“Un millón de europeos no tienen suministro”

Tras reunir más de 1,7 millones de firmas, Derecho al agua puede presumir de ser la primera Iniciativa Ciudadana Europea que llega a las instituciones de la UE. Sus impulsores presentaron ayer en Bruselas —primero en la Comisión y más tarde en el Parlamento— una propuesta que gira en torno a dos ejes: lograr que el acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento se declare en la UE como un derecho humano y apartar la gestión de este servicio fuera del mercado y de los procesos de liberalización. La francesa Anne-Marie Perret, presidenta de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, es una de las impulsoras de la iniciativa.

Pregunta. La Comisión Europea presentará el 19 de marzo su propuesta legislativa. ¿Qué esperan de Bruselas?

Respuesta. Este instrumento de la Iniciativa Ciudadana Europea debe suponer un avance para la democracia y la proximidad entre la gente y las instituciones de la UE. Hoy nos han escuchado, pero queremos ver cómo se concretan las propuestas que hemos hecho al vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic. El agua debe subir a lo más alto de la agenda política europea. Debe ser un servicio que se quede en manos públicas. La Comisión solo habla de libre mercado, mercado interior o competencia. Le pedimos que cambie de visión y que se centre en un asunto que debería ser un derecho humano, como pide la ONU.

P. En la sesión parlamentaria, el representante comunitario dijo que corresponde a cada país de la UE decidir la forma en la que se gestionan los servicios hídricos, incluido si se mantiene en manos públicas o no.

R. Nuestra reivindicación fundamental es el acceso universal al agua. Ahí es donde debemos centrar todos nuestros esfuerzos.

P. ¿Cuántos europeos tienen problemas de acceso al agua?

R. Las estadísticas no son precisas. Es otra de nuestras peticiones a la Comisión, que tengan en cuenta este problema y busquen información fiable. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que un millón de ciudadanos europeos no tienen suministro, no tienen agua corriente. Rumanía, Bulgaria y Hungría son los países donde hay más problemas, muy centrados entre el colectivo gitano. Además, otros ocho millones de personas en la UE tienen acceso al agua, pero de mala calidad.

P. ¿Pueden las negociaciones de libre comercio entre la UE y EE UU acelerar el proceso de liberalización de servicios relacionados con el agua?

R. En las conversaciones que hemos mantenido con la Comisión Europea nos han asegurado que este capítulo, al igual que ocurrió con el acuerdo comercial con Canadá, quedaría al margen de la liberalización. El agua sería una de las excepciones. Esperamos que sea así.

P. En España no hay datos agregados. Pero hace solo unos días la multinacional Aqualia cortó el agua a más de 200 familias de Jerez de la Frontera (Cádiz) por impago de facturas.

R. De momento, no estamos ante un fenómeno social masivo. Pero el goteo de casos muestra una situación social que se está agravando. Es una situación similar a la que ocurrió con los desahucios. El que deja de tener agua corriente, como el que pierde su casa, ve cómo se convierte en un ciudadano que va perdiendo sus derechos uno a uno. Nos preocupa mucho.

P. ¿Y las privatizaciones?

R. En Francia, el 70% de la distribución se hace a través de concesiones. De España no tengo los datos, pero los que nos dicen nuestros compañeros españoles, como Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza, es que están a medio camino, en torno al 50%. A los Ayuntamientos españoles, con todas las posibilidades de crédito cerradas, se les está sometiendo a un chantaje económico, lo que supone una pérdida para la democracia.