“Venden a las mujeres en las fronteras”

Una mujer negra, con un vestido corto naranja fluorescente, se sujeta con las manos el vientre hinchado mientras descansa sentada en la sala de embarque del puerto de Melilla. Tiene la cara hendida con cicatrices y ronda la veintena. Viaja a Málaga y forma parte de un grupo de subsaharianos que acaba de salir del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma. Hoy es el gran día, el del salto a la Península con el que los subsaharianos sueñan desde el momento en que abandonan su tierra. A la mujer, sin embargo, no se la ve feliz. Es parca en palabras.

Reticente, cuenta que es nigeriana, que está embarazada de cuatro meses y que ha pasado los últimos tres en el centro de inmigrantes. Antes malvivió en uno de los bosques que rodean la ciudad marroquí de Nador, donde se quedó embarazada. No hay margen para más detalles. Su vigilante, también nigeriano, se presenta con cara de pocos amigos y da la charla por terminada. Él controla sus movimientos. Y ella, según las sospechas de la policía y de las organizaciones que trabajan con subsaharianas, es una víctima más de las redes de trata de personas que fuerzan a las inmigrantes a prostituirse durante su infernal travesía por el norte de África y durante largos años en suelo europeo.

El salto de las vallas y las cuchillas es tal vez la forma más llamativa para entrar a la Península, pero no es la que eligen la mayor parte de las mujeres. Ellas, salvo contadas excepciones, acceden al territorio español en patera o camufladas en coches por los pasos fronterizos. La llegada de estas subsaharianas, ensombrecida por el ruido mediático de la valla, esconde las transacciones de redes criminales transfronterizas que compran y venden mujeres de las que abusan y a las que después obligan a prostituirse. España es uno de los países de destino final de estas esclavas sexuales, cuyo tránsito hasta la Península está bien documentado.

Las rutas que trazan las redes mafiosas son conocidas. También lo son la ubicación de los campos marroquíes en los que esperan para cruzar a Europa y los polígonos industriales españoles en los que las mujeres se prostituyen a la fuerza. El gran interrogante es cómo es posible que, con este grado de conocimiento, no se pueda proteger a estas mujeres de agresiones y delitos tan previsibles. Para algunos expertos, parte del problema radica en unos mimbres legales aferrados a las fronteras nacionales y que no bastan para combatir fenómenos transfronterizos como la trata de personas.

Sobre el terreno, las evidencias abundan. Los datos están ahí para quien quiera escucharlos. John —nombre ficticio— es un veinteañero nigeriano que ofrece información detallada a las puertas del centro de inmigrantes de Melilla, adonde llegó hace poco más de un mes tras saltar la valla. Antes pasó dos años en Maghnia (Argelia), trabajando para los jefes de las redes de trata de personas, hasta juntar el dinero y poder pagar el peaje para cruzar de Argelia a Marruecos. “Los hombres mienten a las mujeres”, asegura. “Les dicen que es fácil llegar a Europa y que allí encontrarán trabajo. Que irán a Níger y de allí en avión a España. Pero en Níger les dicen que hay que ir hasta Argelia primero. En ese punto, las mujeres ya no tienen dinero y no tienen más opción que seguirles”. Y prosigue: “A las mujeres las venden en las fronteras. Los jefes nigerianos eligen a las que más les gustan. Por el camino, las dejan embarazadas”. Cuenta John que en la travesía hay mujeres de distintas edades. Desde menores hasta de 30 años. Dice también que algunas se arrepienten pero que no tienen cómo volver. Y que otras albergan todavía la esperanza de una vida mejor en Europa. “Cualquier mujer que venga aquí ha sufrido abusos”, asegura. “Ellas no te lo dirán, pero este es el sistema”.

Antes de llegar a Melilla o a las costas andaluzas, las mujeres pasan meses malviviendo en Oujda (localidad marroquí fronteriza con Argelia) o en los bosques de Nador, a 90 kilómetros de Melilla. La policía marroquí conoce la existencia de los campos de subsaharianos y patrulla alrededor para disuadir a los curiosos de que entren. Una persona que los frecuenta a menudo explica que se dividen en dos grandes grupos, los francófonos —Malí, Congo, Camerún— y los anglófonos —Nigeria—, pero asegura que “en todos opera la mafia y en todos hay trata”. “Por las mañanas, las envían a mendigar”, relata. “Las violaciones sistemáticas se dan sobre todo en los anglófonos. Cada una depende de un solo hombre, pero las utilizan muchos otros. Primero las viola el jefe y luego el resto. Están a su servicio. El objetivo es que se embaracen porque así tienen más posibilidades de quedarse en España”. Los niños son su pasaporte. Y concluye: “Si la situación de los inmigrantes hombres es terrible, la de las mujeres es cien veces peor. Esto es una auténtica tragedia humanitaria”.

La antesala de la Península son los campos del bosque: lugares hostiles, heladores en invierno y abrasadores en verano, donde la sarna salta de una piel a otra con facilidad. Chantal —nombre ficticio—, camerunesa, habita desde hace siete meses junto con sus hijos y decenas de subsaharianos en Bolingo, uno de los campos. Habla en un lugar seguro de Nador. “Dormimos en el suelo, sobre un plástico”, relata. “La vida no es fácil. La policía viene todo el rato. En una redada, me llevaron a Rabat y después volví. En el campamento hay muchas mujeres embarazadas y niños”. Esta antigua camarera explica que con lo que mendiga en la calle y el agua que le dan “los árabes”, va tirando. Que no hay comida todos los días, pero que lo poco que consigue, lo guarda para sus hijos, de seis y cuatro años, que hoy la acompañan. Llevan más de un año sin ir a la escuela.

“No puedo recomendar a nadie que venga a pasar por este sufrimiento. El sueño de mi vida es que mis hijos coman, duerman y vayan a la escuela. Que tengan las oportunidades que yo no he tenido. Me salva la esperanza de pensar que algún día lo lograré”. Chantal espera ahora su oportunidad para cruzar el Estrecho en una balsa hinchable. Dice que la presencia de redes y abusos en los campos es un secreto a voces, pero asegura que ella no tiene nada que ver con todo eso. “Hablan de violaciones. El problema es que hay mujeres que no se respetan a sí mismas y por eso no las respetan, pero yo no he visto nada”.

Como Chantal, varias mujeres en tránsito desde África responden con evasivas y visiblemente atemorizadas cuando se les pregunta por detalles del camino o por violaciones, embarazos y abortos clandestinos en los campos. Les cambia la cara y se dan media vuelta. “Yo no sé nada” es una despedida que se escucha con frecuencia. Las organizaciones que trabajan con subsaharianas aseguran, sin embargo, que es prácticamente imposible que una mujer llegue al norte de Marruecos sola, de espaldas a las mafias. Las que llegan en patera a Melilla o se cuelan camufladas por la frontera, acaban en el centro de inmigrantes.

Carlos Montero es el director del CETI. Es además una persona cercana, que conoce bien a los que pasan por este centro, en el que se amontonan los inmigrantes. Ahora hay 1.480 personas. “Muchas de las subsaharianas que pasan por aquí han sufrido abusos o son esclavas sexuales de los jefes mafiosos”, explica. “El 99,9% de las nigerianas que vienen de Marruecos son explotadas sexualmente”. Sólo en 2013, hasta 59 mujeres fueron trasladadas del CETI a la Península por violencia de género o trata.

Los indicios de la explotación sexual se acumulan en las estrecheces del centro de inmigrantes. Es frecuente, por ejemplo, que al minuto de llamar a una mujer por el altavoz para que acuda a las oficinas, el hombre que la vigila se presente para ver qué pasa. Luego están los abortos. Las mujeres tratan de ocultarlos, pero en ocasiones, cuando hay hemorragias, acaban inevitablemente en la enfermería. Si se detectan indicios como estos, que suelen corresponder a casos de esclavitud sexual, desde la dirección del CETI alertan a las ONG que reciben a las mujeres cuando desembarcan en la Península y que las alojarán en pisos provisionales.

Uno de los problemas es que muchas subsaharianas llegan en patera directamente hasta las costas andaluzas sin pasar por un centro de inmigrantes. Otro, más relevante, es la incapacidad de las organizaciones receptoras para actuar. En cuestión de días, las recién aterrizadas en la Península desaparecen del radar de las ONG y los servicios sociales. Al poco de llegar a los pisos de acogida, un hombre va a recogerlas y no se las vuelve a ver nunca más. Se convierten en invisibles. Ya en manos de la sucursal mafiosa española, la mujer se prostituye a la fuerza durante años, bajo la estrecha vigilancia de sus captores, para pagar la deuda contraída en el camino: en torno a los 50.000 euros, según calculan personas cercanas a las víctimas. La red española contra la trata de personas estima que entre 40.000 y 50.000 mujeres son explotadas sexualmente en España.

La situación se ha agravado en los últimos años con la llegada cada vez más numerosa de menores, según informa Rocío Nieto, presidenta de Apramp, una asociación que ofrece pisos protegidos a las víctimas de la trata. “Son niñas o adolescentes”, explica. “El año pasado pasaron 20 menores por nuestro piso”. Ramón Esteso, responsable de inclusión social de Médicos del Mundo, una ONG que presta asistencia sanitaria a prostitutas subsaharianas en España, asegura que “las que llegan a Almería o a Granada, tarde o temprano van a ser víctimas de prostitución forzada”. Explica además que muchas mujeres dicen que son de otra nacionalidad, pero que en realidad son nigerianas. “Y las que vienen de otros países africanos, aunque salgan de sus países libremente, tienen una probabilidad altísima de que las redes las capten por el camino”, añade. “Algo está fallando. Necesitamos herramientas jurídicas para dar protección a estas mujeres”.

Organizaciones como la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, que recientemente ha visitado Melilla, piden que se considere la trata de personas con fines de explotación sexual como causa de asilo sin que tenga que mediar una denuncia. Su directora, Patricia Bárcena, entiende que, a pesar de que no sean personas perseguidas por un Estado o de que el propio país de origen condene la conducta criminal, son personas en peligro que necesitan protección internacional, en parte porque se enfrentarían a riesgos aún mayores de ser devueltas a sus países. Lamenta, además, que de las 40 solicitudes de asilo de mujeres víctimas de trata que los servicios jurídicos de CEAR tramitaron entre 2009 y 2013 —hasta 29 de ellas de Nigeria— ninguna fue aprobada. “Las autoridades españolas ejecutan a menudo expulsiones de ciudadanas nigerianas a su país de forma no segura considerando que no son víctimas de trata a pesar de la existencia de indicios”, señala Women´s Link Worldwide en un detallado informe sobre el asunto.

Aún así, Bárcena reconoce que el asilo por sí mismo no basta y que se necesitan medidas de protección adicionales. Esteban Velázquez, responsable de la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger y buen conocedor de la situación en Nador y Melilla, pide presencia internacional en las fronteras. En su opinión, las leyes y medidas nacionales no bastan. “Esta y otras vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en la frontera sur de Europa exigen observadores internacionales permanentes. No puede ser que la Unión Europea dé dinero solo para aumentar la seguridad y no se preocupe de las violaciones de derechos humanos”.

En la actualidad, a estas mujeres se les aplica en España el artículo 59 bis de la ley de extranjería —según el cual, si denuncian a sus captores y colaboran con la policía para desarticular las redes, obtendrán protección—. El problema es que las mujeres del camino callan, no denuncian. No tanto por la presencia física de sus vigilantes, sino sobre todo por la cárcel mental en la que habitan. Los extorsionadores les amenazan con matar a su familia si huyen y viajan sometidas a conjuros y ritos de vudú que las aterrorizan. “El miedo impide a la gran mayoría de ellas dar el paso. Son tumbas”, reconoce José Nieto, jefe del centro de inteligencia de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional. Explica que la policía ofrece a las subsaharianas el 59 bis porque “el modus operandi con el que llegan estas mujeres supone la existencia de indicios de trata. Si aún no son víctimas, seguramente, lo van a ser”. Sin denuncia de por medio y con las leyes actuales, ve difícil que se pueda ofrecer protección a estas mujeres. “Si no colaboran, se pueden pasar años fuera del radar”.

Este policía sostiene que ha habido progresos importantes en materia penal y explica que ahora hay un nuevo plan nacional contra la trata, pero también le sorprende la pasividad de la ciudadanía ante este tema. “Estamos ante un delito socialmente permitido. Yo aspiro a que cuando la gente vaya a un club a tomar una copa, por lo menos se plantee que igual esa mujer con la que está hablando no está ahí porque quiere; que la esclavitud existe en nuestro país en el siglo XXI”.