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¿Una nueva ley más ágil o menos garantista?

El Congreso tramita una nueva norma medioambiental para que ciertos trámites vayan más rápido

La oposición critica que los ciudadanos perderán peso en sus intervenciones a los proyectos

 La alarma por los seísmos vinculados al almacén de gas de Vinaròs (Castellón), y las dudas sobre la tramitación del proyecto Castor, coinciden en el tiempo con una petición de los principales partidos de la oposición para que el Gobierno retire la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental con la que se pretende agilizar y simplificar estos complejos y polémicos trámites.

“Los hechos demuestran que no se puede ir en la línea de flexibilizar los cumplimientos medioambientales”, declaró José Luis Ábalos, portavoz del PSOE en el Congreso a Europa Press. Los socialistas consideran que no se puede justificar esta simplificación alegando que estos trámites son un “obstáculo a la mejora de la productividad” o que sitúan a España en un mal puesto para hacer negocios.

Izquierda Plural habla de un proyecto de ley “opaco y falto de transparencia” que limita la participación pública en los procesos de revisión de las declaraciones de impacto ambiental, algo fundamental para conocer los detalles de los proyectos a los que se da el visto bueno.

El texto sigue obligando a infraestructuras como Castor a someterse al análisis más riguroso pero, según SEO Birdlife, introduce una cláusula que abre la puerta a que otros que también operan en el subsuelo, como las tareas de exploración del fracking, puedan ser evaluados por el procedimiento simplificado si duran menos de dos años.

“Se exige menor profundidad a los métodos de los que menos se conocen sus consecuencias, con los que se debería ser más exigente. Lo que está pasando en Castellón prueba que aún no sabemos cómo se comporta el subsuelo ante intervenciones como esta”, explica Julieta Valls, de SEO Birdlife. “El anteproyecto no se rige por el principio de precaución en este caso. Y no mejora los procedimientos, se limita a acelerarlos”, añade.

El secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, cree que el Gobierno debe paralizar su tramitación hasta saber en qué ha fallado el proyecto Castor. “No solo esta, también debe paralizar la ley del sector eléctrico, que da cobertura al fracking, hasta que se sepan las consecuencias que tiene intervenir en el subsuelo”, opina.