Los promotores podrán pagar para compensar el daño ambiental

¿Se puede poner precio a un hayedo? ¿Y a una pradera de posidonias? ¿Cuánto podrían costar las tareas de polinización de las abejas? El Gobierno de España quiere impulsar la creación de los bancos de hábitat o conservación, una figura que funciona en Estados Unidos desde los años 80, y que crea controversia porque permite la posibilidad de compensar el daño ambiental de un proyecto —una carretera, un edificio o una fábrica— adquiriendo un trabajo de recuperación ambiental hecho en otro lugar.

Estos bancos funcionarían como los mercados de carbono, pero con la naturaleza como materia prima. De momento se concentrarán en los hábitats y las especies. El sistema es el siguiente. Por un lado hay empresas o particulares que se dedican a hacer trabajos ambientales: reforestar un parque, recuperar una especie en peligro, limpiar los vertidos de un lago. Eso se inscribe en un registro controlado por la Administración, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, y se monetariza en forma de créditos ambientales. Los clientes de ese banco son los promotores, que tendrán la opción de adquirir voluntariamente esos créditos para compensar el daño de sus proyectos.

Medio Ambiente cree que esta fórmula agilizará los procesos de compensación

En el mundo hay unos 540 bancos de conservación, de los que más de 400 se encuentran en EE UU y del resto, una gran parte en Australia. La mayoría están enfocados a la reducción de daños sobre humedales, arroyos, bosques y riberas. En Europa hay experiencias piloto en varios países, como Francia y Reino Unido, pero donde más avanzado está el modelo es en Alemania, donde se incorporaron en 2002.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente defienden las bondades de una fórmula cuyas particularidades todavía no han decidido. Se concretará en un reglamento una vez que se apruebe la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que ahora se debate en el Congreso de los Diputados. En este proyecto de ley se especifica que tendrá carácter voluntario y según el Gobierno permitirá dar uso a una “importante bolsa de dinero” —no precisada— porque algunas compensaciones medioambientales tardan mucho tiempo en ponerse en marcha.

Esta figura funciona en Estados Unidos desde los Años ochenta

En los últimos años se han creado empresas que se dedican a realizar proyectos ambientales y que defienden los bancos de conservación como una herramienta necesaria. El G-5 —las cinco organizaciones ecologistas más importantes de España, WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción— reclama que se diseñen al margen de los mercados secundarios y financieros, y que tengan como único fin garantizar que la pérdida de biodiversidad sea nula. De momento, el borrador de la Ley de Evaluación Ambiental contempla que estos títulos ambientales se transmitan en régimen de libre mercado.

“Independientemente de que se creen o no, hay que abordar la puesta en práctica de las medidas compensatorias para que se lleven a cabo de forma efectiva”, piden los ecologistas. Un trabajo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), citado por la organización conservacionista WWF, concluye que entre 1990 y 2011 las medidas compensatorias no se aplicaron en España o se diseñaron y pusieron en práctica de forma incorrecta.

“En países como Cuba o Venezuela y los colectivos medioambientalistas nos acusan de reducir la naturaleza a un valor puramente monetario y económico, pero no estamos acabando con la poesía, ni con la inspiración que supone la naturaleza”, aseguró el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en unas jornadas organizadas en septiembre por el Colegio de Ingenieros de Montes. Su exposición iba acompañada de una retahíla de cifras. Un 40% de la economía mundial depende de la salud de los ecosistemas. En España, el valor de la polinización que realizan los insectos en los cultivos se estima en unos 3.000 millones de euros al año. “El capital natural es un generador de riqueza (…) Los insectos no cobran, pero el servicio está ahí”, añadió Ramos.

El modelo de los mercados de carbono, con sus defectos y virtudes, siempre aparece de fondo. “Hace 20 años era imposible pensar que una tonelada de carbono iba a tener un precio y sin embargo lo tiene”, dijo el secretario de Estado. En 2008 alcanzó los 30 euros y el pasado septiembre bajó a tres euros.

Los ingenieros de Montes creen necesario que cada país cree sus propios mercados nacionales: de carbono forestal, de calidad de agua, de biodiversidad... Todo ello obligará a fijar precios, y a estimar el coste de unos servicios que todos consideramos gratuitos y de los que se beneficia toda la ciudadanía. “Queremos poner a trabajar nuestro capital natural, por eso es importante su contabilidad”, aporta José María Rábade, experto del área de economía ambiental del Colegio de Ingenieros de Montes.

Barry Gardiner, exministro de Medio Ambiente de Reino Unido en 2006, defiende la creación de los bancos de conservación, aunque con matices. Para empezar, propone que se intente evitar el daño ambiental a toda costa y que, si no se pudiera, se reduzca o mitigue en la medida de lo posible. “Solo después se puede hacer esa compensación en otro lugar”, explica.

El Ministerio de Medio Ambiente no ve con malos ojos que se pueda compensar ambientalmente en otro lugar. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha criticado este aspecto tras la última conferencia sectorial, celebrada el 7 de octubre. “Un proyecto que tiene impacto en Andalucía puede compensarse en Galicia, eso no nos sirve y no nos gusta”, dijo Serrano tras la reunión.

Uno de los desafíos más importantes de esta figura es saber cómo calcular el valor económico del daño ambiental. “No se puede preservar un humedal creando un hábitat de menos calidad”, subraya Gardiner. Así, según el esquema del exministro británico, se le debería dar prioridad a una zona contigua al entorno dañado y después pasar a buscar otros lugares. En Reino Unido, donde hay en marcha varios proyectos piloto, se ha establecido un Comité de Capital Natural para asegurar que los valores de mercado que proporciona la naturaleza se tienen en cuenta en la toma de decisiones políticas.

Los ecologistas piden que los bancos de conservación se diseñen al margen de los mercados

“Hay que ser muy cuidadosos a la hora de elaborar estos mercados porque no puede haber una pérdida neta de ecosistemas”, contempla Miguel Ángel de la Calle, profesor del Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Escuela de Organización Industrial. El experto considera que estos instrumentos pueden servir para generar empleo y fijar población en el ámbito rural y pide un especial cuidado a la hora de idear el sistema de cálculo de créditos. “No vale compensar una hectárea con otra hectárea porque pueden ocupar suelos con valores medioambientales distintos”, recuerda.

Los grupos ecologistas echan en falta una consulta a la comunidad científica, al igual que el PSOE, en la oposición. “Más allá de la mercantilización se abre un abismo de impunidad por el que determinados enclaves podrían terminar arrasados en beneficio de intereses particulares a cambio de mejoras ambientales que podrían no servir para paliar los efectos negativos del proyecto en cuestión”, advierte Hugo Morán, secretario de Medio Ambiente socialista.

La mayoría busca reducir daños sobre humedales, arroyos, bosques y riberas

“No compartimos esa visión mercantilista porque comporta riesgos importantes, deberían aprender del resultado de otros mercados como el de carbono, o afrontar la cuestión de ver a quién termina beneficiando realmente”, subraya Laia Ortiz, diputada de Izquierda Plural.

El ecólogo Fernando Prieto se pregunta por el reparto de los beneficios que generarán estos ecosistemas y cómo se distribuirán entre los conservadores y gestores de estos ecosistemas, algo todavía pendiente de determinar.

Los principales grupos ecologistas inciden en que los ejemplos de Estados Unidos que se han presentado como modelo de bancos de conservación trabajan con realidades territoriales, legales y económicas muy distintas de las de la Unión Europea y España. Proponen posibilidades alternativas o complementarias en las que no intervengan los mecanismos de mercado y reclaman que se mejore el control administrativo de los mecanismos de compensación ambiental.

El ecólogo Prieto enumera sonoros fracasos, como la proposición de desplazar una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de avutardas unos cuántos kilómetros al este de Madrid para construir una de las radiales o gran parte de las inadecuadas plantaciones de coníferas y eucaliptos en una parte importante del país desde la década de los 50 que alimentan gran parte de los incendios de cada verano.