La Iglesia pide derogar la norma de aborto terapéutico en Perú

Mientras este martes en Ginebra el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación de la mujer (CEDAW, sigla en inglés) saludó al Estado peruano por la reciente aprobación —el último sábado — del protocolo para el aborto terapéutico, continúan las críticas del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, quien pide la derogatoria de dicha norma, y de la Conferencia Episcopal que sostiene que la norma “abre las puertas al aborto por primera vez en la historia del Perú”.

En Perú, el Código Penal de 1924 autoriza el aborto terapéutico, es decir, la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre o para evitar un mal grave y permanente. Sin embargo, ante la falta de un protocolo que estandarice el procedimiento, en algunos establecimientos esta opción era denegada por temor a posibles incriminaciones, dada la falta de un procedimiento regulado por el ministerio de Salud. De más de 100 hospitales, solo 15 tenían su propio protocolo, precisó la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, a la prensa.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2012, el aborto es la tercera causa de muerte materna en Perú, con un 17% de los casos: 93 mujeres fallecen por cada 100.000 nacidos vivos. Un reporte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) indicó en 2008 que cada año se realizan 400.000 abortos, la mayoría clandestinos.

Aunque durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, en 2005 el ministerio de Salud ya había elaborado una guía para el aborto terapéutico, el entonces primer ministro, el médico Luis Solari, impidió su aprobación. Solari es un portavoz de los católicos más conservadores en Perú y también ha condenado en estos días el protocolo.

En abril de 2013, el Ministerio de Justicia preparó un informe legal sobre el protocolo de aborto terapéutico y afirmó que su aprobación “no solo resulta constitucionalmente permitida, sino constitucionalmente obligatoria”. Las organizaciones feministas y las ONG de salud reproductiva protestaron desde entonces porque interpretaban que la demora en la aprobación del protocolo se debía a motivos políticos.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2012, el aborto es la tercera causa de muerte materna en Perú. 

Cipriani calificó este martes la norma como “una guía para eliminar la vida de una criatura”, en declaraciones a una radio local. El protocolo incluye diez diagnósticos precisos en los que una junta médica puede evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo. Además agrega la siguiente posibilidad: “cualquier otra enfermedad materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”. Para el arzobispo y la Conferencia Episcopal es esa la ventana abierta al aborto.

El sábado, cuando la norma fue publicada en el diario oficial, Cipriani criticó la decisión del Gobierno y reclamó al presidente Ollanta Humala el no haber cumplido con su palabra, pues en 2011, cuando el militar en retiro era candidato presidencial, sostuvieron una reunión en privado, de la cual él y su esposa salieron con un rosario de regalo.

“La conversación había tratado el tema del aborto, del matrimonio de los homosexuales y de la educación católica. En esos tres casos me dijo: ‘Mi gobierno no tiene esto’. La palabra se cumple. Había un compromiso de no ir adelante en ningún aspecto que era promover el aborto”, reclamó el jerarca católico.

La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, se ofreció a dialogar con el arzobispo de Lima para limar asperezas, pero este martes Cipriani rechazó la propuesta y dijo que espera abordar el asunto con el primer ministro, René Cornejo. El aludido, consultado por la prensa, se limitó a responder que tomaba nota de las palabras del cardenal.

Cipriani ha propuesto que el primer ministro convoque a una “reunión por la salud al más alto nivel” para abordar este tema con la participación de universidades y la Academia Peruana de Medicina. Cree además que las juntas médicas se dejarán sobornar para dar su opinión favorable a cualquier aborto.

En la misma línea, la Conferencia Episcopal divulgó el martes un comunicado en el que rechaza el protocolo del aborto terapéutico por “inmoral, inconstitucional e ilegal”.

Dos mujeres a quienes el Estado peruano impidió el aborto terapéutico han acudido a instancias de Naciones Unidas para exigir sanción. En 2001, una adolescente de 17 años gestó un feto anencefálico y un hospital público le negó la interrupción del embarazo pese a que su médico lo recomendó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dispuso que el Estado la indemnizara. Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU emitió en 2011 un dictamen contra Perú debido a que, en 2007 a una niña de 13 años se le negó el aborto terapéutico pese a que tenía riesgo de discapacidad permanente luego de intentar suicidarse al saberse embarazada debido a sucesivas violaciones sexuales. Han pasado siete años y la joven LC sigue exigiendo al Gobierno el pago de la reparación debido a sus fuertes gastos en medicinas, transporte y tratamiento.