias realizadas a las trabajadoras sociales —“no dejen que los saque de aquí, en la sentencia [la que estipulaba los encuentros de los sábados entre padre e hijos] pone que puede verlos en el Punto de Encuentro, no llevárselos fuera”— habían sido en vano. Por tercera vez su ya exmarido había desaparecido con sus hijos.

Una cadena de errores burocráticos facilitaron su huida

La primera fue en 2005. Entonces él se llevó a los dos a Siria —el tercero aún no había nacido— y los retuvo siete meses allí con su familia. Pero regresaron a España. Un año después, Houssin fue interceptado en un aeropuerto de París cuando trataba de viajar con ellos de nuevo. Esta vez saltó la alarma por una orden judicial que impedía la salida de los menores de territorio español y no pudo embarcar con ellos. Bouchra tuvo que ir a buscarlos a la residencia infantil francesa donde los acogieron mientras el padre proseguía su viaje.

Pero en 2007 todo parecía encauzado. Bouchra y Houssin estaban divorciados debido a los malos tratos que él le infligía. Ella vivía con los niños en un centro de recuperación para mujeres maltratadas y él solo podía verlos dentro de un Punto de Encuentro Familiar, un centro con psicólogos y trabajadores sociales que supervisan la visita. Bouchra se sentía segura en ese momento. “Siempre pensé que al ser españoles mis hijos y al haber obtenido yo también la nacionalidad, había una justicia que me protegía”, relata. “Pero en mala hora puse aquellas denuncias por malos tratos. Me dejaron sola ante un desalmado”.

Cuando Houssin se llevó a los niños, Bouchra, desesperada, puso dos denuncias consecutivas en la comisaría: una el mismo sábado en el que desaparecieron sus hijos y otra el lunes. El juez sustituto Joaquín Brage Camazano archivó la causa que se había abierto por la denuncia de la Policía Nacional sobre la sustracción de los menores de la siguiente forma: “No resulta debidamente practicada la perpetración de infracción penal alguna”. Acordó el “sobreseimiento provisional”.

Los pequeños terminaron en Homs, hoy una ciudad en ruinas

No obstante, según consta en el expediente, la policía trató esos días de localizar al padre, sin éxito. Y la Guardía Civil dio cuenta al juzgado de que “había estado ocupando una chabola en Santos de la Humosa” hasta el día que se llevó a los niños.

Tras el archivo del procedimiento, Bouchra acudió a la Fiscalía. Cinco meses más tarde, el fiscal E. Valdivieso pidió la reapertura del procedimiento solicitando “la declaración en calidad de imputado de Houssin Alhassoun”. “En caso de no hallarse”, indicó, “se proceda a su localización y por parte de la policía judicial se investigue donde se encuentran los menores, con independencia de aquellas diligencias que estime oportunas el juez instructor”.

El juzgado de Alcalá de Henares reabrió el caso, pero ya era demasiado tarde. El 4 de mayo de 2010 la Agregaduría de Interior de Siria daba cuenta de que los menores se encontraban en el domicilio de sus abuelos paternos en Siria y de que la ley de ese país atribuía la patria potestad al padre. Fin del asunto.

Bouchra vive desde entonces entre la perplejidad y el estado de shock. Su abogado, José Manuel Recuero, no sale tampoco de su asombro y la representa sin contraprestación alguna.

Un inspector jefe de policía hace constar en agosto de 2010 que en las denuncias realizadas por Bouchra en la comisaría, el apellido de los niños aparece escrito mal, todo junto (AlHassoun), y que “desconoce si ha podido tener algún tipo de influencia en las órdenes internacionales de prohibición de salida de nuestro territorio”.

Siria no firmó el convenio de La Haya que permite esclarecer casos así

Laura García, de la Consejería Técnica de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, conoce el caso. “Desde la Dirección General de Protección de Españoles, fuentes diplomáticas han informado de que se tuvo conocimiento del caso en 2012. Se ha realizado seguimiento, el ministerio ha hecho gestiones con Interpol pero, por ahora, todo ha sido infructuoso y la situación de guerra dificulta aún más las gestiones. No obstante, seguimos a disposición de esta ciudadana. Aquí estamos acostumbrados a que nos llamen todos los días madres y padres preguntando si sabemos algo nuevo de sus hijos”, explica.

Existe un Convenio de La Haya, firmado en los años ochenta, que contribuye a esclarecer estas situaciones. Sin embargo, según fuentes diplomáticas, “funciona lentamente cuando los países de origen y destino de los niños son firmantes del acuerdo” y se convierte casi en papel mojado cuando uno de ellos, como es el caso de Siria, origen del padre de los niños de Bouchra, no lo ha suscrito.

Ella conserva todavía la esperanza de recuperarlos algún día. “Vivos o muertos”. Pero cada mañana, al despertarse, sufre el mismo desgarro: “No es una pesadilla, es real”. Tuvo tres hijos y se los arrebataron. “No pararé hasta estar con ellos”.