Tregua eléctrica contra el frío

Para solucionar un problema hay que identificarlo. El concepto “pobreza energética” se ha empezado a colar en la agenda política española, pero aún carece aquí de una definición y de un análisis específico que permita conocer su dimensión. Cuando buscan un referente, los expertos miran hacia Reino Unido, un país pionero en el estudio de este fenómeno y que cuenta con una estrategia global para su erradicación en 2016; algo que, pese a los esfuerzos, parece que no se va a lograr. Los británicos pusieron en marcha en 2001 su plan y establecieron que “un hogar en pobreza energética es aquel que necesita gastar más del 10% de sus ingresos en todo tipo de combustibles” para calentarlo “hasta un estándar adecuado”, entendido como 21 grados en la sala de estar y 18 en el resto de habitaciones ocupadas.

A partir de esa definición se empezaron a aplicar medidas de choque. “En Reino Unido se evita el corte del suministro en invierno”, explica Marta García, responsable de pobreza energética de la asociación catalana Ecoserveis. Ese país también dispone de una ayuda invernal de entre 100 y 300 libras (entre 120 y 360 euros) para los mayores de 61 años y para los perceptores una pensión estatal o de cualquier programa contra la exclusión social.

El 10% de los hogares españoles sufría pobreza energética en 2010

El informe de referencia en España es de 2012 y fue editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio Pobreza energética en España establece que, “aunque no existen aún metodologías de medición específicas”, se estima que este problema afectaba en 2010 al 10% de los hogares, es decir, unos cuatro millones de personas. En el informe también se evaluaron las políticas existentes en España para intentar paliar el problema. “No existen medidas realmente eficaces”, concluye José Luis López, miembro de ACA.

El problema empezó a tener más visibilidad tras este estudio, algo a lo que también ha contribuido el incremento sostenido de la factura eléctrica y del desempleo. Algunas Administraciones y partidos políticos están lanzando propuestas. El grupo de La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados presentó a finales de octubre una proposición de ley de “medidas para prevenir la pobreza energética”. Se plantea establecer, al igual que en Reino Unido, “una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago” a las familias con menos renta, aunque no se establece un umbral de ingresos.

Los socialistas también incluyeron hace una semana una ponencia en su Conferencia Política, en la que se apuesta por garantizar “un mínimo de cobertura de subsistencia” de luz y gas “entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”. También se aboga por impedir la suspensión del suministro de agua “cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago, hasta tanto se tramiten las posibles ayudas sociales”.

En Andalucía, en un año, se interrumpió el suministro más de 500.000 veces

En la misma línea, el Parlamento catalán aprobó hace unos días una moción para garantizar que las compañías de agua, luz y gas no puedan cortar el suministro a las familias pobres sin disponer primero de un informe de los servicios sociales de la Administración. Y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, acaba de proponer “una tregua invernal que determine la no interrupción de los suministros de electricidad, gas o agua por impago” para aquellas “personas o familias que se considere que están en situación de vulnerabilidad”. Los datos del Instituto de Estadística de Cataluña apuntan a que alrededor de medio millón de habitantes de esta comunidad —193.000 hogares— no eran capaces de asumir los gastos de mantener su domicilio a una temperatura adecuada en 2011.

Se desconoce con certeza el número de ciudadanos de Andalucía afectados por este problema. Pero el Gobierno de esta comunidad sostuvo la semana pasada que entre enero de 2011 y diciembre de 2012 se produjeron 510.864 cortes de luz por impagos en la región.

La Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, está preparando un decreto que contempla garantizar un consumo mínimo de electricidad y agua a las personas en riesgo de exclusión. Manuel Silva, asesor de la Consejería de Administración Local y docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha sido el encargado de coordinar a los ocho profesores que han elaborado la propuesta. Silva detalla que el indicador que se ha tomado para determinar quiénes pueden ser los beneficiados es el denominado ingreso mínimo de solidaridad, una renta básica de inserción propia de la Junta. Actualmente, 47.329 personas están percibiendo esta ayuda de emergencia de 400 euros mensuales, aunque se espera que se incremente hasta casi 55.000 en los próximos meses. A ellas van dirigidas las medidas que prepara el Gobierno regional. Aunque en Andalucía no se ha hablado aún de una tregua invernal, el objetivo del decreto que prepara la Junta es parecido. “Queremos garantizar que no haya cortes”, apunta Silva, para lo que se establecen mínimos de consumo.

En el caso de la electricidad, se fijaría un “suministro mínimo sin coste alguno” para el beneficiario de 1.400 kilovatios/hora al año. En el del agua, 100 litros diarios. En ambos, según los expertos consultados, esas cantidades estarían bastante por debajo de lo requerido para un consumo medio. Joana Mundó, de Ecoserveis, apunta: “Se suele considerar que una familia media consume 3.000 kilovatios por hora anuales de electricidad, si no tiene calefacción eléctrica, de modo que la ayuda representaría un 47% de las necesidades de electricidad aproximadas”. En el caso del agua ocurre algo parecido. Se calcula que cada andaluz consume unos 150 litros al día, con lo que el mínimo fijado por la Administración regional tampoco sería suficiente.

La tarifa eléctrica aumentó un 63% entre 2003 y 2011 en España

Silva es consciente de que el suelo que contempla la Junta está “por debajo del consumo medio” y que las familias deberán seguir pagando parte de la factura. Pero, según dice, a lo que se aspira es a que el mínimo sea “sostenible”. Es decir, “que el agua se use consecuentemente”.

El objetivo es que el decreto esté aprobado en el primer trimestre de 2014. Se prevé que tenga un coste de unos 20 millones, aunque todavía se desconoce la fórmula con la que se financiará. La intención de la Junta es intentar implicar también a las eléctricas a través de la firma de convenios de prácticas responsables.

Pese a las dudas sobre los mínimos, los investigadores aplauden esta iniciativa “paliativa” de Andalucía. Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, también valora la intención. Pero considera que la Junta debería buscar fórmulas que no supongan “un parche” y gastos para las arcas autonómicas. Respecto a la electricidad, sostiene que Andalucía debería presionar al Gobierno central para que cambie el denominado “bono social” para que llegue realmente a todos los que lo necesitan. “Se sospecha que los hogares con menos recursos no se están beneficiando de las ayudas contempladas”, se señala en el informe Pobreza energética en España, cuando se aborda el bono social, una medida aprobada en 2009 por el Gobierno del PSOE.

Zaragoza bonifica el 99% del agua a los que cobran menos de 700 euros

Respecto al consumo de agua, Rubén Sánchez cree que la Junta tiene instrumentos para obligar a los Ayuntamientos —que tienen las competencias de este servicio— a cubrir ese mínimo para las personas con menos recursos. Algunos municipios, de hecho, ya disponen de tarifas especiales. Zaragoza tiene bonificaciones de hasta el 99% en el recibo del agua para aquellas familias con ingresos inferiores a los 700 euros mensuales, una medida a la que están acogidos 2.200 hogares de la ciudad en este momento.

En la capital aragonesa, el suministro de agua urbana sigue siendo público. Pero muchos Ayuntamientos del país están privatizando este servicio para enjugar su deuda. Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, considera que este proceso no facilita el establecimiento de tarifas sociales que impidan los cortes de suministro. Critica que las privatizaciones llegan “cuando más se necesita lo público”.

Los cortes de agua por impagos parecen haberse incrementado durante la crisis, aunque no existen datos globales del país, algo parecido a lo que ocurre con las eléctricas y el gas. En la proposición de ley presentada por IU hace 15 días se incluye un apartado dedicado a la “transparencia y mejora de la información”. “Las empresas suministradoras publicarán trimestralmente los datos del número de consumidores que no pueden abonar la factura, así como del número de consumidores que se ven afectados por los cortes”, se apunta en el texto presentado en el Congreso. Lo que sí se conoce bien es el incremento que se ha producido del recibo eléctrico: entre 2003 y 2011 la tarifa subió un 63%, lo que sitúa a España como uno de los países más caros de la Unión Europea.

Esta nueva pobreza energética no es algo exclusivo de España. “Tradicionalmente el problema ha estado centrado en los países en desarrollo”, apunta Luis Jiménez, director del Observatorio de la Sostenibilidad de España, recientemente desaparecido. Se estima que 1.400 millones de personas en el planeta no tienen acceso a la energía eléctrica. El problema en el Primer Mundo no es de acceso físico, ya que sí existe una consolidada red de abastecimiento. Es un conflicto económico. “Los precios de la electricidad, del gas, del petróleo y de otros combustibles están aumentando notablemente y la situación se ha agravado fuertemente en el contexto de una crisis socioeconómica que afecta a un número creciente de personas”, se sostiene en un dictamen de septiembre del Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano asesor de la UE. Esta organización calcula que 50 millones de personas están en situación de pobreza energética en Europa, donde, “entre 2011 y 2012, el precio de la electricidad aumentó un 6,6%”. El CESE recuerda en su dictamen que solo cuatro países de la UE —Francia, Eslovaquia, Reino Unido e Irlanda— “disponen de una definición” para empezar a abordar el problema. Por eso propone crear un observatorio europeo que permita conocer la realidad de la pobreza energética. Además, el CESE sugiere también que se cree un fondo de solidaridad europea.

Esta organización, al igual que los expertos, también dirige su mirada a la raíz del problema y propone potenciar la eficiencia energética de los edificios como una forma de luchar contra este tipo de pobreza. “El 50% de las viviendas en España son anteriores a 1979, cuando no había normativa de aislamiento”, señala Marta García, de Ecoserveis. “Lo que realmente se necesitan son medidas estructurales, como el apoyo a la rehabilitación energética, que también podría generar empleo verde”, añade Luis Jiménez, del Observatorio de la Sostenibilidad.