Las comunidades del PP obligan a retrasar parte de la ‘ley Wert’

La presión de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ha obligado al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a echar el freno en la aplicación de su reforma educativa, la LOMCE. Wert anunció este martes en el Senado su “disposición” para “revisar el calendario de aplicación” de la ley, es decir, qué cambios de los previstos se incorporarán cada curso. Pero advirtió de que esto no afectará “en ningún caso” a la fecha de entrada en vigor de la norma, que será el curso 2014-2015.

El inusual gesto del ministro se produce un día después de reunirse en Génova con los consejeros populares de Educación, en una cita que conducía el titular castellanomanchego, que fue quien pidió ese cambio. La reforma educativa ha sido una permanente fuente de tensiones entre Wert y el Partido Popular. El ministro tuvo que oír las demandas de los consejeros, cuyo portavoz fue el del Gobierno de Cospedal, Marcial Marín, y ceder, porque el calendario ya era un asunto cerrado, según han comentado fuentes que asistieron a dicha reunión, informa Carlos E. Cué. Son varios los consejeros que piden desde hace tiempo retrasar las medidas de más impacto económico.

“Le planteamos que el calendario era muy ajustado y también hablamos sobre los problemas de financiación. Es algo que llevamos hablando mucho tiempo las comunidades”, reconoció María José Català, consejera de la Comunidad Valenciana. Las comunidades populares coincidieron en pedir sosiego en la implantación de la LOMCE. “Hay que combinar la urgencia con la seguridad de la aplicación de la norma”, aseguró Dolores Serrat, consejera aragonesa. Su homólogo gallego, Jesús Vázquez, aseguró que la LOMCE “requiere de un tiempo de aplicación más flexible que el previsto y una dotación presupuestaria suficiente”.

Los consejeros esperan conseguir lo que no se pudo en el Congreso —donde se aprobó la norma con el único apoyo del PP— y arañar alguna modificación notable en el Senado. Después de la llamada de atención de las comunidades populares, Wert admitía que “la ley no está cerrada. No hay nada definitivo. Tampoco en el caso de la asignatura de Religión”, afirmó.

La mañana de hoy miércoles el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, ha pedido que la ley comience a aplicarse el próximo curso de forma progresiva e inicialmente en los niveles de Primaria y primeros dos cursos de la ESO, "al ser relativamente sencilla la implantación en ellos ya que no precisan de grandes cambios".

“Se ha abierto una grieta en el muro”, celebró la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau. El lunes, Rigau advertía de la imposibilidad de implantar esta ley por problemas de financiación y de tiempo. Algo, dijo, que piensan muchas otras comunidades. Confiaba en que imperaría “el sentido común antes que la mayoría absoluta”. También los socialistas celebraron el freno. “Esta noticia lo cambia todo. Ya no es ir como una apisonadora y nos da un poco de aire para paralizar la ley”, confesaba Ana González, la consejera asturiana, que cifró en un año y medio el tiempo necesario para aplicar la LOMCE: medio año para el desarrollo del decreto ministerial, otro tanto para el autonómico y el resto para la organización de los centros.

Además de la falta de tiempo material, las comunidades aducían la falta de recursos económicos, teniendo en cuenta que la LOMCE requiere de una inversión de 1.335 millones en un momento de estrecheces y recortes. El Gobierno Vasco considera inviable la aplicación económica de la ley. “En Euskadi, la FP básica está en manos de los Ayuntamientos y se imparte en sus locales, pero no por profesores funcionarios. Si ahora pasa a ser la alternativa a 4º de ESO dependerá de las comunidades y ¿entonces qué? ¿La comunidad debe asumir todo este personal y ponerlo al nivel del resto de profesorado?”, se preguntaba Rut Martínez, senadora del PNV.

“Esto ha sido un toque de atención del ministro de Hacienda [Cristóbal Montoro] y de sus comunidades”, aventuró Mario Bedera, portavoz socialista de Educación en el Congreso. “No se puede implantar la ley en dos años. La LOGSE tardó 10 y la LOE, cinco”. “Montoro le habrá recordado [a Wert] que, tras quitarle 3.600 millones a las comunidades, no se puede pretender que implanten la ley en dos años”, añadió Bedera. El PSOE presentará mañana una enmienda para que se aplique en cinco años.

Todavía no se sabe qué aspectos de la reforma podrían sufrir un aplazamiento, pero la petición de algunas comunidades del PP se focaliza en la FP Básica y las reválidas. Las autonomías no han sido las únicas que han criticado la precipitación del calendario de aplicación de la LOMCE. También lo hizo el Consejo de Estado en su dictamen de abril. Según el órgano consultivo, “debería reconsiderarse” el plazo de implantación y la “inversión ingente a asumir” en tan poco tiempo.

La consejera Rigau atribuyó esta prisa del Gobierno por aprobar la reforma educativa al “síndrome Pilar del Castillo”, en referencia a la consejera de Educación del PP en 2002, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Esta no llegó a aplicarse la paralizó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, al llegar al Gobierno, mediante un decreto que tumbó el reglamento que fijaba el calendario de aplicación. De hecho, los partidos de la oposición ya se han comprometido a repetir la jugada cuando el PP pierda la mayoría absoluta.

Los populares parecen haber aprendido de esta experiencia y han decidido incluir el calendario dentro del articulado de la LOMCE, lo que “blinda más la ley”, según Ramon Plandiura, abogado especialista en legislación educativa. “Si no hay brecha en la vía legal, habrá que recurrir a la vía política y negociar”. En cambio, Miguel Recio, responsable del gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza CC OO, considera que la LOMCE no está tan blindada. “Con una proposición de ley se podría tumbar el artículo referente al calendario. Solo requiere mayoría simple”.