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El falso anticáncer Bio-bac, a juicio

El producto fue consumido por 2.030 personas entre 1998 y 2002

Se vendía también como remedio para enfermedades autoinmunes y degenerativas

Los empleados domésticos del principal acusado envasaban la sustancia en su casa

Este lunes ha arrancado el juicio a los responsables de la venta del falso medicamento anticáncer Bio-Bac en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Están acusados de vender el producto sin licencia y dar "una expectativa irreal" a 2.030 enfermos graves; era un fármaco, en circulación entre 1997 y 2002, que carecía de autorización sanitaria al que se le atribuían propiedades curativas contra el cáncer, la artrosis, el VIH o la hepatitis.

En 2002 el Ministerio de Sanidad paralizó su venta. Al año siguiente confirmó que el producto se había fabricado sin ninguna garantía sanitaria y declaró el fármaco ilegal. En el banquillo de los acusados se sentarán Antonio Rafael Chacón, Consuelo S. B., Enrique M.O. y Miguel E. G. por dos delitos contra la salud pública y un delito relativo a los consumidores por el registro, distribución y venta del Bio-Bac.

En 1997 el falso medicamento fue comercializado como un remedio para prevenir y tratar enfermedades relacionadas con síndromes de inmunodeficiencia, enfermedades autoinmunes, cáncer y dolencias auriculares degenerativas. El primer lote salió a la venta a principios de 1998. El fiscal argumenta que su venta generaba un peligro evidente para quienes lo consumieron, 2.030 pacientes en España, la mayoría enfermos de cáncer, VIH, hepatitis y enfermedades degenerativas.

La mayoría de los consumidores estaban enfermos de cáncer, VIH, hepatitis y enfermedades degenerativas

En octubre de 2002 fueron detenidas 23 personas, de las que trece eran médicos. Se les acusó de vender el falso fármaco a enfermos graves. El principal acusado es Antonio Rafael Chacón; se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y medio de cárcel como presunto autor de un delito contra la salud pública, además de otro delito contra los consumidores y una multa de 295.000 euros. Al estallar el escándalo hace doce años, Chacón acusó a Sanidad de estar detrás de una conspiración en la que incluía a la industria farmacéutica. Cuando estalló el escándalo, algunos consumidores del producto lo defendieron y llegaron a organizar un encierro.

En el escrito de la acusación, el fiscal explica que IVEN, un laboratorio en Madrid que estaba autorizado "únicamente para elaborar productos veterinarios", fabricaba el preparado. El falso medicamento se enviaba entonces a una finca propiedad del principal acusado, donde el servicio doméstico, sin preparación alguna en manipulación de fármacos, lo envasaba, etiquetaba y almacenaba. Para producir su versión inyectable, Chacón tenía una máquina encapsuladora que no garantizaba ninguna condición aséptica. Finalmente, el producto resultó contaminado.

Tras el primer lote de Bio-Bac fabricado por IVEN y vendido a principios de 1998, ese año se fabricaron además otros tres lotes, seguidos de seis más en 1999, otros seis en el año 2000, y nueve en 2001. Cada lote constaba de 3.500 frascos. El acusado Enrique M. O. trabajaba como biólogo en el laboratorio y sabía, según el fiscal, que el producto estaba destinado a uso humano. El acusado Miguel E. G. era el consejero y director general de los laboratorios, además de farmacéutico titulado, y también está acusado de ser plenamente consciente de que el producto iba a ser consumido por personas.

A todos los pacientes Chacón les aseguraba, como constaba en la página web desde la que se vendía el producto, que Bio-Bac tenía una eficacia terapéutica que en realidad no había sido contrastada en ningún estudio clínico. Llegó a afirmar que su efectividad era mayor si los enfermos abandonaban el tratamiento de la medicina convencional y se confiaban en exclusiva a las virtudes terapéuticas de su producto.

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