Cárcel y ensañamiento contra las mujeres que abortan en El Salvador

En El Salvador está penalizada cualquier forma de aborto, incluso la que puede poner en peligro la salud y la vida de la mujer. En la actualidad, 17 mujeres que fueron acusadas por haber cometido homicidio agravado o asesinato en contra de sus hijos purgan penas hasta de 40 años de cárcel; otras 18 están siendo procesadas.

"Lo que existe es un ensañamiento penal contra las mujeres que han tenido una interrupción del embarazo, sea de forma involuntaria o, como en la mayoría de los casos, de abortos precipitados”, asegura Morena Herrera, una líder feminista que es parte de un movimiento local que promueve la defensa de aquellas que están condenadas o son procesadas penalmente. Herrera, junto a la Agrupación por la Despenalización del Aborto de El Salvador, hace gestiones para lograr un indulto para las mujeres que han sido sentenciadas a largas penas de cárcel por causas relacionadas a un aborto.

En América Latina solo siete países, entre ellos El Salvador, tienen penalizado el aborto de manera absoluta. No es admitido cuando una mujer tiene un embarazo no deseado ni cuando el embarazo es producto de una violación sexual; ni siquiera cuando existen embarazos ectópicos, es decir, producto de óvulos fecundados que estaban alojado en la trompa de Falopio o en el cuello del útero, que son óvulos que no van a prosperar y que desde el punto de vista médico y clínico lo más recomendable es extirparlos.

“Los médicos dicen que una hemorragia por embarazo ectópico es equivalente a una herida de bala en el vientre de la mujer. Ya en El Salvador ha habido mujeres muertas porque no se llegó a tiempo con la extirpación del óvulo fecundado de esta manera”, cuenta Herrera, quien aclara que en 2012 cinco mujeres murieron por embarazo ectópico; y durante 2013 ,13 mujeres fallecieron por diferentes causas relacionadas a que no se les interrumpió el embarazo.

“La situación en El Salvador es grave”, sostiene Herrera. En la mayoría de los 17 casos de las condenadas tuvieron lo que se llama en la gineco-obstetricia partos precipitados, que es una categoría o situación que ocurre de dos a tres horas; puede llegar con o sin contracciones, sin previo aviso; muchas veces hay sangrados, pero ocurren por lo general fuera de los hospitales.

“Muchas no tuvieron controles prenatales por sus circunstancias de pobreza. Inclusive algunas de ellas totalmente desprotegidas”, asegura Herrera, quien agregó que “en muchos casos no fueron ellas las que decidieron acudir a los hospitales sino que fueron llevadas por familiares al encontrarlas ensangrentadas en sus casas o en las letrinas”. Pero esas mujeres fueron transferidas a las instancias judiciales y la fiscalía ordenó procesarlas por homicidio agravado, que tiene penas de entre 30 y 40 años de cárcel.

La dirigente feminista habla también de la paradoja o en la encrucijada que se colocan los médicos que tiene la obligación legal de denunciar los delitos contemplados en los códigos, y el cumplir éticamente con el concepto de “secreto profesional”.

“En El Salvador hay un ensañamiento contra las mujeres también, porque por ejemplo, la semana pasada hubo una audiencia final por un caso de feminicidio, en la ciudad de Cojutepeque. El hombre estaba acusado de matar a su mujer y a su niño de dos meses… Pero a él lo condenaron 25 años de cárcel por el asesinato de ella, sin embargo, por el niño no hubo cargos...”, ejemplificó Morena Herrera.

Y agregó que “a las mujeres se les condena a 30 y 40 años de cárcel, como ha sido contra estas 17 mujeres, casos que hemos estudiando para presentar las peticiones de indulto. Vale aclarar que en ningún caso de estas 17 hay una prueba directa, o que se haga constar que ellas han actuado para quitar y terminar la vida de la criatura que estaba engendrando”.

Herrera afirmó que las 17 mujeres están condenadas en firme. “Hemos presentado recursos de revisión y todos han sido denegados, con lo cual ya no hay alternativa o camino por el sistema judicial para que ellas salgan de la cárcel”. Es por ello que en la actualidad un grupo de organizaciones feministas gestionan un indulto presidencial, que sería la única posibilidad de que recobren su libertad; mientras, se trabaja para que otras 18 procesadas no sean condenadas a largas penas. “Este es un problema de clase social y exclusión; las mujeres pobres son las que enfrentan la peor carga, la peor consecuencia para sus vidas y la de sus familias”, finalizó.