Perú aprueba una ley universitaria para evitar la corrupción y los paros

Desde 2011, 55 proyectos de ley buscaban soluciones para el incremento de las disputas por los fondos y los cargos administrativos, la mala calidad educativa, y la infraestructura inadecuada en centros de estudio públicos y privados, problemas que la Asamblea Nacional de Rectores no ha podido, hasta ahora, contrarrestar. Por ello, el Congreso peruano aprobó este jueves una ley para atender los problemas de las universidades públicas y privadas.

Cada semana, en al menos dos universidades públicas, es habitual que ocurran enfrentamientos en protesta por las irregularidades por la gestión del presupuesto o para exigir la salida del rector de la institución. El jueves, un grupo de policías de operaciones especiales ingresó a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, una de las tres principales del sur andino, porque había un paro y un grupo de estudiantes quería retomar sus clases y otro quería mantenerlo. Los que apoyan la toma exigen, desde fines de abril, la salida del rector a quien acusan de irregularidades e ineficiencia.

Cuando las protestas llegan a los medios de comunicación o a los congresistas, la Asamblea Nacional de Rectores suele formar una comisión interventora y nombra una nueva autoridad que resuelva los problemas, pero la fórmula ya no da resultados.

En el ranking QS que evalúa 300 universidades latinoamericanas, figuran 16 peruanas, pero solo tres solo ocupan puestos destacados —30, 57 y 65—.

Perú tiene 139 universidades y, aunque el Estado no logra controlar la ejecución del presupuesto ni la calidad de la enseñanza, ha aumentado el número de nuevas universidades con una pobre calidad educativa y locales inaceptables. De acuerdo al Directorio Universitario 2014 de la ANR, de las 139 universidades, 63 están “en proceso” de institucionalizarse (18 públicas y 45 privadas), es decir, son de creación reciente y están en proceso de evaluación.

Una de estos centros de estudio, no consolidados, es la Universidad de Jaén, creada hace dos años y medio en la región Cajamarca. Aunque dispone de casi 20 millones de dólares de presupuesto, el campus es un local alquilado que fue un mercado. “Así no es posible estudiar, estamos en el salón y el sudor nos cae en el cuaderno”, explica el alumno José Oblitas y muestra una foto del techo de calamina y los cables sueltos de las conexiones eléctricas en las aulas.

Una estudiante de tecnología médica de esa misma universidad, Issela Coronel, indica que no hay desagüe y el segundo piso carece de agua. “No tenemos un laboratorio para las clases”, agrega.

Una delegación de estudiantes de esa universidad realizó gestiones en Lima en mayo, denunciando el uso irregular del presupuesto por parte del rector, y lograron que la ANR nombrara una comisión interventora.

“Si se cumplieran las normas, esa universidad no debería existir”, asegura el historiador Manuel Burga, exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya, acerca del panorama en Jaén.

Pero el problema ocurre también en Lima, en universidades privadas creadas gracias a una ley de los años noventa, que autoriza a que se puedan constituir con un modelo de empresa. Por ejemplo, en Lima Norte, la Universidad San Juan Bautista ofrece la carrera de medicina en el edificio de un centro comercial con spa, debajo de un casino con tragamonedas.

A mediados de mayo, la ANR creó una comisión interventora para la universidad particular Garcilaso de Lima luego de meses de investigaciones fiscales de apropiación del presupuesto por parte del rector y de sus hijos durante nueve años. En 2010, el rector percibió 4,7 millones de dólares de ingresos, más del doble que el rector de la Universidad de Columbia. La Fiscalía lo investiga también por lavado de activos. La comisión no ha podido entrar a la universidad debido a que matones pagados por el rector investigado controlan el acceso.

Burga, quien conoce las universidades peruanas hace 45 años, explica que las universidades cuyo presupuesto recibe parte del canon minero tienen “problemas de gobernanza”, la fórmula que han encontrado para gastar ese dinero extra son pagos extraordinarios a los empleados, por eso “cada quien negocia su voto por las autoridades de los órganos de gobierno: así está en cuestión el sistema de representación de las universidades”.

El experto cree que la Asamblea Nacional de Rectores cuenta con las normas para evitar que surjan más universidades deficientes, pero hay fuerzas ocultas que impiden que ejerza autoridad: “Si no, no habrían intervenido la Universidad Garcilaso. El problema es que el cambio de autoridades no garantiza que resuelvan los problemas: ellos no se pueden autorregular”.

El punto de mayor controversia en la ley universitaria que aprobó el Congreso es la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en reemplazo de la ANR. El superintendente será nombrado por el ministro de Educación y algunos miembros del colegiado serán escogidos mediante concurso público, sin embargo, congresistas de diversos partidos indican que las universidades estarán sujetas al Gobierno de turno. El nuevo órgano debe verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en las nuevas universidades y en las ya existentes. La norma, pendiente de promulgación, dispone además que un 25% de profesores trabaje a tiempo completo y cumpla funciones de investigación, no solo de docencia.