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Familiares de víctimas del amianto buscan el acuerdo con Uralita en los juzgados

Los herederos de tres mujeres muertas por el material que impregnaba la ropa de sus maridos piden una compensación

El Supremo zanja la primera demanda colectiva contra la empresa

Desmantelamiento de la fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en 2003.
Desmantelamiento de la fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en 2003.

Los herederos de tres mujeres que murieron supuestamente al inhalar el amianto de la ropa de sus maridos buscarán mañana un acuerdo con Uralita, la empresa de Getafe (Madrid) donde estos trabajaban. El intento de acuerdo tendrá lugar en los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla (Madrid). Los demandantes alegan que las víctimas inhalaron el polvo de los uniformes de sus maridos, impregnados por el amianto, y enfermaron. Según los testimonios, las prendas llegaban a casa blancas y "duras como una piedra". El color y la rigidez de los uniformes eran supuestamente provocados por la presencia de miles de pequeñas fibras de amianto, procedentes de la fábrica de Uralita, que las esposas sacudían antes de proceder a lavarlas, entonces todavía a mano.

El proceso es un nuevo frente judicial para la empresa, que acaba de perder una demanda colectiva contra 19 trabajadores y sus herederos. El pasado 20 de abril, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de Uralita contra la sentencia que la obligaba a pagar 1,5 millones de euros en indemnizaciones. Ya ha habido antecedentes de condenas a la empresa, pero Juan Carlos Paúl, presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Madrid (Avida) y de la Federación de Asociaciones de Víctimas y Colectivos del Amianto de España ha destacado que se trata de la primera demanda colectiva por las muertes producidas al inhalar polvo de amianto. 

Según las víctimas, las empresas no

protegieron la salud

de sus trabajadores

Según la asociación de víctimas, la sentencia del Tribunal Supremo "es de gran relevancia" ya que abre el camino a las reivindicaciones de otros trabajadores afectados y de sus familias. "Al final la justicia ha determinado que la empresa tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus trabajadores aunque haya seguido las medidas legales", ha interpretado Paúl. De hecho, el presidente de Avida admite que la empresa no había tenido ninguna sanción por parte de las inspecciones de trabajo, aunque sí algunos apercibimientos.

Al margen de estas consideraciones, la sentencia recurrida, del 27 de junio de 2013, afirma que "no se puede negar la existencia de nexo causal entre el incumplimiento de la empresa y la producción de la consecuencia lesiva, esto es, la enfermedad profesional". "De haberse cumplido las medidas preventivas, se hubiera podido razonablemente prevenir o impedir o al menos disminuir los efectos perniciosos de la exposición al agente que enfermó al trabajador", señala. Y añade que "la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o incremento del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de los trabajadores".

De los 19 casos estudiados -18 de la fábrica de Getafe y uno de la de Valladolid-, solo en cinco serán los propios afectados los que cobrarán la compensación. El resto la percibirán los herederos, ya que los empleados han fallecido. Aquella fábrica se cerró hace más de una década, igual que la de Cerdanyola del Vallès y Ripollet (Barcelona).

El amianto que se usaba en la fábrica producía un polvo que en primer lugar causaba una especie de insuficiencia pulmonar, pero que en última instancia evolucionaba a un tipo de cáncer muy agresivo, el mesotelioma.

Paúl destaca que lo importante del fallo, para ellos, no es tanto el dinero, porque "la salud y la vida no se van a restaurar con indemnizaciones". De hecho, afirma que las cantidades impuestas, que van desde los casi 80.000 euros para las viudas a los 8.800 euros para los hijos de los fallecidos, son bajas porque se han ceñido a la tabla de indemnizaciones establecida para accidentes de tráfico, que es la única que establece un baremo preciso para daños. "Lo importante es que vamos abriendo camino", señala.

Por ejemplo, unos de los que podrían beneficiarse de esta interpretación de la normativa son los 14 extrabajadores de la fábrica de Dos Hermanas (Sevilla), que el pasado mes de abril recibieron una sentencia favorable del Tribunal Superior de la comunidad para ser indemnizados con 1,3 millones por la exposición al amianto. La empresa anunció que recurriría la sanción, pero, si se mantiene el mismo criterio en el Supremo, lo esperable es que se desestime el recurso.

También ha habido casos en País Vasco y en Cataluña