Encarcelada tras ser violada

Yakiri tiene 20 años, pesa poco más de 50 kilos y el día que salió de prisión, el pasado miércoles, no pudo dormir en su casa. Esta joven mexicana, amenazada ahora de muerte y nacida en el Distrito Federal, fue acusada en diciembre del homicidio -calificado- de un hombre casi el doble de grande, de 90 kilos, que estaba abusando de ella. El caso saltó a las redes sociales porque el proceso inicial estuvo plagado de irregularidades. Esta semana un tribunal corrigió el auto de formal prisión imputándole un homicidio con exceso de legítima defensa. Con la reclasificación, el delito se convierte en “no grave” y admite que existió la violación, pero deja entrever que la reacción de Yakiri para proteger su vida fue excesiva. Todavía hoy, una cicatriz de cinco centímetros en el brazo izquierdo recuerda una de las puñaladas más profundas que le asestó Miguel, su agresor, durante aquel forcejeo.

La vida de Yakiri cambió el 9 de diciembre de 2013. Esa noche la muchacha acudió semidesnuda y llena de heridas a una comisaría de policía de la colonia Doctores, un barrio violento situado a tan solo seis calles de una de las zonas de moda de la capital mexicana. Allí denunció que dos hombres la habían secuestrado, violado y golpeado. Desde el principio, la joven declaró que iba a encontrarse con su pareja, Gabriela, su novia desde hace dos años, cuando los dos sujetos la abordaron en una moto y la obligaron a subirse. “A ella no le gustan las cámaras”, comentaba durante una entrevista realizada hace tres semanas en el penal femenino de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, donde ha pasado alrededor de 70 días encerrada. Aunque ha preferido mantenerse lejos de los medios, en diciembre, Gabriela sí acudió a declarar ante el juez para corroborar la versión de Yakiri.

La muchacha fue llevada a punta de navaja a un hotel cercano, entre los dos la desnudaron y la golpearon, pero solo uno de ellos, Miguel, permaneció en la habitación hasta el final. El otro, su hermano Omar, de 33 años, fue quien recibió al primero casi muerto en su domicilio, con una herida letal en el cuello que le causó la mujer mientras se defendía de las puñaladas.

Nadie creyó a Yakiri cuando llegó a la comisaría y eso que México es un país donde cada cuatro minutos una mujer es violada, 131.400 casos al año. La joven no fue atendida como debería serlo una víctima de delito sexual, con los protocolos adecuados, las pruebas médicas, la atención psicológica o la distribución de antirretrovirales. Cuando apenas acababa de prestar declaración Omar apareció en las oficinas y la denunció como la asesina de su hermano. Ella no volvió a pisar la calle, aunque nadie la aviso de que se encontraba en calidad de detenida. Aquel 9 de diciembre tampoco pudo llamar a su casa cuando los agentes le dijeron que pasaría la noche en una celda.

Unas dos semanas después, el juez dictó auto de formal prisión alegando que el suceso había sido un crimen pasional, que ellos dos eran amantes y ella lo mató por celos. Un cliché que durante semanas se repetía en los corrillos de la fiscalía de la capital, que difundió en los medios que Yakiri y Miguel tenían una relación previa, tal como constataban los registros de las llamadas de teléfono de él. Una afirmación que nunca formó parte de la investigación, pero que sirvió para sembrar dudas. Tampoco fueron tomadas en cuenta las fotos que la Procuraduría le sacó a la joven aquella noche, donde se ve su espalda llena de golpes, sangrando, y la herida del brazo abierta, escalofriante. Las imágenes desaparecieron y no fueron incluidas en el expediente, aunque la Comisión de Derechos Humanos del DF recomendó a la corte que se integraran en la investigación cuando fueron difundidas a través de internet.

La salida de Yakiri fue posible gracias a la apelación que hizo la defensa, la abogada Ana Katiria Suárez, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pero no solo. Su caso promovió la creación de un comité ciudadano en su apoyo que recaudó 68.000 firmas y juntó dinero para contribuir a la fianza, que el juez fijó en 32.000 dólares. Una delegación de la ONU, el Instituto para las Mujeres, comisiones de Congreso y Senado y organizaciones feministas estuvieron con ella durante el proceso. Apenas este miércoles, horas antes de salir libre, varios legisladores apoyaron económicamente a José Luis y Marina, los padres de la joven, con lo que restaba de la fianza. Cuando pisó la calle, rodeada de cámaras y emocionada, quiso hacer una declaración: “Quiero que no haya más injusticias, que se acabe el machismo”, pedía escoltada por sus padres, la abogada y una decena de policías. ”Estoy feliz porque he sobrevivido, pero tengo miedo: uno de mis agresores todavía anda suelto”.

Yakiri trabajaba en una tienda vendiendo bolsos. Ahora quiere seguir estudiando el bachillerato y ayudar a más las mujeres a que se haga justicia. Su proceso, además, sigue abierto y luchará por que se le retiren los cargos. Hace apenas unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue galardonada por las Naciones Unidas por sus “importantes progresos en la promoción de los derechos humanos a través de sus interpretaciones y de la aplicación de la Constitución mexicana y sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Nada de esto se aplicó, sin embargo, en las instituciones de justicia de la ciudad considerada vanguardia del progresismo en México. “La aplicación del exceso de legítima defensa en un caso de violación es irracional”, valoraba hace un par de días el abogado de derechos humanos Jesús Robles Maloof.

“Lo que es un exceso es que te violen; lo que es un exceso es la impunidad; lo que es un exceso es que Yakiri haya estado tres meses en prisión; pero defenderse nunca es un exceso”, cantaban los grupos feministas fuera de la cárcel.