¿Quién debe ser funcionario?

El funcionario ha sido una figura denostada, puesta permanentemente en cuestión por chistes de bar y por sesudos estudios académicos, y duramente criticada en los últimos años desde posiciones que repiten una y otra vez palabras como “despilfarro” o“ineficacia”. Pero la figura del funcionario se creó en España en el siglo XIX por consenso, con la convicción de que había que acabar con la práctica de que cuando llegaba un partido al poder, sus trabajadores entraban en las Administraciones, y cuando salía comenzaba de nuevo el trasiego de sustituir a unos por otros.

“El funcionario tiene su razón de ser. Fue un acuerdo de los grandes partidos, no lo olvidemos, para que personas con unos conocimientos determinados ocuparan esos puestos y quedaran fuera de la lucha partidista”, explica Juan Oliva, profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha especializado en salud.

Hoy, cada vez más voces aseguran que ya no es necesaria (al menos no en todas las profesiones que hoy engloba el funcionariado) la seguridad de tener puestos de trabajo prácticamente vitalicios —a los que accede por mérito— que, sostienen, no fomentan el esfuerzo y la mejora por la falta de incentivos. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, dijo el lunes que no cree que los médicos de la sanidad pública deban ser funcionarios. Según el consejero, que tiene paralizado en los tribunales su plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, el sistema actual se ha vuelto “en contra” de los médicos, porque “no tienen incentivos para mejorar su desempeño más allá de la pura motivación altruista”.

“Hace falta una revisión de la función pública, que ha cambiado muy poco, pero la propuesta de Madrid no es para mejorar el servicio público, sino por los planes de privatización”, asegura el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago Lago Peñas. El especialista defiende cambiar el sistema, pero para mejorarlo (y tener más herramientas para incentivar y penalizar), no para quitarlo y sustituirlo por otro “que no está funcionando”, asegura.

Además, en un contexto de recortes presupuestarios en los servicios públicos y grandes movilizaciones en contra, muchos creen que no es el mejor momento para un debate sosegado sobre un posible cambio (numerosos expertos han planteado esa misma objeción a la regulación de los servicios mínimos en las huelgas). De hecho, el responsable de enseñanza de CC OO, Francisco García, interpreta que se quiere castigar y controlar a aquellos que están encabezando la marea blanca de la sanidad o la marea verde de la educación, entre otras cosas, protegidos por su condición de funcionarios. “Quieren privatizar el sistema y devolverlo al siglo XIX”, asegura García.

La figura del funcionario —entendida como aquella persona que ha alcanzado un puesto fijo, de por vida, en una Administración pública— existe en todos los países desarrollados, ya que nadie pone en cuestión que ese nivel de seguridad es necesario para ejercer ciertas profesiones, al menos para aquellas que requieren ejercer “la autoridad administrativa”, por ejemplo, un policía, un inspector de Hacienda, un juez…

En Europa, hay dos grandes modelos: el que amplía el radio a muchas profesiones (como Francia o España) o lo restringe a unas pocas, como el anglosajón, donde sanitarios y docentes son empleados contratados. En 2009, los trabajadores públicos en España eran el 13,1% de la población activa, frente al 21,9% de Francia, el 26% de Suecia o el 29% de Dinamarca, según la OCDE; sin embargo, en España son funcionarios el 57% de los empleados públicos, en Francia el 73%, en Dinamarca el 36% y en Suecia solo el 1%.

García, de CC OO, defiende el funcionariado en sentido amplio —“para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos con independencia del poder político”— y en particular de los profesores. “En las escuelas hace falta una independencia, una pluralidad de visiones, de perspectivas y valores para poder formar a ciudadanos libres”, asegura.

También en el caso de los médicos es importante la estabilidad en el empleo, opina José María Molero, portavoz del sindicato médico SIME. “Si un facultativo no está sujeto a renovaciones de contrato continuas ni a cambios de trabajo mejora la continuidad asistencial y la relación médico-paciente y, al final, la eficiencia del sistema”, argumenta. Molero recuerda la “contradicción” en la que incurre Lasquetty cuando habla de falta de incentivos: “Su consejería tiene paralizada desde hace cinco años la aplicación de la carrera profesional, que reconoce méritos y experiencia”.

Fernando Castillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, rechaza el tópico de que los funcionarios no están incentivados ni pueden perder su puesto. “Hay un régimen disciplinario que contempla faltas muy graves y separación de servicio. Es cierto que sucede pocas veces, pero es por falta de capacidad de gestión de las Administraciones. Y claro que hay políticas de incentivos, muy variables entre comunidades, pero que se apliquen depende de tener gestores públicos profesionales, y no los tenemos. Aquí director general puede ser cualquiera. Pueden hacerlo, pero los gestores ni incentivan ni castigan”, señala. Castillo, sin embargo, reconoce la “rigidez” del sistema y la necesidad de reformas. Opina también que “en ningún sector es imprescindible que haya puestos vitalicios, excepto la justicia y alguno más, como los abogados del Estado o los inspectores”. “La garantía de la estabilidad en el empleo parece aconsejable para garantizar la imparcialidad. Pero no creo que sea imprescindible en educación ni en sanidad”, señala.

En la parte universitaria, la desfuncionarización docente es una reclamación continúa desde muchos sectores. La comisión de expertos que, por encargo del ministro José Ignacio Wert, redactaron recomendaciones para la reforma universitaria, propusieron en febrero una doble vía de acceso: una para funcionarios y otra para contratados indefinidos, lo que permitiría “proporcionar” una transición hacia una “desfuncionarización”. Dos de los expertos, los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea, sin embargo, emitieron un voto particular en contra: hablaban de “un riesgo para la plena independencia investigadora” de los profesores contratados, pues las figuras de funcionarios son “la garantía constitucional que comporta la libertad de cátedra”.

“La extensión de la estabilidad laboral reforzada para profesionales de la sanidad, enseñanza, servicios sociales, etcétera, sin tener la misma significación, sirve para que los que nos atienden en los servicios públicos personales, se alejen del ánimo de lucro y su motivación se cimente en la satisfacción por el trabajo bien hecho y por ayudar a los demás”, insiste José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad. Y esa calidad beneficia sobre todo a los ciudadanos, añade.

“Yo soy funcionario”, dice el profesor universitario Oliva. “Y no encuentro ninguna razón objetiva por la que tenga que serlo; tampoco un médico. Solo tiene sentido con la judicatura o la inspección. En un país sensato, donde las plazas se consiguen por mérito, no es necesario. Lo que ocurre es que mucho me temo que pasará lo mismo que vivimos en el siglo XIX. Lo estamos viendo en Corporaciones locales, diputaciones... Y con los llamados asesores, que no son funcionarios, pero asesoran a un partido y cuando llega otro ya no valen. Este es el problema de verdad”, añade.

Muchos expertos recuerdan la máxima de cambiar las cosas hasta no encontrar una solución mejor. El profesor Santiago Lago recuerda a quien quiera poner en marcha algún otro sistema, que con el actual se están compensando unos sueldos relativamente bajos (comparados con el sector privado) con esa seguridad económica. Es decir, ¿se pagaría más si ya no fueran funcionarios? Y, si no se pagase más, ¿cómo se conseguiría competir con la empresa privada para atraer a buenos profesionales?