Un juez investiga a Correos por el trato a dos carteras embarazadas

El Juzgado de Instrucción número 3 de Parla (Madrid) está investigando el trato de Correos a dos empleadas que sufrieron un aborto mientras estaban en su puesto de trabajo. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, las dos carteras habían pedido a sus jefes cambiar temporalmente de puesto para evitar las tareas del reparto y la carga de peso, pero la empresa se lo denegó. El juzgado ha llamado a declarar a las mujeres y ha abierto diligencias por un presunto delito contra la seguridad en el trabajo.

Los dos abortos de empleadas de la oficina de Parla ocurrieron con un año de diferencia: el primero en noviembre de 2011 y el segundo, en el mismo mes de 2012. En el primer caso, la mujer era trabajadora eventual de Correos, estaba en las primeras semanas del embarazo y había presentado un informe médico que advertía de que su embarazo era de riesgo porque venía precedido de un aborto anterior. En el segundo, se trata de una empleada fija en avanzado estado de gestación que también había comunicado por escrito su estado.

“Estas dos trabajadoras salieron a repartir bajo la amenaza del jefe de unidad de que de no ser así informaría a sus superiores para que le aplicaran el régimen disciplinario por el incumplimiento de tales órdenes”, sostiene la denuncia presentada por el sindicato CGT.

La Fiscalía de Getafe ha estudiado el caso y lo ha trasladado a los Juzgados de Parla. Según fuentes judiciales, el Juzgado ha centrado su investigación en un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo, contemplado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años las infracciones en las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores. La denuncia señala a diez jefes de Correos, entre ellos, el director de Recursos Humanos, Luis Pérez Capitán; el director de la Subdirección de Promoción de la Salud, Antonio Díaz Ruiz; y el jefe de los Servicios Médicos, Manuel Alirangues Santos. Los otros siete denunciados son jefes de la Zona IV, en la que se integran las oficinas de Madrid, y los responsables del centro de Parla.

El juez ha pedido varios informes sobre el caso, el más importante, según fuentes judiciales, uno solicitado al Ministerio de Empleo a petición de la fiscalía. En función de sus resultados decidirá si imputa a alguno de los denunciados. Según el escrito del sindicato, las dos trabajadoras fueron obligadas a repartir la correspondencia en la calle sin tener en cuenta si la ruta asignada y el peso que tenían que llevar implicaba un riesgo añadido para su embarazo.

El fiscal ve un posible delito contra la seguridad en el trabajo

La denuncia expone que la empresa “ordenó” a una de las mujeres a repartir correo certificado, “lo que implicó un grave riesgo ya que tuvo que deambular más que ningún trabajador del centro, teniendo no solo que repartir una zona, sino varias”. A la otra, además de repartir, le instaron a clasificar todo el correo que entrara en su sección, lo que le obligó a “una mayor manipulación de cargas” y a realizar más desplazamientos.

A los dos casos que investiga el juez se suman al menos otras cuatro denuncias presentadas en los dos últimos años ante la Inspección de Trabajo por el trato de Correos a trabajadoras embarazadas. Todas explican casos similares en los que los jefes han puesto trabas o han rechazado cambiar a un puesto más sedentario a carteras embarazadas que habían pedido no salir a repartir en la calle.

Los problemas, según el sindicato CGT, que se ha encargado de presentar las denuncias, empezaron tras la entrada en vigor, a finales de 2011, de un protocolo que supuestamente se hizo para proteger a las mujeres embarazadas. Sin embargo, en opinión del sindicato y de las mujeres que han denunciado su caso, en la práctica el protocolo tiene el efecto contrario: mientras que antes a las trabajadoras embarazadas que lo solicitaban les facilitaban siempre un puesto en un centro de clasificación o le adjudicaban tareas de oficina, las pautas fijadas ahora no contemplan ningún cambio antes de la semana 18 de gestación, tan solo la prohibición de hacer reparto en moto y de realizar carga y descarga en el muelle. A partir de la semana 18, las embarazadas quedan eximidas de algunas tareas, pero, según las afectadas, estas directrices son poco compatibles con el trabajo diario.

Correos tiene constancia de estas denuncias, pero asegura que su protocolo para embarazadas es “aún más proteccionista” que las pautas que establece la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Una empleada de una oficina de Madrid que dio a luz a su hija hace 20 días y que prefiere permanecer en el anonimato asegura, sin embargo, que las restricciones del protocolo son “impracticables”. “Te dice que por cada hora de pie pases media sentada. ¿Dónde? ¿En un banco? ¿Y si no hay? ¿Y si llueve? A partir de la semana 22 te dicen que no arrastres más de ocho kilos, y solo la puerta de algunos portales ya pesa más. Más subir pisos sin ascensor o las escaleras que suele haber antes de todos los buzones”, se queja la mujer, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque la empresa solo le eximió de usar la moto y le cambió a una ruta de reparto a pie. “He tenido un embarazo buenísimo, sin vómitos ni náuseas en los primeros meses, pero no siempre es así y no te dan opción”, cuenta la mujer. A medida que el embarazo fue avanzando empezó a padecer dolores en la espalda cuando llevaba varias horas de trabajo. “Le pedí a mi jefe que me buscara otro puesto y me dijo que no. Que si no podía trabajar, me cogiera una baja por enfermedad común, lo cual no me parecía lógico porque hay trabajo que podía hacer perfectamente y con la baja yo pierdo dinero y la asume la Seguridad Social en vez de la mutua, no tiene sentido”, sostiene. Cuando estaba de siete meses, claudicó y pidió la baja.

En esta tesitura teme que se va a ver en breve Raquel (nombre ficticio), embarazada de 19 semanas y ejerce como cartera rural. “Hoy estoy matada. Hacía mucho calor. He estado repartiendo desde las 9.30 hasta las 14.15, tengo los pies bastante hinchados”, cuenta por teléfono tras acabar su ruta, que incluye 32 portales de tres plantas sin ascensor y una zona de casas bajas sin buzones donde tiene que agacharse para meter las cartas por debajo de cada puerta. “Por ahora puedo, pero llegará un momento en que no”.

Raquel teme sobre todo el mes de septiembre, cuando le han dicho que le tocará cubrir las vacaciones de un compañero cuyo trabajo incluye ir cada día a otro pueblo en furgoneta, cargar la mercancía y descargarla en otra localidad. “Les dije que para entonces estaría ya de seis meses y medio y que no creía que pudiese hacer esa tarea, pero no me dijeron nada”, señala. Después de que el sindicato CGT pidiera información sobre su caso, un delegado de Prevención de Riesgos Laborales le acompaño hace unas semanas en la ruta. “Tengo difícil cambiar de puesto porque en el pueblo no hay opción. Me gustaría saber qué ha dicho el médico y la empresa. Y si veo que no puedo hacer mi trabajo, que me digan que no pueden adaptarme el puesto y me den la baja a cargo de la mutua, no de la Seguridad Social”, argumenta esta trabajadora.

El protocolo de la empresa establece que, al margen de las pautas generales, siempre hay que analizar “de forma individualizada” cada caso, un aspecto clave pero que en muchas ocasiones, según las afectadas, no se cumple. Así lo dictaminó también la Inspección de Trabajo en respuesta a la denuncia de Sara Formento, una empleada que se quejó de que la empresa le ordenó seguir repartiendo sin conocer los riesgos. La inspección hizo un requerimiento a Correos y le ordenó evaluar “de forma individualizada y actualizada su puesto de trabajo”. “No miran si tienes más o menos escaleras, no hay distinciones si llueve o hace mucho calor”, explica Sara. Ella es hija de la secretaria general del sindicato federal de Correos en CGT y cree que esta circunstancia ayudó para que, en su caso, acabaran ofreciéndole un puesto de interior. “En mi oficina éramos tres embarazadas a la vez y a todas nos cambiaron y nos trataron fenomenal, pero sé que no siempre es así. Hay mujeres por toda España que no saben a quién pedir ayuda”, asegura.

Con esta opinión coincide Violeta Figueruelo, delegada de personal de CGT en una oficina de Madrid. Su caso también llegó en 2012 a la Inspección de Trabajo después de que, tras comunicar su embarazo, la empresa le eximiera de ir en moto pero le ordenara hacer la misma ruta a pie. Ante la falta de alternativas, acordó con CGT dejar el reparto y liberarse con labores sindicales. “Pero las demás no tienen esa opción, están vendidas a que le toque un jefe con más o menos sensibilidad”, asegura.

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