El ministro pirotécnico

“Yo no improviso”, le dijo José Ignacio Wert a este periódico hace casi un año. Aquel día, acababa de levantar una inmensa polvareda al decir en el Congreso, en pleno auge independentista, que su intención era la de “españolizar a los alumnos catalanes”, si por eso se entiende que los niños “se sientan tan orgullosos de ser españoles como catalanes”.

Tras casi dos años como ministro de Educación, parece claro que, si Wert no ha improvisado, desde luego sí ha calculado bastante mal en numerosas ocasiones, a juzgar por el rosario de polémicas y de rectificaciones (completas o parciales) que jalonan su trayectoria en el departamento. En ese tiempo ha soliviantado (de palabra y de obra) a los nacionalistas, a buena parte de la comunidad educativa (incluso en los sectores más afines le acusan de falta de diálogo, de discurso y de programa), a los rectores (que abandonaron por una vez su habitual actitud institucional para dejarle plantado en una reunión oficial) y a mucha gente, incluso, dentro del partido de Gobierno, el PP.

Con un equipo que le fueron confeccionando sobre la marcha y que ha sufrido numerosos cambios (el jefe de gabinete, la responsable de FP o la de Universidades dejaron el puesto en los primeros nueve meses), Wert empezó a principios de 2012 a diseñar una reforma educativa que en seguida trajo consigo la primera rectificación: el bachillerato de tres años (ahora tiene dos) que había prometido Mariano Rajoy durante su investidura como presidente quedó olvidado; era una iniciativa complicada y cara.

A la vez, el ministro comenzó pronto a mostrar su capacidad para sembrar descontentos mayúsculos con sus declaraciones; ocurrió en febrero de 2012, por ejemplo, al hablar de una “avalancha de marroquíes” en las aulas de Ceuta y Melilla —cuando apenas hay extranjeros; hay españoles musulmanes—; y también cuando quiso demostrar el supuesto adoctrinamiento de los contenidos de Educación para la Ciudadanía recurriendo para ello a un libro que resultó, al final, que no era un manual de clase.

Los rectores, en un gesto insólito, le dejaron plantado en una reunión

Y la materia de Ciudadanía, de hecho, conduce a otra de las rectificaciones y a los enfados que también ha causado el ministro entre los suyos. A los Gobiernos autónomos dirigidos por el PP no les hizo ninguna gracia que el ministerio no les consultase la primera redacción de la reforma educativa (LOMCE). Además, echaban de menos tantas señas de identidad del Partido Popular que le obligaron a parar y rehacer el texto, retrasando el rapidísimo avance de la ley. El nuevo borrador llegó en diciembre de 2012 con apoyos a la asignatura de Religión, a la enseñanza concertada y con la eliminación de todo rastro de la asignatura de Ciudadanía. A pesar de los cambios, las autonomías gobernadas por el PP seguían recelando de la capacidad económica para llevar a cabo un cambio de gran calado en una época de ahogos financieros.

En ese tiempo, el ministro ya había sufrido (antes del verano) una inédita huelga general en educación contra los recortes presupuestarios en el sector. El decreto de ajustes aprobado en mayo de 2012 —se ampliaba el límite de alumnos por clase, las horas lectivas de los profesores o se invitaba a las comunidades a aumentar el precio de las matrículas universitarias— consiguió unir en una sola protesta a un sector que antes había ido manifestándose por comunidades e, incluso, por etapas educativas.

A aquella huelga general le han seguido otras dos —a los recortes se unió el rechazo a la reforma educativa—, a las que se han acabado sumando nombres tan inesperados como el del principal sindicato de la enseñanza concertada (Fsie) o de ANPE y CSIF. En la de mayo de 2013, los convocantes consideraron una provocación de Wert el hecho de llevar la LOMCE al Consejo de Ministros para su aprobación justo al día siguiente del paro. Finalmente, el ministro rectificó (o le rectificaron) y el proyecto de ley fue aprobado una semana después. La siguiente huelga, más masiva que la anterior, fue el pasado 24 de octubre, el mismo día en el que Wert firmó la orden que dejaba sin las ayudas Erasmus del Gobierno a la mayor parte de los estudiantes con el curso ya empezado. Otro quebradero de cabeza, y otra rectificación. La última, también obligado por presiones internas del PP, ha sido con la LOMCE, que se desarrollará en tres años en vez de en dos, como estaba previsto. Los consejeros del PP se lo pidieron en una reunión en Génova.

Junto a la reforma educativa (con todos sus frentes: el interno, con la izquierda, con buena parte de la comunidad educativa, los nacionalistas), la política de becas ha sido sin duda la otra gran fuente de conflictos para el ministro. El endurecimiento de los requisitos académicos para conseguir y mantener una beca general (las destinadas a que los jóvenes con menos recursos puedan seguir estudiando después de la enseñanza obligatoria) ha sido muy criticado.

Las autonomías del PP le empujaron a rehacer el texto de la reforma escolar

Aquel plantón de los rectores en mayo de 2012 fue porque el ministerio se negó a colocar en el orden del día esa medida y el resto de ajustes en la universidad (más horas de clase para los profesores, aumento de tasas). Finalmente, aquel año Wert decidió moderar ligeramente la subida de notas para conseguir ayudas y hacerlo en dos años: hasta el 5,5 el curso pasado y hasta el 6,5 este. Pero la polémica ha continuado, y un descenso del número de becarios en al menos 10.000, volvió a obligar al ministro en junio a matizar: hace falta un 5,5 para no tener que pagar matrícula y el 6,5 para conseguir una de las becas de dinero destinadas a los estudiantes más pobres. Eso sí, solo tres días antes había invitado por televisión a los alumnos que no lleguen al 6,5 a abandonar la universidad: “Yo no niego que pueda existir la posibilidad de que un estudiante de pocos recursos se esfuerce, y no llegue a ese 6,5. En ese caso, la pregunta que hay que hacerse es: ¿está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir un 6,5 o debería estar estudiando otra cosa?”.

Como ministro de Cultura también le ha salpicado la polémica en torno a la subida del IVA cultural o a la declaración de bien de interés cultural de las corridas de toros.