Queda abandonada esta depuradora

Las ranas agonizan en el fondo de un enorme tanque de hormigón. Alrededor, más ranas en más tanques de agua estancada y varias construcciones con puertas y ventanas tapiadas. La imagen es la de los restos de un saqueo en la estación depuradora de Torrejón del Rey-Galápagos, en Guadalajara: se han llevado las tapas de las alcantarillas, de los sumideros, las plataformas que coronaban los tanques, los cuadros del sistema eléctrico, la valla metálica que rodeaba el recinto; han cortado, incluso, las patas de un contenedor elevado de fangos que debía de tener unos 15 metros de altura. Ha desaparecido cualquier cosa con valor en el mercado negro; sobre todo, los objetos electrónicos y el metal, que se puede vender al peso.

Esta es una de las cinco depuradoras de residuos urbanos de la zona del Alto Henares, casi en la linde con la Comunidad de Madrid, que permanecen abandonadas desde julio de 2011, cuando estaban casi completamente terminadas; la constructora paró las obras porque llevaba 11 meses sin cobrar. En aquel momento, ya se habían invertido 8,9 millones de los 11,3 presupuestados, y la Comisión Europea (que tiene abiertos varios procesos contra España por incumplir la normativa de depuración) ya ha aportado 4,84 millones, pues el proyecto “está ejecutado en un 89%”, explica el Ministerio de Hacienda.

Europa tiene tres procesos contra España por no tratar aguas residuales

Aparte de la de Torrejón, las de El Casar y Valdeaveruelo también están vandalizadas y desvalijadas; en la segunda, el interior de las oficinas está quemado y se han llevado todo tipo de material, incluido el portón de entrada al recinto. Las otras, Valdenuño-Fernández y Mesones, están simplemente abandonadas.

Las infraestructuras fueron una de las primeras víctimas de los recortes públicos con la crisis y, entre ellas, cientos de depuradoras por toda España se quedaron solo en la intención. Preguntado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por las que se frustraron, un portavoz contesta que están analizando la situación.

Pero el hecho es que durante los últimos años han ido apareciendo, con la insistencia de una gota malaya, no solo ejemplos de plantas paradas a medio hacer, sino de otras terminadas pero sin usar, o infrautilizadas. En Aragón se acaban de retomar las obras de una quincena de depuradoras tras un litigio con la concesionaria; en Málaga, un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos detectó hace un año siete abandonadas; en un pueblo de Ourense, Pereiro de Aguiar, la planta nunca llegó a funcionar por un fallo de construcción... Incluso, ha habido algún aumento de la contaminación en el río tras la reactivación apresurada de depuradoras que llevaban años "sin funcionar y sin mantenimiento", según un estudio de la empresa Estación Biológica Internacional en el Lago de Sanabria (Zamora).

Todo ello mientras España tiene abiertos tres procedimientos por incumplir la normativa europea. Aunque el 84% de las aguas se depuran correctamente, el Tribunal de Luxemburgo condenó a España en 2011 porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no lo hacían. Una directiva obligaba a poner en marcha antes del año 2000 sistemas de limpieza de aguas residuales para evitar vertidos tóxicos y daños medioambientales, y España no lo había cumplido. Las multas, aunque aún no se han fijado, podrían ir de los 20 a los 50 millones de euros. Todavía en 2011, la Comisión Europea volvió a denunciar a España porque en 39 municipios de zonas medioambientalmente sensibles no se depuraba bien (en ellas el tratamiento debe ser más riguroso); y en 2012 se inició otro proceso porque 900 pueblos de más de 2.000 vecinos incumplían la directiva.

El Ministerio de Medio Ambiente —la depuración es competencia autonómica y municipal, pero el interlocutor con Europa es él— asegura que se ha revertido al menos una parte de esa situación; por ejemplo, de las 38 ciudades de más 15.000 habitantes señaladas por el Tribunal de Luxemburgo, 15 cumplen ya. Pero admite que queda mucho por hacer. El Gobierno anunció hace 10 días la construcción en seis años de 400 depuradoras para cumplir “las exigencias comunitarias”. Costarán 1.100 millones que pagarán entre las administraciones españolas y la Comisión Europea. Esta última pondrá (al menos eso es lo que le ha pedido el Ejecutivo) más de la mitad, 700 millones.

Este diario ha preguntado al ministerio, sin éxito, dónde están esas 400 plantas: "Se detallarán próximamente", respondió un portavoz. No está claro, por ejemplo, cuáles serán en Castilla-La Mancha (la Junta anunció en marzo un plan para construir 78 entre este y el próximo año). Pero, entre las paralizados en 2011 en Guadalajara, hay dos que podrían estar en la lista por pertenecer a pueblos de más de 2.000 habitantes: Torrejón del Rey (5.100)-Galápagos (2.200) y El Casar (más de 11.000). Precisamente, dos de las plantas saqueadas.

“No hay na”, dice directamente una pintada en una de las puertas emparedadas del edificio de oficinas de la de El Casar. Aún se puede entrar por una ventana y comprobar, entre el ruido de los pájaros que han hecho allí sus nidos, que han arrancado algunas placas del falso techo para hurtar los cables de la luz y que el baño está totalmente limpio de sanitarios (las marcas en los azulejos delatan que una vez estuvieron allí). Y no se han llevado más porque la Policía Local pilló “con las manos en la masa” hace unos meses a un grupo de ladrones que consiguió escapar, relata Pablo Sanz, alcalde del pueblo.

Muy cerca del lugar de aquel frustrado delito, siguiendo el riachuelo desde la planta, Jaqueline Gómez, de WWF Guadalajara (uno de los primeros grupos en denunciar el abandono de las depuradoras), se acerca una mañana de primeros de junio a hablar con un pastor que cuida de sus ovejas. El hombre le explica que no deja a sus animales tomar agua en ese punto del arroyo de Zarzuela porque hay una tubería que descarga los residuos del pueblo. El fuerte olor lo confirma.

La de El Casar y las otras cuatro plantas de aquel proyecto conjunto abandonado en 2011 se concibieron para limpiar, antes de echar a los ríos, los residuos urbanos de unas poblaciones que hoy, según el INE, suman 20.000 habitantes, pero que cuando se proyectaron esperaban multiplicar por dos. En el periplo entre estas depuradoras se suceden carteles, muchos ya desconchados, que anuncian nuevas urbanizaciones que no fueron —“Pisos sin entrada y sin IVA”, reza uno—, y se puede ver alguna fila de esqueletos de viviendas.

El Gobierno abrirá en 6 años 400 nuevas estaciones para cumplir la directiva

Aunque esas cinco son las que están en peor estado, según la Junta, en la provincia de Guadalajara hay otras 10 plantas que se quedaron a medias, según confirman los alcaldes de la zona. Y en toda la Comunidad, 136 proyectos se paralizaron en 2011. La explicación que da una portavoz del Gobierno castellano-manchego, en manos del PP desde mayo de 2011, es el “agujero” que dejó el anterior Ejecutivo socialista en la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Pero se dejaron en vía muerta todas, con independencia del grado de construcción. La portavoz afirma que medio centenar de obras se han retomado, que la mitad ya están listas y que esas cinco en peor estado se reiniciarán en breve. Sin embargo, sigue dando el mismo presupuesto para ellas (11,3 millones) que había antes del destrozo.

Desde el ministerio siempre han defendido que la dispersión territorial dificulta y encarece el cumplimiento de las normas europeas; otros Estados tienen la población más concentrada. Sin embargo, especialistas como el profesor de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo o Alberto Fernández, de WWF, se quejan de que se aplica de forma generalizada la depuración intensiva (la convencional, con tanques y reactores a gran velocidad, con alto consumo de energía), cuyo coste de construcción y mantenimiento es muy alto para pueblos pequeños. “No podemos asumirlo”, se queja el alcalde de Agudo (1.900 residentes, en Ciudad Real), Rafael Muñoz Palacios, de la factura que les pasa cada año la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha por el funcionamiento de la depuradora: “101.000 euros en 2012 y 173.000 en 2013”.

Tanto Arrojo como Fernández insisten en la necesidad de fomentar en municipios pequeños la depuración extensiva, que filtra el agua a través de vegetación y oxígeno y es hasta 10 veces más barata, aunque necesita mucho más espacio. Recuerdan que el propio Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento ha recomendado estos sistemas para municipios de menos de 2.000 habitantes, cifra que encaja, por poner dos ejemplos, con el número de vecinos de Valdenuño-Fernández (273) o Valdeaveruelo (1.080), en Guadalajara. Pero Fernández, que reclama al ministerio una buena planificación del plan de depuradoras para optimizar los fondos, considera que esa cifra es "muy conservadora" y que merece la pena estudiar sistemas alternativos en poblaciones de hasta 20.000 personas.