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Castilla y León vuelve a plantearse el uso del veneno contra el topillo

Científicos, ecologistas y cazadores alertan del riesgo ambiental y su escasa efectividad

La región ha comprado toneladas de forma preventiva

Topillos atrapados durante la plaga de 2007 en Valladolid.
Topillos atrapados durante la plaga de 2007 en Valladolid.

El topillo campesino (Microtus arvalis) está asomando la cabeza por los cultivos —principalmente bancales de alfalfa— de Castilla y León, comunidad en la que una plaga hizo estragos entre 2006 y 2008. Todavía se habla de “focos” en las provincias de Palencia, Segovia, Valladolid o Ávila, y es pronto para aventurar si su presencia será masiva en primavera, por lo que la Consejería de Agricultura no ha decidido si va a utilizar las 86 toneladas de cereal envenenado con rodenticidas que ha comprado de forma preventiva. La pelota está en el tejado de un comité científico que asesora al Gobierno autónomo, que volverá a reunirse el 12 de febrero. “En enero, una de las medidas que se barajaban era la utilización del producto químico”, informa un portavoz de la consejería.

La experiencia de la anterior plaga, en la que junto a los topillos murieron de forma indiscriminada perdices, zorros y liebres, está haciendo que se levante la voz ante la estrategia de lucha contra el topillo de la Junta de Castilla y León. Un total de 148 científicos, de entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o universidades españolas, han firmado un manifiesto en contra del veneno, denominado bromadiolona.

Una quincena de organizaciones, principalmente de carácter conservacionista, pero entre las que también está la Real Federación Española de Caza, han remitido un informe al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) —encargado del control de plagas— en el que critican el escaso fundamento científico y técnico de medidas como la quema de lindes o la limpieza de cunetas, y que discute especialmente la efectividad del control químico. “Las poblaciones desaparecen de forma similar en zonas tratadas con rodenticidas y no tratadas, tal y como se viene exponiendo en informes del Magrama desde los años noventa o se ha contemplado recientemente en 2007 y 2008”, destaca el trabajo remitido al ministerio, que cita numerosos estudios científicos.

“Veían las cajas nido como vudú”

Villalar de Comuneros (468 habitantes, al sudoeste de Valladolid) es uno de los siete municipios en los que se han instalado cajas nido con la intención de que sean ocupadas por cernícalos y lechuzas para que ejerzan un control biológico de los topillos. “Al principio a los agricultores les parecía poco más que vudú, decían que ahí no se metían los pájaros, pero luego vieron a los cernícalos cazando y sí que se lo creyeron”, cuenta el biólogo Alfonso Paz, responsable del proyecto del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona (GREFA), financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Estos roedores de entre ocho y doce centímetros, hocico corto y orejas pequeñas, tienen su paraíso en bancales de alfalfa porque no se labran en unos cinco años y cuando la hierba está muy alta apenas se les ve. Los cernícalos los cazan de día y las lechuzas de noche. Es la mejor forma de tener vigilancia las 24 horas. En una temporada pueden llegar a ingerir 700 topillos. “En Israel, el control biológico es obligatorio”, subraya el investigador Javier Viñuela, que presta asesoramiento a GREFA en este proyecto.

En el entorno también se encuentran ejemplos de control biológico de topillos financiados de forma privada. Estas cajas nido tienen un coste de 50 euros y GREFA les ha asesorado sobre cómo colocarlas. La finca Las Caraballas, situada en Medina del Campo, instalaron unas 30 cajas nido en 2010. “Era una cuestión de coherencia con nuestro modelo de agricultura ecológica”, explica Jesús Hermida, responsable de la explotación. En Rueda, la Junta Agropecuaria ha sufragado la compra de otras 75 cajas. “Durante la plaga, utilizamos veneno por desconocimiento e ignorancia, pero mueren muchos animales”, contempla su secretario, el agricultor Juan Ruiz.

“Desde la Junta no se ha dado ningún tipo de datos, ni justificación científica de sus decisiones”, critica Javier Viñuela, miembro del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, dependiente del CSIC, y uno de los redactores del informe enviado al ministerio. Viñuela trabaja en un estudio de medición de poblaciones de topillos desde 2009 y presta asesoramiento científico al Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona (GREFA) en un proyecto de control biológico del topillo. Uno de sus últimos trabajos aconseja que no se continúe con la aplicación de venenos de forma generalizada y recuerda que en Alemania, uno de los países que más sufre la presencia del topillo, se ha prohibido completamente el uso de rodenticidas anticoagulantes en el medio agrario.

“El topillo se presenta de forma cíclica, cada cuatro o cinco años, y cuando alcanza una población muy alta se autorregula”, explica un plaguero de la Junta de Castilla y León con más de 20 años de experiencia. “El motivo por el que descienden no está definido, entran muchos factores”, comenta el técnico, que no ve con buenos ojos la quema de lindes, pero sí cree en las bondades de la lucha química, aunque muy controlada. “Lo que se hizo en 2007 y 2008, tirando el veneno a voleo, fue una barbaridad”, opina.

Las dos instrucciones dadas hasta ahora por la Consejería de Agricultura —quema de linderos y limpieza de cunetas— han llegado “de forma tardía”, contempla Aurelio Pérez, de COAG. Las opiniones de los agricultores con respecto al veneno varían. Aun así, temen que se use demasiado tarde y se les responsabilice a ellos de posibles daños. “Van a repartir las armas y luego no quieren saber nada de si hay muertos”, zanja David de la Bodega, responsable del programa Life veneno, financiado con fondos europeos y españoles, y que tiene como objetivo un descenso en su uso.

En el caso de que el grano envenenado se administre mal —se debe depositar en las huras, pequeños agujeros de las madrigueras, pero se ha llegado a distribuir con las cosechadoras—, los principales responsables son los agricultores. “Se echa el insecticida porque hay que hacer algo en momentos de crisis”, valora Luis Suárez, responsable de especies de WWF. El frío y las lluvias recientes han hecho que muchos agricultores crucen los dedos para que al final el topillo no reaparezca y no haya males mayores.