Los médicos de Ecuador protestan por la penalización de las malas prácticas

Los médicos de Ecuador han concluido una semana de manifestaciones en contra del nuevo Código Penal. Se oponen especialmente al artículo 146 que habla del homicidio culposo por mala práctica médica y tendría una pena de prisión de tres a seis años. Además, hay otros 18 artículos más que afectarían al ejercicio de los doctores, según explica Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME).

La aspiración del gremio es que el texto penal, que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, sea vetado por el Ejecutivo. El asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, dijo a El PAIS que el nuevo código - que tiene 881 artículos y 440 páginas - todavía no es definitivo y que llegará al Ejecutivo en unas tres semanas.

“Nosotros confiamos en este proceso de resistencia y también en el veto a estos artículos”, dice Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. “Hemos trabajado en un capítulo especial que se puede llamar responsabilidad médica y que puede incluirse en la Ley Orgánica de Salud”.

Todos los médicos del hospital Pablo Arturo Suárez de Quito han amenazado con dimitir 

Los médicos están de acuerdo con el control de su labor profesional, pero no quieren que se sancione por la vía penal. “No decimos que no se sancione, pero que se sancione en lo civil. Las lesiones son frecuentes en medicina y no podemos enfrentar uno o dos juicios cada año”, dice el presidente de la Federación Médica.

La medida de presión más preocupante de esta semana fue el anuncio de renuncia de todos los médicos de uno de los hospitales de Quito, el Pablo Arturo Suárez, que es la referencia para un millón de personas que vive en el norte de la capital y en las poblaciones aledañas. La consulta ambulatoria y las cirugías programadas se alteraron durante dos días como consecuencia.

La amenaza de renuncia masiva de los médicos se replicó en otras ciudades y la FME contabilizó unas 5.000 posibles dimisiones en todo el país. Mandiles blancos y listones negros colgados en las verjas de los hospitales emblemáticos, plantones y vigilias en las plazas principales han sido las estampas de esta semana.

Pero el malestar por la penalización de la mala práctica médica es solo un escollo en la relación de los médicos con el Gobierno. Los impases comenzaron en 2011, cuando los casi 20.000 profesionales de la salud tuvieron que pasar de cuatro a ocho horas de trabajo como cualquier otro funcionario público.

Los doctores que no pudieron compaginar su trabajo en el sector público con sus actividades a nivel privado tuvieron que renunciar. A esto se sumó la desvinculación de 200 trabajadores, a finales de 2011, por supuesta corrupción y mal desempeño de sus funciones.

Todo esto agudizó el déficit de personal, que se hizo evidente por el aumento de la demanda que generó la gratuidad del sistema sanitario. Entre 2006 y 2011 se pasó de 16,2 millones de consultas a 34,4 millones, según el Ministerio de Salud.

El reemplazo del personal desvinculado no se ha hecho efectivo hasta la fecha. En 2012 se anunciaron tres concursos de méritos y oposición para dar nombramiento a 20.000 personas, pero ninguno de estos procesos ha concluido. La última vez que hubo noticias de los nuevos nombramientos fue en enero de este año, cuando se hicieron públicos 500 dictámenes favorables, aunque eran personas que ya trabajaban en el sistema público de salud bajo la modalidad de contrato.

El inventario del malestar de los médicos estaba resumido en el cartel que cargaba una doctora que participó en la vigilia del pasado jueves en la sede del Gobierno, pero que se negó a dar su nombre por miedo a las represalias. “Se suspendieron los concursos, despidieron a colegas, redujeron nuestros sueldos y ahora a la cárcel. Basta de tanta agresión”, decía el letrero. La profesional contó que ahora todo se trata de números, que tiene que atender a más de 30 pacientes por día y que no cuenta con los recursos necesarios.