Qué difícil es ser español

La decisión de la Audiencia Nacional de denegar la nacionalidad española a un enfermo mental ecuatoriano con un 67% de discapacidad ha levantado las críticas de las asociaciones de inmigrantes y de discapacitados y ha dejado estupefactos a los abogados especialistas en extranjería. Ninguno de los expertos consultados tiene constancia de un precedente similar, pero asemejan este caso con uno que sí es frecuente: la dificultad que tienen para acceder a la nacionalidad los extranjeros analfabetos. En estos casos, como en el del ecuatoriano discapacitado, la negativa se argumenta en los problemas del inmigrante para contestar a las preguntas de cultura general que se le formularon en el Registro Civil y que, según coinciden las asociaciones y los letrados, se rigen por criterios “absolutamente arbitrarios”.

P. R. S., el inmigrante ecuatoriano al que le acaban de denegar la nacionalidad, llegó a España desde Ecuador en 2006, unos meses antes de cumplir 18 años. Hacía cuatro que los médicos le habían detectado un trastorno psíquico que fue complicándose y que llevó a que la Junta de Andalucía le reconociera en 2007 una discapacidad del 67%. Ahora tiene 25 años y acude cada día en Almería a un taller de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, cuyos responsables aseguran que evoluciona “de forma satisfactoria” y, “pese a sus dificultades”, se relaciona bien con su entorno. Sin embargo, la Audiencia entiende que el hombre no consiguió acreditar “suficiente grado” de integración en la sociedad española.

La sentencia ratifica la decisión del Ministerio de Justicia, que había dado la vuelta a los argumentos del juez del Registro de Almería que entrevistó al discapacitado y que, al igual que el fiscal, informó tras un primer encuentro a favor de que se le concediera la nacionalidad. Según los expertos, no es habitual que el ministerio corrija las conclusiones del juez del Registro, que no emitió ningún informe tras entrevistar por segunda vez al inmigrante. Pero en el acta de esa conversación, el juez deja claro que el inmigrante “no entiende lo que se le pregunta” y que no es posible desarrollar con normalidad el encuentro “debido a su discapacidad”.

Dos de los cinco jueces que han estudiado el caso discrepan del fallo

Sin embargo, el ministerio, como tres de los cinco jueces de la Audiencia que han estudiado el caso, entiende que el inmigrante no está integrado porque no supo contestar a preguntas como desde cuándo reside en España, de quién es la casa en la que vive con su madre, su abuela y su tía, quién es Mariano Rajoy o cuál es la capital de Andalucía. “La incapacidad para comunicarse por medios escritos en el idioma español y el desconocimiento de datos elementales del país del que pretende ser nacional y de su sociedad, con la cual el actor acredita escasos vínculos, ponen de manifiesto un insuficiente grado de integración”, concluye el tribunal.

Los tres magistrados de la Audiencia que firman la sentencia son José Félix Méndez Canseco, Eduardo Menéndez Rexach y Francisco Díaz Fraile. No están de acuerdo con ellos los jueces José Luis Terrero Chacón e Isabel García García-Blanco, que han emitido un voto discrepante porque creen que los parámetros habituales para medir la integración deberían “ajustarse y ponderarse” con la discapacidad que padece este inmigrante. “No puede exigirse a un extranjero que solicite la nacionalidad española un grado de integración superior al estándar medio de integración de un ciudadano español que se encuentre en sus mismas circunstancias”, sostienen estos magistrados, que creen que “ha justificado suficiente grado de integración”.

Entienden, asimismo, que la integración del ecuatoriano está probada porque, pese a su discapacidad, asiste a un taller en el que precisamente se trabaja la integración de los enfermos mentales. Además, advierten de que se debe tener en cuenta que su madre ya tiene la nacionalidad y su familia está “plenamente integrada y arraigada” en España.

Lo mismo piensan todos los abogados y expertos consultados. “Entiendo que la concesión de la nacionalidad en absoluto sería una medida de discriminación positiva, sino más bien la aplicación efectiva del derecho a la igualdad reconocido en la Constitución”, afirma Alejandro Peña, abogado de un despacho de Cádiz especializado en extranjería. “La jurisprudencia del Constitucional ampara precisamente el derecho a tratar desigualmente supuestos diferentes”, añade.

Las preguntas para medir la integración a las que no supo contestar el ecuatoriano traen de cabeza desde hace años a las asociaciones de inmigrantes y a los abogados especializados en estos casos. El Reglamento del Registro Civil establece que el magistrado “oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles”. Y muchos jueces optan por preguntar por cuestiones como quién es el presidente del Gobierno o el comandante en jefe del Ejército español, dónde nació Picasso, qué es la gaita o, incluso, cómo se hace la tortilla española.

Los analfabetos encuentran trabas por no saber escribir y leer

“Algunas preguntas provocarían risa si no fuera porque hacen sufrir a la gente”, advierte el director de Almería Acoge, Juan Miralles. En su asociación no se han topado con casos de discapacitados integrados a los que se les niegue el DNI, pero sí con el de un paquistaní que, tras 17 años viviendo en España, no ha conseguido la nacionalidad porque no sabe leer ni escribir. “Habla perfectamente español, pero se ha dedicado a trabajar para sacar adelante a su familia y no se ha parado a aprender a leer. Lo mismo que le pasó a mi madre, que, según este criterio, no debería ser española si no fuera porque nació en España”, lamenta Miralles.

Varios abogados coinciden en que a las personas analfabetas los jueces del Registro y el Ministerio de Justicia les niegan a menudo la nacionalidad, aunque la Audiencia suele estudiar las circunstancias particulares del inmigrante y, con frecuencia, dictamina a su favor. El Supremo ya ha fijado jurisprudencia que advierte de que el analfabetismo no es razón suficiente para denegar la nacionalidad cuando el inmigrante puede comunicarse en castellano. “Los criterios son absolutamente arbitrarios”, señala el abogado Pau Masó, cuyo despacho PDF Advocats, en Girona, representa a decenas de extranjeros a los que no se les permite ser españoles por no haber respondido bien al cuestionario. “Las preguntas sobre cultura general están lejos de ser una herramienta eficaz de la demostración de la integración. Saber qué río pasa por una localidad o cuál es el baile típico de Aragón no es garantía de integración, es simplemente garantía de cultura”, advierte Masó.