Los países europeos podrán vetar los cultivos transgénicos en su territorio
La nueva normativa permite a los Estados prohibir los organismos genéticamente modificados
![Ignacio Fariza](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F3c3b7615-2ff0-43ed-8ecb-5e806ccfaec0.jpg?auth=20684b68cbb2e15420cfadad7663ab702bf8c6135656afee6cf34dfa00814656&width=100&height=100&smart=true)
![La titular española de Agricultura, Isabel García Tejerina, este jueves en Luxemburgo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/FAGSIGE6OE3QRXSLO43Z5KW2ZQ.jpg?auth=0f1d5b6666ce095bec24930d8e5ab71336b31e2b8b528343bf6609d2983bb419&width=414)
Los países europeos tendrán autonomía para prohibir los cultivos transgénicos en su territorio. Tras cuatro años de intenso debate, el Consejo de ministros de Medio Ambiente y Agricultura ha acordado este jueves que cualquier país de la Unión Europea (UE) pueda desmarcarse en la implantación de organismos genéticamente modificados, pese a que estos cuenten con la autorización de Bruselas. Para lograr el permiso de la Comisión Europea, los Estados deberán alegar razones de impacto ambiental, agrícola, socioeconómico o de gestión del territorio. El Ejecutivo comunitario espera que, al incrementar el margen de maniobra de los Gobiernos, las reservas de los países más beligerantes sean menores y el proceso europeo de aprobación de nuevos transgénicos se desbloquee. Para que el acuerdo —que ha recibido el voto favorable de 26 de los 28 Estados miembros, con la única oposición de Bélgica y Luxemburgo— se convierta en definitivo, aún debe ser ratificado por el recién elegido Parlamento Europeo en una votación que está prevista para otoño.
Cuando esta modificación de la legislación comunitaria entre definitivamente en vigor, el procedimiento de aprobación de nuevos cultivos transgénicos se dividirá en dos fases. En una primera, los países que muestren reticencias sobre la inclusión de una nueva variedad en sus territorios deberán notificarlo a la Comisión Europea. Si, pese a la restricción geográfica, la empresa que desarrolla la cepa decide seguir con el proceso de autorización, debería solicitar el visto bueno de Bruselas para su comercialización en los países que no se oponen.
En el supuesto de que la compañía rechazara esta restricción geográfica, se abriría una segunda fase en la que los Estados miembros deberían justificar los motivos por los que pretenden prohibir la nueva variedad. Al final del proceso, una vez que el cultivo transgénico reciba la autorización de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (el organismo encargado de evaluar su impacto sobre la salud y el medio ambiente), los Estados miembros que hayan mostrado reservas sobre su implantación podrán prohibirla de manera definitiva en su territorio.
Las negociaciones sobre la modificación de la directiva de transgénicos de 2001, enquistadas por las demandas de los tres países más poderosos de la UE (Alemania, Francia y Reino Unido), quedaron definitivamente bloqueadas durante el proceso de aprobación de una nueva variedad de maíz transgénico —el Pioneer 1507—. En la votación en la que Bruselas pensaba obtener el visto bueno de los Estados miembros a esta cepa, 19 de los 28 Gobiernos europeos se negaron a aprobarla y solo cinco —entre ellos el español— votaron a favor.
Una decisión con implicaciones directas en España
El texto adoptado hoy los ministros de Medio Ambiente y Agricultura es de especial relevancia para España, el país europeo con mayor porcentaje de superficie de cultivo dedicado a este tipo de cepas (el 91% del maíz transgénico del Viejo Continente se cultiva en España, según cálculos del Ejecutivo comunitario), por delante de Portugal, República Checa, Rumanía y Eslovaquia. España también fue el primer país de la UE en cultivar una cepa de maíz genéticamente modificado, en 1998. Desde entonces, la superficie de cultivo ocupada por transgénicos se ha multiplicado por cuatro.
En el transcurso del debate en el seno del Consejo de ministros de la UE, la titular española de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha apoyado las "ventajas" de la biotecnología aplicada y ha subrayado que Europa "no puede quedarse al margen" de los avances en este campo. García Tejerina ha defendido el, a su juicio, "modélico" procedimiento de autorización de nuevos cultivos que sigue Europa y ha destacado que la nueva norma hará "más fluida" la toma de decisiones. "Es un avance importante para España; llevábamos mucho tiempo tratando de desbloquear la situación actual".
La UE importa más de 50 variedades transgénicas y solo plantan una” José Miguel Mulet, especialista
José Miguel Mulet, profesor de biotecnología molecular de la Universidad Politécnica de Valencia, se muestra crítico con una decisión que "contribuirá a la huida de empresas del mercado comunitario". Mulet echa mano de las cifras europeas para censurar el pacto intergubernamental sellado hoy. "Actualmente la UE importa más de 50 variedades transgénicas y sus agricultores solo plantan una. La posibilidad de que cada Estado miembro pueda prohibir nuevas variedades perjudicará a los hortelanos de algunos países, que no podrán acceder al mercado de los transgénicos, y a los consumidores, que seguirán comprando más caro". Mulet pone como ejemplo de esta "fuga" a la multinacional alemana BASF, que ha "abandonado" el mercado europeo para centrarse en el estadounidense y asiático.
Las organizaciones ecologistas también cargan contra con la propuesta de normativa pero por un motivo muy diferente: la consideran excesivamente laxa con las firmas biotecnológicas. Mute Schimpf, responsable de alimentación de Friends of Earth Europe —la mayor red de grupos ambientalistas de Europa—, remarca que estas empresas tendrán voz sobre cualquier intento de prohibición de nuevas variedades transgénicas, rompiendo así el modo de actuación de los últimos 15 años. "El riesgo de contaminación alimentaria aumentará drásticamente", vaticina.
En la misma línea, Blanca Ruibal, responsable de agricultura y alimentación de la ONG Amigos de la Tierra, considera que el cambio legal aprobado hoy otorga a compañías como Monsanto o Syngenta un poder "sin precedentes", al concederles, según su opinión, "la última palabra" en las decisiones sobre los cultivos transgénicos. Ruibal sostiene que el texto tiene el objetivo de fomentar que los Gobiernos europeos voten a favor de estos cultivos en Bruselas a cambio de otorgarles el poder de veto en su país. "Provocará una expansión de nuevos cultivos transgénicos en España", concluye.
Monsanto, una de las empresas líderes del sector de los transgénicos, cargó ayer contra una decisión que califica de "tragicómica" y que, según sus responsables, manda una "mala señal" al resto del mundo y prohíbe "cosas" por razones populistas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
![Ignacio Fariza](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F3c3b7615-2ff0-43ed-8ecb-5e806ccfaec0.jpg?auth=20684b68cbb2e15420cfadad7663ab702bf8c6135656afee6cf34dfa00814656&width=100&height=100&smart=true)