Víctimas colaterales del ahorro

Los inmigrantes sin permiso de residencia pagaron su invisibilidad social con su exclusión sanitaria. La decisión del Ministerio de Sanidad de limitar el acceso a las personas aseguradas (para los extranjeros, que cotizan a la Seguridad Social, lo que implica tener residencia legal) estaba enfocada a los más de 650.000 extranjeros provenientes de países ricos que utilizaban el sistema sanitario español sin que luego sus países compensaran ese gasto. A eso se refiere el famoso informe del Tribunal de Cuentas que cifraba esta atención en 970 millones, aunque se refería a los ciudadanos de la UE y otros países ricos. Pero nadie reparó (y si lo hizo, nadie lo enmendó) que al dejar a estos extranjeros (entre ellos, 676.000 europeos) sin tarjeta, también se la quitaban a unos 150.000 inmigrantes sin papeles que este periódico calculó que había en España, y que hasta el decreto de los recortes tenían toda la atención sanitaria con solo empadronarse.

La invisibilidad de esta población llega hasta el punto de que no hay cálculo oficial del ahorro conseguido a su costa, que este periódico estima en menos de 250 millones de euros al año.

A partir de ese momento, para los extranjeros en situación irregular comenzó una odisea. Salvo los cuidados a embarazadas, menores y urgencias, la atención dependía de comunidades (las hay objetoras a la medida que han creado sus propias tarjetas que den acceso a la sanidad pública, como Cataluña, Asturias, Andalucía y País Vasco) u ONG. Médicos del Mundo ha recogido más de 1.000 casos de personas con problemas para recibir tratamientos (desde diabetes a cáncer). El caso del senegalés Alpha Pam, que murió en Mallorca de tuberculosis, fue el más destacado de las consecuencias de dificultar la atención.

El Tribunal Constitucional se manifestó contra la exclusión. Pero no lo hizo al juzgar la norma de Sanidad, sino al avalar la decisión del Gobierno vasco de seguir atendiendo a los sin papeles. Tiene pendientes recursos de comunidades como Navarra y Andalucía, aparte del PSOE.

También la defensora del pueblo, Soledad Becerril, afirmó ante el Senado su voluntad de que se garantizara la asistencia sanitaria a todas las personas, incluidos los inmigrantes en situación irregular, y dijo que iba a estar vigilante ante situaciones de desigualdad que se produjeran.

Ante estas situaciones Sanidad solo ha ofrecido un convenio (aseguramiento) para atender a los extranjeros sin tarjeta sanitaria, que depende de que lo desarrollen las comunidades.

Mientras tanto, los inmigrantes pueden contratar un seguro privado o contar con la ayuda de ONG (algunas tradicionales, como la Cruz Roja o Médicos del Mundo; otras creadas casi ex profeso, como Yo Sí Sanidad Universal) que les dan ayuda. Y todo ello con la complicidad de profesionales insumisos, que les atienden en la sanidad pública en lo que pueden, con la dificultad que tiene que no es posible abrirles historias clínicas porque no tienen tarjeta sanitaria.

Los últimos, los del Colegio de Médicos de Guadalajara, que han anunciado que abrirán un consultorio martes y jueves por la tarde. Cuentan con la ayuda de especialistas y Cruz Roja para casos más complicados.