Cataluña deberá abrir la escuela infantil al castellano

Catalán y castellano, conjuntamente, deben ser lenguas vehiculares de la enseñanza en Cataluña, según el Supremo. Pero eso no quiere decir que los padres de alumnos tengan el derecho a optar por que sus hijos la reciban exclusivamente en uno u otro idioma. Salvo en la educación infantil en su etapa de tres a seis años. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha obligado a la Generalitat de Cataluña a garantizar este derecho en sus centros sostenidos con fondos públicos durante esa fase educativa. Además, según el tribunal, los folletos de preinscripción deberán preguntar por la lengua habitual de los padres o tutores.

La sentencia da parcialmente la razón a una pareja residente en Cataluña que exigía que su hija de cuatro años recibiera clases exclusivamente en castellano, así como que sus comunicaciones y la documentación del centro se las ofrecieran en esa lengua, algo, esto último, que ya había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La resolución del Supremo acepta parcialmente el recurso de los progenitores, pero únicamente en lo relativo a la educación infantil. Los magistrados recuerdan que el artículo 21.2 de la ley catalana de Política Lingüística, aprobada en 1998, afirma que “los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano”, y establece que el Gobierno catalán “ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo”. “Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique”, concluye ese artículo de la norma catalana.

“En la primera enseñanza está garantizado el derecho de opción por la enseñanza en la lengua habitual, aun cuando la normativa educativa de desarrollo no contemple el derecho de opción en general”, recuerdan los magistrados en su sentencia.

La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, criticó ayer la sentencia porque supone un “salto cualitativo por el endurecimiento” del ataque contra la inmersión lingüística, ya que “ninguna otra sentencia había reconocido la elección lingüística”, esgrimió. No obstante, receló de algunos argumentos de los magistrados asegurando que actualmente ya se garantiza el derecho de los padres a elegir entre la escolarización en castellano o en catalán, mediante la atención individualizada. En la práctica esto significa que la clase se da en catalán pero el alumno recibe explicaciones personales y los materiales en castellano. Precisamente esta es la opción que recoge la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009. “El Tribunal Supremo ha obviado la LEC”, espetó Rigau. Sobre esa atención individualizada ya se pronunció en contra el Supremo para las etapas obligatorias.

Además de la existencia de ese derecho para la educación infantil, recogida ya en anteriores resoluciones del Alto Tribunal, la Sala obliga a que “el modelo oficial de preinscripción” en ese ciclo educativo “pregunte por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños” en los centros públicos. Actualmente, en dicho formulario de esta etapa educativa se pregunta sobre los idiomas que conoce el alumno.

Pero ese derecho de opción entre lenguas en infantil no existe en primaria y secundaria, según los magistrados. En esos dos ciclos, recuerda esta sentencia —como otras anteriores—, “el régimen lingüístico (...) lo que ha de garantizar es que en la enseñanza sean vehiculares tanto el castellano como el catalán (...) sin la posibilidad de utilización exclusiva de una de ellas”. Son las autoridades educativas catalanas las que deben establecer en qué proporción se incorpora a sus centros la lengua oficial de todo Estado.

Rigau, quien aseguró que actualmente hay 24 peticiones similares de familias en los tribunales, anunció recurso ante el Constitucional porque considera que la sentencia va en contra del Estatuto catalán. “Se dibuja un camino de separación de los alumnos por razón de lengua, que es lo que el Estatut no permite. Y esta es una línea infranqueable”, zanjó.