Rajoy y Susana Díaz zanjan en 24 horas el conflicto de Aznalcóllar

Un suspiro de vida ha tenido el recurso que el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional esta semana contra el decreto andaluz que permitía la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ubicada en la provincia de Sevilla. El Ejecutivo de Mariano Rajoy acordó ayer con la Junta retirar el pleito y desbloquear así el concurso que Andalucía había abierto para adjudicar la explotación del simbólico yacimiento, protagonista hace 16 años de un enorme desastre medioambiental. A cambio, la Administración andaluza accede a que sea el Estado el que inicie el proceso y, por lo tanto, realice la declaración de los derechos mineros de la zona.

Han hecho falta apenas 24 horas para que se solvente este extraño litigio en el que parecía que no había contrincantes, ya que las dos partes coincidían en que era necesario reabrir la explotación. Una conversación telefónica entre la presidenta andaluza, Susana Díaz, y Rajoy el miércoles por la tarde sirvió para encontrar la salida este asunto, que se plasmó en el acuerdo firmado ayer por las dos Administraciones. La intención ahora es que los plazos establecidos se cumplan y que en el primer trimestre de 2015 puedan empezar los trabajos de acondicionamiento del yacimiento, ahora abandonado.

Pocos pensaban hace unos meses que la explotación de Aznalcóllar volvería a operar. Las dos cortas (enormes perforaciones de las que se extrae el mineral) que forman parte del complejo no hacían otra cosa que acumular agua de lluvia desde que, en la primavera de 1998, se produjo la rotura de la balsa de lodos que desencadenó un vertido tóxico que se quedó a las puertas del Parque de Doñana. Boliden, la multinacional sueca que gestionaba el yacimiento, se marchó de España tras el incidente. Pero atrás se dejó a medio explotar una de las cortas, la de Los Frailes, donde la Junta calcula que hay al menos 35 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo.

Con la crisis ya encima, y en un contexto en el que el desempleo supera el 30% en la comarca sevillana en la que se ubica la explotación, la Junta anunció en el verano de 2013 que quería reabrir el yacimiento. La propuesta fue respaldada en dos ocasiones en el Parlamento andaluz por todos los partidos con representación, es decir, por PP, en la oposición, y por PSOE e IU, que gobiernan juntos esta comunidad.

La intención es que en 2015 comience a acondicionarse el yacimiento

Se aceleraron los plazos y se decidió optar por la convocatoria de un concurso internacional, una vía que no suele ser habitual. Para poner en marcha ese concurso era necesario que se acometiera desde la Administración una reserva de la zona minera y así poder adjudicarla posteriormente. El conflicto entre la Junta y el Gobierno surge en ese punto. El Ejecutivo central entiende que, con el decreto andaluz de diciembre que daba cobertura a la reapertura, la Junta se había arrogado una competencia estatal.

Las conversaciones entre las dos Administraciones, que arrancaron el miércoles al mediodía, han permitido salvar este detalle técnico. Según explicó ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el Estado retirará los dos recursos presentados: uno contra el decreto y otro contra el concurso de adjudicación. Ambos hubieran implicado la suspensión cautelar del proceso en cuanto el Constitucional admitiera la impugnación. Paralelamente, la Junta pedirá formalmente al Estado que haga la reserva minera en Aznalcóllar. Y el Consejo de Ministros realizará “la declaración de los derechos” sobre la zona.

Aún queda por plasmar la forma jurídica con la que el Gobierno hará luego la transferencia a Andalucía de esa reserva para que continúe el concurso con normalidad, cuya primera fase estaba previsto que se cerrara el 16 de abril. Con todo, Beteta aseguró ayer que la idea es que este asunto se resuelva en el Consejo de Ministros de hoy —algo bastante complicado— o en el de la próxima semana.

La Administración prevé que haya una inversión de 300 millones en la zona

La delegación andaluza que acudió ayer a Madrid a negociar con el Ministerio de Hacienda —encabezada por el viceconsejero de Economía, Luis Nieto— iba con la orden de que el asunto de las competencias no fuera un problema. “Si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser él quien dé la autorización para que la Junta proceda a la reapertura, yo lo voy a aceptar”, dijo el martes Susana Díaz tras un breve encuentro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en Sevilla. Díaz, según fuentes de la Junta, reprochó al ministro que el Gobierno no hubiera avisado de los problemas jurídicos que veía en los pasos dados por su equipo antes de recurrir.

Esa falta de comunicación previa —normalmente las Administraciones suelen mantener contactos antes de acudir al Constitucional— es lo más extraño de este asunto. En jaque se ha puesto un proyecto con una inversión de aproximadamente 300 millones de euros y que, según la Junta, podría generar 450 puestos de trabajo directos. A estos se le podrían unir otros 850 indirectos. La patronal andaluza, los sindicatos mayoritarios y los Ayuntamientos de la comarca también criticaron el pleito presentado por el Gobierno. Pero la impugnación se encuadra en un contexto en el que la Junta y el actual Gobierno se han cruzado ya 17 recursos de inconstitucionalidad. Además, la extracción y búsqueda de recursos están provocando serios enfrentamientos entre el Ministerio de Industria y algunas comunidades. En Canarias, por ejemplo, el Gobierno autónomo se opone a los proyectos de búsqueda de petróleo que José Manuel Soria ha autorizado. En este contexto, el paso dado por la Junta, al haberse atribuido las competencias sobre derechos mineros, podría haber sentado un precedente.